La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) estrena Junta de Gobierno, nombrada en julio, y su vicepresidenta, Silvia Reboredo, plantea una hoja de ruta para los próximos cuatro años. Entre sus prioridades están mostrar los problemas que el FAP ya resuelve, evaluar resultados, lograr cierta homogeneidad entre comunidades sin imponer un modelo y llevar sus funciones clínicas a la normativa. Reboredo explica sus peticiones ante la Ley del Medicamento y qué entiende por capacidad resolutiva, y deja abierta la posición sobre la especialidad hasta reunirse con Ordenación Profesional.
P. Asume la vicepresidencia de Sefap en una nueva etapa profesional. ¿Qué objetivos se ha marcado la Junta?
R. Más allá de los personales, mis objetivos son los de la Junta de Gobierno, que representa a los farmacéuticos de atención primaria de toda España. El primero es hacer visible la necesidad de su actuación para mejorar la seguridad del paciente. Ya existen documentos con líneas de trabajo sobre el abordaje de la medicación en atención primaria, y entre las soluciones está incorporar al farmacéutico de atención primaria al proceso de atención del paciente, de forma transversal y complementaria con el comunitario y el de hospital. Queremos hacer visible la complejidad farmacoterapéutica actual, con la cronicidad y la polimedicación.
P. ¿Cree que las administraciones no reconocen ese papel y que de ahí viene la desigual implantación entre comunidades?
R. Nosotros no pedimos un sitio. Queremos mostrar qué problemas están resolviendo ya los farmacéuticos de atención primaria en determinadas comunidades. Es verdad que la situación es heterogénea, y por eso queremos que se reconozca la necesidad de este perfil y que eso se traduzca en una garantía asistencial: un paciente puede preguntarnos por qué en una comunidad hay un servicio y en otra no. Lo importante no es buscar un espacio, sino demostrar qué problema se resuelve y evaluar resultados, algo que hasta ahora posiblemente no se ha visto por falta de masa crítica. Con estudios bien diseñados y los recursos adecuados, creemos que podemos hacerlo.
P. ¿Qué debería haber cambiado cuando termine el mandato, dentro de cuatro años?
R. Las comunidades han avanzado en la contratación de farmacéuticos de atención primaria, eso está claro. Lo que queremos es cierta homogeneidad, sobre todo al incorporar sus funciones clínicas. Primero, hacer visible la necesidad. Segundo, que esas funciones queden reflejadas en la normativa, con coherencia institucional y seguridad jurídica para quienes ya las ejercen, empezando por la Ley del Medicamento, aunque no solo por ella. Tercero, un programa de capacitación.
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“La seguridad clínica exige poder revisar el tratamiento completo. La medicación no es ni hospitalaria ni primaria, la medicación es del paciente”
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P. ¿Qué falta para que las comunidades más rezagadas den el paso? ¿Decisión política u organizativa?
R. Creo que falta poco. Queremos que, a partir de los problemas que se resuelven y de los resultados, el sistema decida que las comunidades que no han avanzado lo suficiente den el siguiente paso. La farmacia de atención primaria existe desde hace muchos años y está implantada en el Sistema Nacional de Salud, así que ya hay mucho hecho. Lo más evidente que aportamos es ser una red de seguridad clínica para el paciente y, además, capacidad resolutiva. Las comunidades simplemente han evolucionado de forma diferente, unas más rápido y otras más despacio, pero el camino ya ha comenzado y hay que culminarlo.
P. ¿Sobre qué pacientes debe centrarse el FAP y cómo debe integrarse en la asistencia?
R. Nos centramos en el paciente complejo, porque no podemos llegar a todos. El farmacéutico de atención primaria debe tener primero una visión poblacional, lo que quizá nos diferencia del comunitario, para identificar riesgos de forma proactiva, por ejemplo mediante una estratificación, e intervenir después sobre quien lo necesita. Debe estar integrado en un equipo y coordinado con los profesionales responsables del paciente, no actuar de forma individual, y establecer de manera consensuada los circuitos y las situaciones en las que interviene.
