El Gobierno ha vetado la tramitación de una Proposición de Ley para la eliminación del 30% del copago farmacéutico para los pensionistas de las mutualidades de funcionarios y sus beneficiarios, e igualar sus aportaciones a las que realizan los pensionistas del sistema general, presentada por Vox hace unas semanas.
En un informe fechado el pasado 26 de mayo, el Gobierno utiliza la misma técnica de veto que utilizó el Gobierno de Mariano Rajoy en diversas ocasiones, para evitar que una proposición de Ley fuera siquiera admitida a trámite para su debate. A pesar de las críticas realizadas en su momento por la oposición de entonces, Pedro Sánchez veta ahora la tramitación de esta ILP al considerar que “es susceptible de producir un aumento de los créditos presupuestarios”. De este modo, el ejecutivo, “no presta la conformidad para su tramitación en virtud de los establecido en el artículo 134.6 de la Constitución.
La decisión que toma el Gobierno es relevante, dado que reconoce que igualar el copago actual de los pensionistas funcionarios, un 30%, al que se aplica al resto de pensionistas, un 10%, podría suponer “una expansión del consumo y, por tanto, del gasto farmacéutico”. Es decir, que el gobierno, pese a reconocer que puede afectar al acceso a los medicamentos, la misma justificación que argumentan para eliminar el copago a los pensionistas del régimen general, no acepta la tramitación de esta proposición.
Tal y como se explica en el informe que justifica el veto a la tramitación de la proposición, la diferencia de copago puede justificar la diferencia de 291 euros en gasto en medicamentos de pensionistas en régimen general (793 euros/año) frente a los pensionistas de Isfas (501 euros/año). Para el Ejecutivo esta es una “evidencia” del “efecto modulador del nivel de aportación sobre el consumo”.
Cabe recordar que la Proposición de Ley de Vox busca los mismos objetivos que una Iniciativa Legislativa Popular promovida por colectivos de pensionistas de la policía y que se presentó en la anterior legislatura y actualmente se encuentra en el periodo de recogida de firmas.
Impacto económico
El impacto económico total sobre las arcas públicas que el ejecutivo argumenta para vetar la tramitación de la proposición de ley alcanzaría los 37,6 millones de euros para Muface e Isfas. Según se aporta en el informe remitido a la Presidencia del Congreso de los Diputados, las mutualidades han realizado un estudio del impacto de la reducción del copago teniendo en cuenta solo las recetas de aportación normal del 30%, y no las de aportación reducida del 10% con el límite de 4,24 euros por envase. De este modo, la reducción del copago del colectivo pensionista de Muface, supondría un incremento del gasto “mínimo en torno a 25 millones de euros anuales”. En el caso de Isfas, el ejecutivo cifra el incremento de gasto en 12,6 millones de euros.
Las cifras finales serían un poco superiores ya que el Ejecutivo asegura que el incremento sería superior ya que a la elevación del gasto por la demanda, se sumaría la introducción de topes máximos mensuales al copago, límite que está vigente para los pensionistas del régimen general pero no para los de las mutualidades de funcionarios.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: