Expertos piden revisar los criterios de uso y reinvertir el ahorro de los biosimilares

La introducción de biosimilares no solo permite reducir el gasto farmacéutico. También puede ofrecer la oportunidad de revisar los criterios de utilización de determinados tratamientos, facilitar el acceso a más pacientes y mejorar los recursos asistenciales. Sin embargo, para conseguirlo es necesario que los ahorros tengan un retorno visible para los profesionales y que los procedimientos de contratación incorporen otras dimensiones del valor, además del precio de adquisición.

Estas cuestiones centraron el simposio ‘Más valor, más futuro. Cuando el valor de los biosimilares exige una nueva mirada’ en el 71 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). El encuentro, moderado por Andrés Navarro Ruiz, responsable de Farmacia Hospitalaria, abordó las dificultades para transformar una política de biosimilares centrada en el ahorro en otra que también tenga en cuenta los resultados asistenciales, la garantía de suministro y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Durante el debate, Navarro planteó si la llegada de un biosimilar con un precio sustancialmente inferior al del medicamento original debería conducir a revisar los criterios restrictivos de utilización establecidos con anterioridad por motivos económicos. La cuestión adquiere especial relevancia cuando el menor coste permite ampliar el número de pacientes tratados sin incrementar el presupuesto disponible.

Conrado Domínguez Trujillo, economista y exdirector del Servicio Canario de la Salud, respaldó esta posibilidad. “Es básico hacer ese proceso de revisión de los posicionamientos terapéuticos”, afirmó, aunque precisó que debería realizarse de forma conjunta entre clínicos, farmacéuticos hospitalarios y pacientes. También insistió en que las decisiones deben respetar las consideraciones asistenciales y recordó que “al final, el criterio que vale es el criterio clínico”.

El experto consideró que los ahorros deberían traducirse en una mayor capacidad para tratar pacientes, incorporar otras innovaciones o reforzar los recursos disponibles en los servicios sanitarios. En este sentido, defendió que las organizaciones establezcan incentivos y compromisos que permitan a los profesionales percibir los beneficios de su participación en las políticas de utilización de biosimilares.

Por su parte, Amparo Talens Bolós, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, coincidió en que uno de los principales problemas es la falta de un retorno asistencial visible de los recursos liberados. “Los biosimilares ahorran mucho, pero el clínico de a pie no lo ve”, señaló. Una situación que, según explicó, también afecta a farmacia hospitalaria, enfermería y otros profesionales que participan en su implantación.

“Sería positivo que parte de esta eficiencia se viera en algo concreto”, propuso Talens. Entre las posibles aplicaciones mencionó el “refuerzo de la atención farmacéutica a pacientes externos”, la mejora de los circuitos de dispensación y la incorporación de herramientas digitales. No obstante, advirtió de que cualquier modelo de reinversión debe apoyarse en un cálculo transparente de los recursos liberados, una gobernanza compartida entre los profesionales y la dirección y una evaluación posterior de los resultados conseguidos.

La propuesta se enfrenta a dificultades presupuestarias ya que, como recordó Navarro, los ahorros farmacéuticos se producen en capítulo 2, mientras que algunas de las mejoras asistenciales planteadas requieren incrementar los recursos humanos, capítulo 1. “En el sistema público no puedes trasvasar fácilmente dinero de un lado a otro”, explicó el moderador. Conrado Domínguez reconoció estas limitaciones, pero defendió la posibilidad de establecer compromisos organizativos que permitan trasladar parte de los beneficios a los servicios, incluso en ejercicios presupuestarios posteriores.

Para Domínguez, el cambio exige abandonar una concepción de los biosimilares como medicamentos que producen un ahorro que únicamente percibe la Administración. Defendió la puesta en marcha de experiencias concretas, en determinadas patologías o moléculas, que permitan demostrar cómo los recursos liberados mejoran los procesos asistenciales. “Tiene que verse realmente reflejado en procesos asistenciales para más personas o más recursos para los servicios”, señaló. A su juicio, la transformación de los modelos de contratación es el ámbito donde puede producirse el mayor impacto.

Talens vinculó esta evolución a tres prioridades. La primera pasa por mejorar la compra pública con criterios que incorporen las garantías de suministro, la sostenibilidad y el impacto asistencial, además del precio. La segunda consiste en aprovechar los ahorros para mejorar los procesos y la tercera, en comprobar sus resultados. “La política de biosimilares no debe basarse solo en el ahorro económico, sino que tiene que pasar a medirse por el valor real en el sistema sanitario y los pacientes”, defendió. Para ello, consideró necesario documentar las mejoras conseguidas y demostrar que los recursos liberados contribuyen efectivamente a mejorar la asistencia sanitaria.

Contratación basada en valor

La transformación de la contratación pública constituyó otro de los ejes centrales del debate. Domínguez presentó las conclusiones de un grupo de expertos impulsado a iniciativa de Celltrion, que identificó cinco pilares estratégicos para avanzar hacia un modelo de biosimilares basado en valor. El proyecto recogió sus propuestas en un decálogo de actuaciones y en un documento abierto a nuevas aportaciones.