P. Junto a lo clínico, el FAP mantiene funciones de gestión, uso racional y eficiencia. ¿Cómo conviven?
R. El concepto parte de una visión global del uso racional del medicamento: adecuado, efectivo y seguro, teniendo en cuenta también el coste para la Administración, el Sistema Nacional de Salud y el propio paciente. A eso se suma la sostenibilidad medioambiental, que será otro de nuestros proyectos de estos cuatro años. La eficiencia de la prescripción forma parte de esa búsqueda, y con una visión poblacional podemos proporcionar alternativas y ayudar al sistema a ser eficiente.
P. ¿Debe existir un único modelo de FAP, dada la diversidad de presencia y funciones?
R. No hay un único modelo, pero sí querríamos cierta homogeneidad, porque construye una verdadera red de seguridad para el paciente y permite obtener resultados. Es una profesión integrada desde hace más de 30 años en el Sistema Nacional de Salud que necesita una formación reglada. No vamos a imponer un modelo: respetamos las competencias de las comunidades y la flexibilidad de sus modelos asistenciales. Creemos fundamental incorporar al farmacéutico al ámbito asistencial, pero no vamos a decir dónde ni cómo, sino a ofrecer soluciones.
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“No basta con incorporar a un farmacéutico: hacen falta coordinación, procedimientos de trabajo y circuitos para que no dependa de la voluntad de una persona”
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P. ¿Hay alguna comunidad cuyo modelo esté próximo a lo que persiguen?
R. No voy a decir ni que sí ni que no. Acabamos de llegar a la sociedad, nombrados en julio, y podemos tener una visión, pero no una opinión. Queremos primero una descripción exhaustiva del modelo de cada comunidad, con información directa de nuestras vocalías sobre qué se hace, cómo y con qué dificultades, para después apoyarlas con soluciones. No basta con incorporar a un farmacéutico: hacen falta coordinación, procedimientos de trabajo y circuitos para que no dependa de la voluntad de una persona, y consensuar cómo nos complementamos con la hospitalaria y la comunitaria.
P. ¿Cómo valora la Ley del Medicamento? [la entrevista se realizó antes de la disolución de Las Cortes]
R. Es una oportunidad para todos. Creo que ha avanzado en algunos aspectos, pero sigue anclada en el pasado en otros. Debe tener perspectiva de futuro y ser innovadora: no definirlo todo, pero sí marcar el marco para seguir avanzando. Hoy no refleja las funciones clínicas del farmacéutico de atención primaria, y hacerlas explícitas garantizaría la homogeneidad y la seguridad de los pacientes, porque hay muchos que ya las ejercen. Es una de nuestras reivindicaciones más importantes. También queremos participar en la atención farmacéutica de los pacientes de centros sociosanitarios, sin imponer un modelo: que cada comunidad decida qué estructura apoya al centro según su organización asistencial. Queremos también que la ley dé capacidad resolutiva al sistema: el Plan de Atención Primaria y Comunitaria ya cuenta con el farmacéutico integrado en los equipos y busca aumentarla.
P. ¿Trasladarán estas propuestas a los grupos parlamentarios durante la tramitación?
R. Sí. Ya estamos manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para que se reflejen de forma explícita en la ley.
P. ¿Qué funciones deberían quedar reconocidas expresamente?
R. Pedimos incorporar, mediante una enmienda de adición, las funciones clínicas de revisión, conciliación y optimización de la medicación, definiendo el perfil de los pacientes con alta complejidad farmacoterapéutica o en situaciones de riesgo. La ley debe explicitar que el farmacéutico no hace solo una revisión puntual, sino que participa en el seguimiento farmacoterapéutico para garantizar los resultados en salud, en un marco integrado y coordinado con los responsables del paciente y respetando las competencias de cada profesional. Además, hoy la ley dice solo que los servicios de farmacia de atención primaria deben estar bajo la responsabilidad de un farmacéutico, y creemos que debe especificar que sea de atención primaria, porque es lo que define el ámbito funcional de su actividad.
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“La especialidad es una necesidad clara, pero primero tenemos que saber qué queremos y qué es posible”
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P. ¿Qué significa en la práctica esa capacidad resolutiva y con qué límites?
R. Queremos una figura delimitada en la ley que garantice la continuidad de los tratamientos y permita a los farmacéuticos de atención primaria y hospitalaria participar en la adecuación de la medicación. En las transiciones asistenciales puede haber discrepancias entre un tratamiento que figura activo y un informe médico que lo da por retirado. El farmacéutico puede participar en esa continuidad buscando que sea concordante con una decisión terapéutica adoptada por un profesional y con la situación real del paciente, siempre en coordinación con los responsables del paciente, sin decisiones aisladas y dentro de un circuito establecido. Existe además un precedente en la ley, la figura del medicamento de primera prescripción, que separa la decisión de prescribir de la continuidad del tratamiento.
