El Ministerio de Sanidad ha anunciado la licitación de un acuerdo marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual (EPI) por un valor de más de 2.500 millones de euros.
El acuerdo marco ahora dado a conocer sustituye al publicado hace dos semanas, anulado “para atender las peticiones de adhesión de distintas CCAA”. Murcia, Galicia, Cataluña y el País Vasco se han sumado a las primeras 12 Comunidades que se adhirieron inicialmente al procedimiento centralizado. Los nuevos pliegos se han modificado para incorporar las necesidades de las nuevas incorporaciones y facilitar la presentación de ofertas, ha informado el Ministerio en un comunicado.
El nuevo acuerdo marco se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se realiza a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que se dotará de una reserva estratégica. Además, participan el Ministerio de Defensa y el de Interior.
El acuerdo contempla la adquisición, en un plazo de dos años, de 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares COVID-19 y kits de extracción. La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha recalculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes, ahora ampliados.
El importe económico total es de 2.578.739.505 euros (IVA incluido). Tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las CCAA. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros, según la estimación del Ministerio.
Al tratarse de una tramitación de emergencia, se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud, previsiblemente antes de finalizar el mes de septiembre.
El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las CCAA puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las CCAA en el mes de septiembre.
