El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha rechazado la propuesta de Real Decreto (RD) destinada a regular y homogeneizar el sistema de información de las listas de espera. La medida, que no ha alcanzado la mayoría necesaria debido al voto en contra de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, Castilla-La Mancha y Canarias, proponía fijar criterios, indicadores y requisitos mínimos comunes sobre la información del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pese al desacuerdo en este punto, el pleno ha ratificado el resto de los asuntos del orden del día, incluidos acuerdos en materia de salud pública, la ampliación de prestaciones ortoprotésicas y el reparto de partidas económicas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de «irresponsabilidad política» la decisión de las autonomías que votaron en contra del texto, acusándolas de defender la opacidad y de impedir que los ciudadanos dispongan de información veraz. Según la titular del departamento, la norma pretendía sustituir una regulación de 2003 para ofrecer datos trimestrales con referencias mensuales, trazabilidad completa del paciente y verificación digital. García ha confirmado que el Ministerio continuará con la tramitación sacando el texto a audiencia pública para que la ciudadanía pueda conocer su contenido.
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sostenido que existe acuerdo unánime en la necesidad de reformar el sistema, pero no sobre el grado de madurez del proyecto presentado. Matute ha argumentado que la norma carece aún de informes oficiales y que los equipos técnicos autonómicos deben seguir trabajando para definir las herramientas de medición antes de su aprobación. Asimismo, la consejera ha denunciado que la ministra vulneró su derecho a intervenir durante el debate sobre financiación autonómica, afirmación que García ha desmentido al aclarar que las cuestiones presupuestarias generales no corresponden al CISNS sino al órgano sectorial de Hacienda.
Cribado y cartera común
Más allá de la controversia normativa, el Consejo Interterritorial ha aprobado el proyecto de orden que amplía el programa de cribado poblacional de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 74 años, extendiendo el rango actual que abarcaba de los 50 a los 69 años. La prueba de cribado continuará realizándose mediante mamografía cada dos años. La incorporación de los grupos de 45 a 49 años y de 70 a 74 años se realizará de forma progresiva. Las comunidades autónomas dispondrán de tres años tras la entrada en vigor de la orden para iniciar la modificación y de seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% de la población diana.
La actualización de la cartera común de servicios contempla además mejoras en la prestación ortoprotésica, con la ampliación del rango de astigmatismo cubierto para lentes intraoculares monofocales tóricas estándar a valores de entre 1,5 y cinco dioptrías. Igualmente, el catálogo común amplía los tipos de aparatos de bipedestación de dos a 11 productos y los planos inclinables de uno a cuatro, facilitando el acceso a dispositivos manuales y eléctricos a personas con limitaciones severas de movilidad, como lesiones medulares o parálisis cerebral. La norma revisa también los requisitos de composición de productos de nutrición enteral financiada para mejorar su textura y sabor, concediendo un plazo de 12 meses a las empresas para su adaptación.
Acceso a protonterapia
El CISNS ha dado luz verde a los criterios clínicos comunes, la herramienta de priorización y el mapa de derivación para garantizar un acceso equitativo a la protonterapia en todo el territorio nacional. El modelo de priorización empleará una escala de hasta 100 puntos sobre la base de nueve parámetros clínicos, entre los que se incluyen la edad, la localización tumoral o la radiosensibilidad, para ordenar la atención sin restringir la entrada a ningún paciente con indicación aceptada. Todo el proceso asistencial y de seguimiento posterior se coordinará a través de un Registro Único de Protonterapia.
El despliegue de esta tecnología se articulará en tres fases progresivas. La primera etapa contará con dos equipos operativos en Santiago de Compostela y Fuenlabrada durante el primer trimestre de 2027. Una segunda fase añadirá dos unidades más en Donostia y en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a principios de 2028. Finalmente, la red completará la instalación de los 11 equipos planificados entre el último trimestre de 2028 y el primero de 2029, momento en el que el criterio de asignación priorizará la proximidad geográfica.
Reparto de fondos
En el apartado económico, el Interterritorial ha ratificado la distribución de 72.086.777 euros asignados a ocho programas de salud pública y cohesión. La partida de mayor importe, dotada con 50.268.707 euros, se destinará a programas de cohesión sanitaria, formación continuada de profesionales, uso racional del medicamento y planes nacionales gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes, como los de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical.
El resto de las partidas aprobadas asigna siete millones de euros a sistemas de vigilancia en salud pública, cinco millones para el sistema SIVAIN y equipamiento de unidades de donación de plasma, tres millones para prevención y control del tabaquismo, y 2,81 millones para las estrategias territoriales de enfermedades raras y neurodegenerativas, incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Por último, se han autorizado dos millones para reforzar la autosuficiencia en plasma y dos partidas de un millón de euros dirigidas a la Red de Vigilancia en Cáncer y a la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer.


César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.:
Lilisbeth Perestelo: