El Círculo de la Sanidad ha pedido de nuevo al Ejecutivo que contemple repercutir la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada este martes en Consejo de Ministros a los contratos públicos sin revisión de precio para evitar “que las empresas tengan que enfrentarse a una situación económica que, de mantenerse, sería insostenible y dañaría enormemente al tejido productivo de nuestro país”.
Así lo ha dado a conocer el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, ante la reciente aprobación de la nueva subida del SMI hasta los 1.000 euros en el Consejo de Ministros de este martes, 22 de febrero. Se trata de la segunda subida que el Ejecutivo hace del SMI en menos de un año y que Puente considera “una buena noticia para los trabajadores pero que debería tener también repercusión en las empresas que, en muchos casos, como en el de los contratos públicos, no van a poder hacerle frente”.
Y es que, como el anterior, este aumento del ingreso mínimo no va acompañado de un incremento proporcional de las cuantías de las contrataciones de las Administraciones Públicas, que continúan congeladas y sin acogerse a ninguna actualización desde, al menos, 2018 en muchos casos.
“Desde el Círculo de la Sanidad somos conscientes de que la subida responde a un avance necesario y positivo, así como a criterios que buscan equiparar el salario al aumento del IPC. Sin embargo, pedimos coherencia, pues esta decisión, así como la subida general de precios, tienen también importantes consecuencias para las empresas y si la Administración continúa ignorándolas de esta forma, acabarán abocadas a importantes crisis económicas que serán incluso, en muchos casos, de supervivencia”, ha indicado Puente.
Por este motivo, desde el Círculo de la Sanidad consideran que el Gobierno “debe hacer un esfuerzo por contar con las empresas adjudicatarias de contratos públicos” y repercutir esta subida en estos acuerdos para evitar que esta subida del SMI sea absorbida en su totalidad por las empresas que prestan servicio a las Administraciones Públicas y se puedan tener en cuenta las actualizaciones del incremento del IPC, “algo que hasta ahora no es viable según la Ley de Desindexación de la Economía”, ha apuntado Puente.
En este sentido, Puente se ha referido, entre otras, a empresas de logística proveedoras de servicios de salud, que “están soportando la exponencial subida de la factura de la luz e incrementos de hasta un 30% en el gasoil y otras materias primas, que no pueden trasladar en estos contratos, como tampoco pueden hacerlo con las subidas del IPC”, ha apostillado.
Por último, Puente ha recordado que en los últimos años se ha aumentado más de un 30% en SMI y que en ningún caso se ha repercutido esta subida en los contratos públicos, “dejando a las empresas en una situación económica insostenible que ahora tendrán que lidiar con una nueva subida a la que, lamentablemente, no podrán hacer frente en muchos casos”, ha concluido.
