La crisis de las farmacias rurales: obsolescencia del marco legal, precariedad laboral e ineficiencia

Artículo de opinión de Carlos Mínguez, socio, y Patricia Mendilibar, asociado de Andersen Tax & Legal

La farmacia rural se encuentra sumida en una profunda crisis, silenciosa y alejada del foco mediático. Los programas electorales, las redes sociales y las conversaciones, tertulianas o no, hacen oídos sordos a una realidad que es tan alarmante como desesperanzadora.

El farmacéutico rural garantiza la equidad y universalidad del acceso a la prestación farmacéutica en las áreas más vulnerables de la geografía española. En muchos casos, se trata del único profesional sanitario que se encuentra de forma permanente en estas poblaciones. La oficina de farmacia se convierte en un verdadero centro sociosanitario, alejada de la imagen que, de contrario, se pretende dar de ella como mero centro dispensador de medicamentos. Según el informe “La distribución de la Farmacia en el medio rural”, publicado en 2014 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, hay 5.267 oficinas de farmacia rurales, lo que implica que una de cada cuatro oficinas se encuentra en lo que, gracias al interesantísimo ensayo de Sergio del Molino, se  conoce como la “España vacía”.

Resulta sorprendente que, aunque la problemática de la España vacía haya conseguido colarse en la agenda pública, el debate sobre la necesidad de modificar las normas que garantizan la existencia de una oficina de farmacia en las zonas rurales ni siquiera haya sido suscitado por los responsables públicos. La farmacia es un elemento potenciador de estos municipios y constituye un incentivo para los que han decidido quedarse en el medio rural, pese a las oportunidades que ofrecen las grandes y medianas ciudades.

La existencia de la farmacia rural no está siendo debidamente fomentada por el Estado. El marco legal que incide en la gestión de estas oficinas no se compadece con su realidad y sus necesidades.  La zonificación farmacéutica así como las obligaciones impuestas a los farmacéuticos rurales resultan desproporcionadas y no prevén ningún tipo de incentivo para mejorar su calidad de vida.

En los últimos años, el Estado ha dado pequeños pasos que, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de los farmacéuticos rurales, han maquillado la realidad a la que se enfrentan. La aprobación de Real Decreto-ley 9/2011, de 9 de agosto, supuso un incremento de los márgenes para aquellas oficinas de farmacia que cumplieran dos condiciones: tener unas ventas totales inferiores a 200.000 euros al año y estar ubicadas en el medio rural y/o entorno marginales. Estas farmacias pasaron a ser VEC y, en función de sus ventas mensuales, podrían ver incrementada su facturación en una cuantía que oscila entre 0 y 833,33 euros.

La ayuda del Estado es insuficiente: numerosas farmacias rurales se encuentran en una situación crítica

A pesar de que el RDL 9/2011 nació con vocación de “contribuir a la viabilidad” de las farmacias rurales, los esfuerzos del Estado por corregir esta situación son imperceptibles para las afectadas. Los números hablan por sí solos: las ayudas a las farmacias VEC suponen un 0,03% del gasto farmacéutico total del Estado, según el informe “RDL 9/2011: Estudio sobre el Impacto de su aplicación en la Oficina de Farmacia”, realizado por la Sociedad Española de Farmacia Rural. Según este estudio, aunque las farmacias VEC pueden recibir un máximo de 833,33 euros mensuales, la realidad es que la media se sitúa a los 300 euros/mes. Así, el impacto que buscaba el RDL 9/2011 es minúsculo: las farmacias VEC siguen presentando unos gastos similares a las no VEC y sus ingresos siguen siendo muy inferiores a la media por cuestiones puramente geográficas.

La precariedad laboral: la problemática de las guardias y la imposibilidad de contratar personal

Además, los farmacéuticos rurales se ven en la obligación de cumplir con calendarios de guardias desproporcionados. A pesar de los esfuerzos de algunas autonomías por racionalizar el servicio de urgencias, el modelo de guardias no se compadece con la escasa demanda del servicio en las zonas rurales.

Las normas autonómicas que regulan las guardias ordenan las oficinas de farmacia por zonas farmacéuticas, de manera que las oficinas situadas dentro de una misma zona farmacéutica pueden turnarse para la realización de las guardias. La dispersión de la farmacia rural hace difícil, cuando no imposible, el turno de manera que el titular de la oficina de farmacia rural se ve obligado a hacer guardias con una frecuencia muy alta, al tiempo que sus ingresos no le permiten contratar a un empleado con el que turnarse para hacer las guardias.

El futuro de la farmacia rural es incierto. La fijación de población en el territorio parece que va a ser un elemento presente en el debate público y en la agenda pública en los tiempos que vienen. La población del medio rural aspira a unos servicios prestados en igualdad de condiciones que en el medio urbano y es sabido que el principio de igualdad se quiebra cuando situaciones distintas son igualmente tratadas. Se impone pues abrir un debate cabal donde acciones como renovar el mapa de las zonas farmacéuticas, remunerar las guardias o rebajar la carga fiscal sean puestas encima de la mesa para su abordaje desde la perspectiva de la renovación global del sistema farmacéutico rural.

Carlos Mínguez es socio, y Patricia Mendilibar, asociado de Andersen Tax & Legal