Crítica política y sentido común, ¿por qué a veces son como agua y aceite?

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

Llevamos mucho tiempo con la cantinela de las puertas giratorias y el sistema sanitario (o el sector público en general) y creo que es un debate que se nos está yendo de las manos, como otros muchos.

Las incursiones profesionales entre un sector y la Administración, especialmente las de entrada al ámbito público, deberían ser bienvenidas siempre. Eso sí, asegurando la ausencia de conflictos de interés y la máxima transparencia. Para las puertas giratorias de salida el sistema ya se ha dotado de protección con plazos de incompatibilidad, en algunos casos exagerados. Así que, en este caso, no habría ningún problema.

Lo que no se puede exigir, ni es deseable, es que todos los cargos públicos tengan que ser funcionarios o trabajadores de la administración para evitar esas puertas giratorias o posibles conflictos de interés. Esa endogamia no es buena ni para la política ni para las políticas y evita aportar nuevas ideas al ámbito público, además de ser enormemente injusto con las personas que han decidido dedicar su vida profesional al sector privado y que, en un momento determinado, quieren aportar su experiencia y visión al servicio público.

Y muchos de los lectores se preguntarán que a qué viene este artículo. Pues les explico: viene referido a las informaciones sobre la inclusión en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del biosimilar de enoxaparina, circunstancia que ha beneficiado, entre otras, a la compañía Techdow, donde el actual director general de Asistencia Sanitaria del SAS, Diego Vargas, trabajó durante cinco meses.

Andalucía: piden la dimisión de Vargas por impulsar biosimilares en el SAS y beneficiar a su ex compañía

Adelante Andalucía ha presentado varias preguntas parlamentarias, ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y ha reclamado la destitución del director general a consecuencia de esta decisión.

La denuncia parte del Foro Andaluz de Atención Primaria, que hace unos días cuestionó la decisión del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, incorporar Inhixa a su guía farmacoterapéutica como único medicamento de enoxaparina. A consecuencia de su condición de no sustituible, desde el hospital se recomendaba hacer continuidad de prescripción en Atención Primaria prescribiendo por marca comercial.

Desde mi punto de vista, la decisión tomada por el SAS beneficia a Techdow, de eso no hay duda. Pero tampoco hay duda de que es positiva para otros laboratorios como Rovi o Chemi, que también tienen biosimilares de enoxaparina (y perjudica a Sanofi que tiene Clexane, el fármaco original). Pero no hay que olvidar, y aquí está la clave, dos asuntos: que también beneficia al SAS, porque genera una competencia que posibilitará una reducción de los precios de adquisición de la enoxaparina; y, además, parece claro que no ha habido ninguna modificación en la manera de proceder en este biosimilar con respecto a otros, tanto en el SAS como en la mayoría de las comunidades autónomas.

De este modo, podríamos pensar que Vargas se encontraba con la disyuntiva de hacer lo mejor por el SAS, a quien se debe en la actualidad, posibilitando que la caza de brujas actual contra él se produjera o, por el contrario, debido a un supuesto y desde mi punto de vista inexistente, conflicto de interés, prohibir la inclusión de biosimilares de enoxaparina en el SAS y, con ello, causar un perjuicio millonario a las arcas públicas, o hacerlo exclusivamente para los productos de Techdow. Eso sí que hubiera sido denunciable.

Creo que, siempre que la orden de Vargas no haya sido la de incorporar Inhixa en exclusiva, sino la de incorporar los biosimilares de enoxaparina, como probablemente hará con cualquier otro biosimilar, no hay ningún problema ni nada ilegal. Eso sí, si él forzó la entrada de Inhixa, debería dimitir, o ser destituido.

También creo que si no ha habido recomendación expresa de que solo se utilice la heparina de Techdow, quienes deberían dimitir son todos aquéllos que han tratado de utilizar una decisión, que además beneficiaba objetivamente al SAS, hay que recordarlo, con un objetivo espurio: hacer daño político al adversario por una decisión ajustada a derecho, e incluso exigible.

¿Es que, a partir de ahora, se deberían dejar de tomar decisiones que favorecen a los intereses públicos por evitar un (inexistente) conflicto de interés? ¿Dónde está un conflicto de interés que supone tomar una decisión que beneficia al sistema? ¿Es que si la decisión más óptima que tiene que tomar un gestor tiene el menor viso de conflicto de interés por beneficiar directa o indirectamente a algún agente con el que ha tenido relación, debe dejar de tomarla?

Si vamos por esa línea, mal acabaremos, y el sistema sanitario, peor.

José María López Alemany es director de Diariofarma.