Uno de los principales cambios planteados fue superar una contratación que priorice exclusivamente el precio de adquisición. Talens advirtió de que deben considerarse también los costes asociados a la preparación, administración y organización asistencial. “Un biosimilar puede resultar más costoso si aumenta las visitas del paciente”, explicó. Por ello, defendió evaluar el coste global del tratamiento e incorporar la experiencia del paciente y la eficiencia de los circuitos asistenciales.

José Manuel Martínez Sesmero, farmacéutico del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, reclamó metodologías comunes para evaluar el coste de los procesos y comparar resultados entre organizaciones. “No es solo lo que nos cuesta una caja de un medicamento”, señaló, antes de referirse a los tiempos profesionales, los recursos estructurales y las necesidades organizativas. Advirtió de que estos elementos pueden variar considerablemente entre especialidades como oncología, reumatología o dermatología, por lo que defendió medir los procesos completos y compartir experiencias entre hospitales y comunidades autónomas.

La garantía de suministro apareció como uno de los elementos que más pueden modificar el valor real de una adjudicación. Domínguez cuestionó la utilidad de obtener grandes descuentos si posteriormente el proveedor no puede cumplir las condiciones comprometidas. “Termino adjudicando un precio y no tengo garantizado el suministro”, advirtió. Explicó que estas situaciones pueden obligar a realizar compras fuera del contrato a un precio superior al inicialmente adjudicado, con el consiguiente incremento del gasto.

La conveniencia de avanzar hacia modelos de contratación con varios adjudicatarios fue defendida por Josep Maria Guiu Segura, farmacéutico del Consorci de Salut i Social de Catalunya. A su juicio, disponer de diferentes proveedores puede mejorar la respuesta ante interrupciones del suministro y contribuir a mantener un mercado competitivo. En el ámbito hospitalario, señaló que disponer de uno o dos biosimilares de una misma molécula puede facilitar la gestión de estos riesgos, frente a una adjudicación exclusiva al proveedor más barato.

Sin embargo, Guiu también advirtió de que las garantías de suministro tienen costes. Exigir reservas de medicamentos durante varios meses o establecer penalizaciones demasiado exigentes puede desincentivar la participación de compañías y reducir la competencia. Por ello, defendió buscar un equilibrio entre las garantías de abastecimiento y la competencia que permita a los fabricantes presentar ofertas competitivas.

Guiu defendió también avanzar hacia modelos de compra por resultados, aunque reconoció las dificultades que todavía encuentran los sistemas sanitarios para medir su impacto clínico. En lugar de plantear una implantación generalizada, propuso comenzar con experiencias de alcance limitado. “Implantar a gran escala la compra por resultados a veces es complicado. Hay que empezar con pruebas de concepto que funcionen”, señaló. El objetivo sería comprobar si los nuevos procedimientos permiten comprar de manera más eficiente sin perder de vista la aportación terapéutica de los medicamentos.

Anticiparse a los desabastecimientos

La garantía de suministro ocupó una parte destacada del debate. Los participantes reclamaron abandonar una gestión predominantemente reactiva y avanzar hacia sistemas que permitan identificar los riesgos antes de que afecten a los pacientes. Para ello, plantearon evaluar la capacidad productiva de los proveedores, la existencia de plantas alternativas, las reservas de seguridad, los tiempos de reposición y los planes de contingencia.

Talens destacó que las interrupciones de suministro obligan a modificar tratamientos, buscar alternativas y coordinar actuaciones entre farmacia y los servicios clínicos. Por este motivo, defendió que las organizaciones sanitarias dispongan de información sistemática sobre los proveedores y sus antecedentes de cumplimiento. También señaló la necesidad de adaptar las exigencias a las características de cada medicamento, especialmente cuando existen pocas alternativas terapéuticas o comerciales.

Domínguez propuso compartir información sobre previsiones de demanda, capacidad productiva y plazos de entrega entre las administraciones y las compañías farmacéuticas. También apuntó la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para desarrollar mecanismos de alerta temprana. No obstante, consideró que el principal cambio debe producirse en la relación entre compradores y proveedores, con una mayor transparencia y responsabilidad compartida.

“A veces el problema no solo es la Administración, está en la propia industria, que te cuenta las cosas por goteo”, afirmó. Martínez Sesmero añadió que los contratos deberían establecer responsabilidades y mecanismos de respuesta en función de las causas del desabastecimiento y del tiempo con el que se comunique una posible interrupción. Para ello, defendió avanzar hacia una gobernanza preventiva que permita anticipar los problemas y definir las obligaciones de cada agente.

Datos y resultados asistenciales

La disponibilidad de información sobre el uso de biosimilares también recibió críticas durante el debate. Guiu señaló que existen diferencias de utilización entre comunidades autónomas, pero que no se dispone de información suficientemente accesible para determinar las razones de esa variabilidad. “No tenemos muchos datos de estas diferencias”, advirtió.

