Convergència i Unió quiere modificar el mecanismo por el que se financian los medicamentos para la hepatitis C con el objetivo de que evitar el impacto sobre el déficit de la comunidad autónoma que tendrían los intereses que se generarían con el Plan de Hacienda establecido por el Gobierno. El Plan de Hacienda, que consiste en préstamos a diez años para financiar los 727 millones de gasto fijado, crearía tres grupos de CCAA según el estado de salud de sus cuentas y con un interés de entre 0 y el 1,2 %. Esta situación, según CiU, “añade déficit al déficit estructural de la sanidad”.
Para evitarlo, CiU ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a “reconsiderar el Plan de financiación establecido” para que las comunidades autónomas puedan sufragar el coste de los medicamentos para la hepatitis C mediante mecanismos de financiación a través de préstamos, como el FLA (Fondo de liquidez autonómico) y, en su lugar, “dando cumplimiento al principio de lealtad institucional que obliga a dotar de financiación a las nuevas prestaciones aprobadas por el Estado que suponen un incremento de gasto farmacéutico significativo para las CCAA crear un fondo específico, con dotación en los Presupuestos Generales del Estado, para financiar los citados tratamientos”.
Esta petición se ha hecho mucho más necesaria para CiU debido a la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, mediante la enmienda del Partido Popular que limitó el máximo de crecimiento del gasto en medicamentos a la evolución del Producto Interior Bruto, ya que, de no modificarse en lo que queda de su tramitación parlamentaria, tendría importantes consecuencias para las comunidades autónomas que superaran los techos establecidos.
La PNL de CiU, que acusa al Gobierno de “deslealtad institucional en el ámbito sanitario”, también reclama la creación de un “Fondo Sanitario específico, dotado presupuestariamente, para la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas”, aprobadas por el Ministerio de Sanidad e incluidas en el catálogo de medicamentos de financiación pública. Dicho fondo, según solicitan “será finalista y adicional a cualquier otro fondo o dotación destinada a prestaciones de bienes o servicios sanitarios” y será distribuido entre las comunidades autónomas, por los criterios que se determinen en la conferencia sectorial, con la finalidad de que las administraciones autonómicas puedan asumir la financiación de los costes de las innovaciones.
Y es que, según el grupo catalán, la ausencia de revisión del sistema de financiación autonómico, que debiera haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014, ya que según la regulación debe revisarse cada cinco años, sería motivo suficiente para que “las decisiones de mayor gasto en sanidad deben ser financiadas por el Estado, fuera del modelo de financiación”.
