El Gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes 11 de octubre el proyecto de ley de acceso universal a la asistencia sanitaria, que saldrá publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).
El texto, que se tramitará por vía de urgencia en el Parlamento, establece que todas las personas residentes en esta comunidad autónoma tienen derecho a la asistencia sanitaria pública. De este modo, se da universalidad a la asistencia sanitaria pública, con independencia de la situación administrativa de los residentes en Cataluña.
El vicepresidente de la comunidad autónoma, Oriol Junqueras, destacó, en su visita al Hospital de Sant Pau, en Barcelona, que esta ley restaura el derecho que el Gobierno del Estado limitó con el RDL 16/2012, que dejó fuera de cobertura sanitaria pública a diversos colectivos. La nueva norma “revierte cualquier forma de recorte presupuestario y también las decisiones tomadas por el gobierno español contra los derechos, las prestaciones y las necesidades de los ciudadanos”, señaló Junqueras, mientras que Antoni Comín, consejero de Salud, subrayó que “en todo el Estado no habrá una ley que universalice de una manera tan absoluta el acceso al sistema sanitario”.
Para poder acogerse a la ley, es necesario únicamente el empadronamiento, y el texto elimina la obligación de estar tres meses empadronado antes de acceder a la atención primaria y especializada.
Entre los argumentos del Departamento de Salut a favor de esta nueva normativa, destaca que, sin la universalización de la Sanidad, existe el peligro para la salud pública de dejar una parte de la población sin control médico y un aumento de la vulnerabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social.
La Consejería también recuerda que la Generalitat no aplicó las limitaciones al acceso a la Sanidad incluidas en el RDL 16/2012 gracias a una instrucción del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), que ha permitido que dar asistencia sanitaria a 137.000 personas que habían quedado excluidas. Esta instrucción ha sido recurrida por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.