P. ¿Qué papel tienen en ello la farmacia hospitalaria y la comunitaria?
R. Para que el farmacéutico comunitario pueda desarrollar plenamente la revisión y el seguimiento necesita una historia farmacoterapéutica y una hoja de medicación activa actualizada, que es una garantía de seguridad para el paciente. La continuidad del tratamiento es una cuestión profesional, no de primaria, hospital o comunitaria: se trata de dar capacidad resolutiva a los farmacéuticos dentro de procesos y procedimientos establecidos.
P. ¿Pueden participar en la atención a pacientes con medicamentos hospitalarios?
R. Creemos que las unidades de farmacia de atención primaria pueden participar, junto con la farmacia comunitaria, como una estructura más para la aproximación de medicamentos del ámbito hospitalario. La atención primaria está evolucionando y asume cada vez más carga, y el paciente no es hospitalario: puede tener un medicamento hospitalario, pero su atención es ambulatoria la mayor parte del tiempo. No queremos que todos pasen a primaria, sino participar cuando se identifiquen situaciones y perfiles de pacientes en los que podamos aportar.
P. ¿Qué posición tiene la Junta sobre la especialidad con Farmacia Hospitalaria?
R. Es una necesidad clara que debe capacitar a los profesionales y dar la homogeneidad que necesitamos, pero primero tenemos que saber qué queremos y qué es posible. Estamos pendientes de reunirnos con la Dirección General de Ordenación Profesional, que por nuestra reciente incorporación aún no hemos podido hacer. Una especialidad conjunta podría tener sentido si hay una capacitación real, porque la atención primaria es un ámbito distinto del hospitalario, y no depende únicamente de nosotros: hay otras sociedades y otros condicionantes.
P. ¿Qué papel debe tener el FAP en la evaluación de tecnologías sanitarias, con el Real Decreto de Evaluación ya aprobado, y en el de Financiación y Precio?
R. La sociedad tiene que participar en la evaluación de tecnologías sanitarias. La evaluación de medicamentos es una función tradicional del farmacéutico de atención primaria y entre nuestros asociados hay muchos expertos, así que vamos a seguir participando claramente. Sobre el Real Decreto de Financiación y Precio, creemos que primero debe ir la ley y después el real decreto, que además tiene una parte muy vinculada a la evaluación técnica. Los procedimientos aún no están claros, pero podemos participar.
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“La ley sigue anclada en el pasado en algunos aspectos y hoy no refleja las funciones clínicas del farmacéutico de atención primaria”
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P. ¿Qué relación quieren establecer con otras sociedades científicas y con los colegios profesionales?
R. Tenemos una visión, pero debe ser compartida con el resto de sociedades científicas, con colaboración en protocolos como el del desabastecimiento de terapia hormonal que vivimos ahora, que implica a muchas sociedades y no solo de primaria. Con los colegios, que nos representan a todos los farmacéuticos, tenemos misiones diferentes pero complementarias, y lo que queremos aterrizar debe ir de arriba abajo y de abajo arriba: los colegios tienen que verlo y apoyarnos.
P. ¿Quiere añadir algo?
R. Un paciente, una farmacoterapia y responsabilidades complementarias: esa es nuestra línea de trabajo con la farmacia hospitalaria y la comunitaria. La seguridad clínica exige poder revisar el tratamiento completo. La medicación no es ni hospitalaria ni primaria, la medicación es del paciente, y necesitamos un profesional que garantice la seguridad con una visión transversal y completa. La innovación, la cronicidad, la polimedicación y la longevidad (prefiero hablar de envejecimiento, porque el logro es haber prolongado la supervivencia) añaden complejidad al paciente, y en esa complejidad farmacoterapéutica queremos centrarnos. La coordinación entre profesionales debe traducirse en procesos asistenciales compartidos, no en intercambio de información. Y llevar estas funciones al marco normativo y organizativo es lo que garantiza la homogeneidad del modelo en el Sistema Nacional de Salud.



María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).:
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: