El Ministerio de Sanidad ha iniciado la tramitación de un real decreto por el que se permitiría la venta al público de test de autodiagnóstico para la covid-19. En concreto, se eximirá de la exigencia de receta médica la dispensación en farmacias de estos dispositivos.
De este modo, una vez aprobada esta norma, que se ha sometido a audiencia pública entre el 30 de abril y el 13 de mayo, las farmacias podrán dispensar al público general test de antígeno y de anticuerpos para el SARS-CoV2. Además, estará permitida su publicidad dirigida al público.
Este cambio de postura de Sanidad llega después de muchos meses de peticiones por parte del sector y de varias comunidades autónomas. Ahora, el departamento de Carolina Darias considera que la venta de estos productos al público, algo “necesario” para aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud y que permitirá reducir la presión asistencial en los centros sanitarios y la identificación rápida de sospechas de casos positivos.
Sanidad reconoce ahora que la venta al público permite “facilitar el acceso a estas pruebas es clave para aumentar la capacidad diagnóstica y mejorar así la detección temprana de sospechas de casos positivos y consiguiendo un adecuado manejo de la progresión de la covid-19”, motivo por el que ve necesario y eficaz esta medida. Además, el borrador de real decreto señala que “a nivel internacional el enfoque común de las estrategias de detección de la covid-19, es ampliar lo máximo posible la capacidad diagnóstica para que éstas sean más eficientes. En este sentido, la utilización de pruebas rápidas de antígeno se ha considerado una herramienta de diagnóstico útil para conseguir este objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica”.
El texto también explicar que existen en el mercado otro tipo de pruebas rápidas de autodiagnóstico, en este caso de anticuerpos, que “aunque no sirven para la detección de infección activa, exceptuarlos de la prescripción, contribuirá igualmente a reducir la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud”.
Además, en la memoria del proyecto se explica que como impacto económico de este real decreto es de esperar que “ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y por lo tanto a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales”.
