Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para reducir el impacto que el copago farmacéutico tiene sobre los usuarios así como sobre las comunidades autónomas que han venido financiando ayudas a los colectivos más desfavorecidos.
La PNL, presentada ante la Comisión de Hacienda y Función Pública por su portavoz adjunta, Águeda Micò, pide eliminar “la adopción de medidas que implican un copago de los productos farmacológicos, derivados del Real decreto ley 16/2012” y mientras que esto se lleva a cabo, reclama que se incrementen “las ayudas a compensar el copago farmacéutico”, como han realizado algunas comunidades autónomas “con el fin de seguir reduciendo los posibles casos de pobreza farmacológica que dificultan el acceso a productos farmacéuticos perjudicando su salud”.
Por otro lado, la PNL insta a “estudiar la compensación a la Generalitat Valenciana, y al resto de comunidades autónomas que han implementado medidas en este sentido”.
En la justificación de la propuesta, la diputada de Compromís-Sumar señala que, con la revalorización de las pensiones a consecuencia de la inflación, los pensionistas “han tenido que hacer frente a un mayor gasto en productos farmacéuticos; esto ha ocasionado que la revalorización de las pensiones en vez de ofrecerles un incremento de la capacidad económica, haya acontecido en un mayor gasto en medicamentos”.
2,34 millones de usuarios pagan más
Hace unas semanas Diariofarma analizó la evolución de la distribución de los diferentes usuarios en función de las distintas aportaciones por copago farmacéutico según su renta y situación sociolaboral.
El resultado fue determinar que, en 2024, un total de 2,34 millones de personas pagarán más por copago farmacéutico más que en 2022. El incremento de los ingresos unido a la falta de actualización de los tramos, que están anclados desde 2012 en 18.000 euros, ha venido provocando que cada vez más personas superen los límites establecidos y pasen a aportar más en este concepto.
De este modo, si en 2013, el 73,6% de los usuarios estaban comprendidos en los tramos de mayor protección (TSI 001; 002-01; 003) según su situación laboral, en 2024, esa proporción cae hasta el 62,4%.