El farmacéutico afirmó que el Ministerio de Sanidad dispone de datos sobre la utilización de los distintos biosimilares que no están accesibles para su análisis. Asimismo, recordó que existió una propuesta ministerial de promoción de estos medicamentos que finalmente no se implantó. En su opinión, sería conveniente disponer de una estrategia común, con indicadores, objetivos y líneas de actuación compartidas, aunque con margen para adaptarlas a las particularidades de los servicios de salud y los hospitales.

Guiu defendió que la evaluación de estas políticas no debe limitarse al ahorro obtenido o a las cuotas de utilización. Reclamó incorporar indicadores de persistencia terapéutica y resultados en salud, así como analizar la evolución de los pacientes tras la introducción de biosimilares. También consideró importante conocer en qué medida los recursos liberados permiten incorporar otras innovaciones terapéuticas o mejorar el control de las enfermedades.

Domínguez incidió en que las organizaciones ya disponen de numerosos datos clínicos, económicos y asistenciales, aunque habitualmente están fragmentados entre diferentes sistemas y servicios. “La gran barrera no es tecnológica”, consideró. En su opinión, “la clave está en la gobernanza, en cómo tomamos las decisiones”, por lo que reclamó un liderazgo más claro de los responsables de farmacia y de los servicios de salud para transformar esos datos en conocimiento que permita modificar las decisiones.

Talens señaló que los hospitales generan una gran cantidad de indicadores que no siempre se traducen en decisiones concretas. Defendió que cada indicador tenga un objetivo definido, responsables identificados y una revisión periódica, con participación de los servicios clínicos, farmacia, contratación y los equipos directivos. El propósito, explicó, debe ser identificar problemas, introducir modificaciones y comprobar posteriormente si las medidas adoptadas permiten mejorar los resultados.

Revisar los procesos asistenciales

La necesidad de mejorar la coordinación entre profesionales ocupó otra parte relevante de la discusión. Martínez Sesmero reconoció que la introducción de biosimilares no siempre se acompañó de una planificación suficiente entre los distintos servicios implicados. “En algunas ocasiones hemos fracasado”, admitió, al recordar experiencias en las que farmacia, los equipos clínicos o las direcciones no consiguieron establecer una coordinación adecuada.

Para evitar estas situaciones, defendió elaborar planes de implantación que tengan en cuenta todo el circuito del medicamento, desde la prescripción hasta la evaluación de resultados. Propuso avanzar hacia un liderazgo compartido entre farmacia, los profesionales clínicos y los responsables de gestión, con objetivos y responsabilidades claramente definidos.

Martínez Sesmero situó la revisión de los procesos asistenciales entre las principales oportunidades que ofrece la incorporación de biosimilares. Recordó la distinción entre indicadores de estructura, proceso y resultado para explicar dónde existe mayor capacidad de actuación. “La estructura muchas veces es difícil de mover. El proceso, muchas veces, somos nosotros los que ponemos la barrera, pero somos los que tenemos la capacidad de mejorarlo y cambiarlo”, señaló. A su juicio, solo mediante la mejora de los procesos será posible obtener mejores resultados, con la participación conjunta de farmacia, los equipos directivos, los médicos y las sociedades científicas.

También reclamó superar las comparaciones entre hospitales basadas únicamente en su tamaño y avanzar hacia redes de aprendizaje que permitan compartir experiencias y evaluar resultados con metodologías homogéneas. En su opinión, las diferencias territoriales y organizativas no deberían impedir el establecimiento de objetivos comunes ni la identificación de prácticas que puedan trasladarse entre centros sanitarios.

La mesa abordó igualmente la introducción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de contratación. Los participantes coincidieron en que estos compromisos deben ser verificables y no limitarse a declaraciones corporativas. Guiu defendió el uso de certificaciones consensuadas que faciliten la comparación entre proveedores, mientras que Martínez Sesmero pidió prudencia y una implantación progresiva. “Tampoco creo que deba ser una moda que inventemos por inventar”, advirtió.

Domínguez añadió que el cumplimiento de estos criterios, al igual que las garantías de suministro, debería comprobarse durante toda la vigencia de los contratos, y no únicamente en el momento de su adjudicación. Defendió que las organizaciones dispongan de evidencias objetivas sobre el comportamiento de los adjudicatarios y que esa información pueda utilizarse para mejorar futuras decisiones de compra.

En el cierre del encuentro, Navarro incidió en que los biosimilares pueden aportar mejoras adicionales respecto a los medicamentos originales en dimensiones como la sostenibilidad y otros aspectos del valor que tradicionalmente no se incorporaron a las decisiones de compra. A su juicio, estos elementos deberían considerarse en los procedimientos de contratación, junto con el ahorro económico.

El debate reflejó así la necesidad de avanzar desde una política centrada en el precio y la penetración de los biosimilares hacia otra que tenga en cuenta su aportación al conjunto del proceso asistencial. Para los participantes, el principal reto consiste en trasladar estas propuestas a decisiones concretas, con criterios de contratación que garanticen el suministro, sistemas capaces de medir resultados y mecanismos que permitan comprobar que los ahorros contribuyen a mejorar la atención sanitaria.