La Comunidad Valenciana ha cifrado en el 32% de los pensionistas de su comunidad autónoma aquéllos que no iniciaron el tratamiento prescrito por el facultativo correspondiente, lo que supone que se dejaron de administrar 468.909 tratamientos necesarios para el cuidado de su salud. Además, el 16 por ciento de pensionistas que sí que iniciaron el tratamiento prescrito, no lo continuaron, con el resultado de 198.617 tratamientos abandonados. De este modo, el 48% de los 910.358 pensionistas de la región tuvieron alguna dificultad de acceso a los medicamentos a consecuencia del copago, tal y como se recoge en la exposición de motivos del Decreto del Consell valenciano por el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al colectivo de pensionistas, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2016.
Estas cifras son las que para el Gobierno valenciano hacen necesaria la puesta en marcha de un sistema de compense los importes del copago farmacéutico a aquéllas personas con “verdaderas dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud”.
De este modo, el decreto se aplicará a los pensionistas que tengan un nivel de ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales y que tengan un régimen de aportación farmacéutica asignado de TSI 002-01, así como sus beneficiarios. El importe máximo subvencionado ascenderá a 110 anuales, incluso para el caso de las personas que pertenezcan a los mutualismos públicos (Muface, Mugeju e ISFAS), para los que la aportación subvencionable será la que aporta la persona, es decir, del 30% del coste del medicamento.
Las personas beneficiarias de la ayuda, no tendrán que adelantar nada en las farmacias, porque la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha firmado un convenio de colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y con la Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia como entidades colaboradoras para evitarlo.
El importe máximo que la comunidad dedicará a esta medida se cifra en 35 millones de euros, tal y como se recoge en el decreto
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: