El 33% de las asociaciones de pacientes participa en procesos de regulación

Según la consultora ‘Patient View’ es poco lo que se sabe (en términos numéricos) sobre la implicación de las organizaciones de pacientes en los procesos de adopción de decisiones en los órganos reguladores, de pagadores y en las entidades que deciden sobre la financiación pública de terapias. Por eso, y por primera vez, han intentado cuantificar el impacto de las asociaciones en este área. En todo el proyecto han recabado información de más de 2.000 organizaciones por todo el mundo. En España han sido 135, con datos recogidos entre 2025 y 2026.

De acuerdo con su informe ‘Un asiento en la mesa de precios’, el 33% de los grupos de pacientes españoles representan «regularmente» o «a veces» los intereses de los pacientes ante los organismos reguladores. Además, el 16% de los comentarios de los grupos españoles destaca una serie de iniciativas destinadas a influir directamente en la política de salud y la legislación.

Los principales mecanismos de influencia en el ámbito español son las reuniones directas con responsables políticos y reguladores (20%), representación en órganos consultivos gubernamentales (20%), acción e iniciativas parlamentarias, audiencias públicas y consultas (9%) y plataformas y coaliciones institucionales.

Una de cada cinco organizaciones de pacientes mantiene un diálogo frecuente con las autoridades sanitarias nacionales y regionales. Esto incluye reuniones de trabajo con el Ministerio de Sanidad (como la Dirección General de Cartera Común de Servicios y Farmacia y la división de control de VIH y hepatitis), así como con las consejerías autonómicas de sanidad.

Las organizaciones forman parte de diversos consejos y comités institucionales. Por ejemplo, el Foro Español de Pacientes (FEP) cuenta con representación en el Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de la Aemps, mientras que otras asociaciones locales se inscriben en registros de grupos de interés (como el registro Regia de la Comunidad Valenciana) para mantener reuniones estratégicas periódicas.

En el apartado de acción parlamentaria, los grupos participan de forma activa en la redacción y enmienda de normas sanitarias. Han presentado enmiendas a borradores legislativos clave como la Ley de Universalidad, la Ley de Equidad y la Ley del Medicamento. Asimismo, han impulsado una Proposición de Ley (PL) y dos Proposiciones No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, más de 17 resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cataluña y peticiones ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Por otro lado, como se mencionaba en las principales actividades en este campo, participan formalmente en procesos de consulta pública y comparecencias parlamentarias para trasladar la perspectiva del paciente antes de la aprobación de normas o directrices.

En cuanto a las plataformas y coaliciones institucionales, el documento hace referencia a redes como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y el Foro Español de Pacientes (FEP) actúan como interlocutores ante los organismos evaluadores y financiadores, articulando posicionamientos comunes sobre equidad, acceso y precios.

La contribución a la evaluación de tecnologías sanitarias (HTA)

La participación en la evaluación de tecnologías sanitarias y revisiones de reembolso constituye, de hecho, la forma más frecuente de interacción reguladora a nivel global, representando el 22% de todos los comentarios compartidos por los grupos en el sondeo sobre interacciones reguladoras. En España, el 9% de los comentarios de los grupos de pacientes se centran de forma específica en el proceso de ETS y reembolso.

Sus contribuciones clave en este ámbito incluyen los IPT, en los que organizaciones como el Foro Español de Pacientes (FEP), ACCU España y diversas asociaciones de enfermedades crónicas, reumáticas o raras participan en el seguimiento, aportaciones y difusión de los IPT para nuevos fármacos (incluyendo tratamientos para lupus, patologías respiratorias o hematológicas).

Además, un 7% de las acciones de los grupos en España se centra en la presentación de solicitudes, cuestionarios y alegaciones formales para asegurar la financiación pública de medicamentos y productos sanitarios en los nomenclátores nacionales y autonómicos.

Aportan evidencia en práctica real (RWE) y datos sobre experiencia de los pacientes en informes de resultados percibidos por los pacientes (Patient-Reported Outcomes) para ilustrar la carga de la enfermedad, las necesidades no cubiertas y el impacto en la calidad de vida, complementando la evidencia de los ensayos clínicos tradicionales.

Por último, a través de alianzas colectivas como la POP, ejercen presión en las fases de evaluación y revisión de precios para defender la equidad en el acceso a la innovación farmacológica, documenta el informe.