¿Es lógica la intervención del precio de un medicamento no financiado?

El Ministerio de Sanidad ha denegado la solicitud de Johnson & Johnson para incrementar el precio de Fortasec (loperamida DCI). La compañía había notificado el incremento de precio, pero Sanidad, tras abordar el asunto en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha hecho uso por primera vez del apartado 4 del artículo 94 del Texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos para rechazarlo.

La propia ministra María Luisa Carcedo ha asegurado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que en “muchas ocasiones”, los medicamentos no financiados sufren un incremento, “injustificado de precios”. Por ese motivo, ha asegurado que no se va a autorizar al parecerles “desproporcionado el precio con respecto a lo que cuesta el producto”.

Desde el punto de vista de la Ley de Garantías, la decisión de Sanidad tendría soporte jurídico ya la norma permite que el Ministerio, tras la notificación del precio pueda “objetar el mismo por razones de interés público”.

No obstante, la decisión trasciende de la Ley de Garantías y también se adentra en el ámbito de la Competencia, dado que se trata de medicamentos con precio libre, aunque notificado y, además, no hay monopolio.

Con su objeción, Sanidad obvia la existencia de un total de 14 presentaciones con loperamida de, al menos, cinco fabricantes distintos, situación que garantiza el funcionamiento del mercado. Por ese motivo, lo que además de no ser habitual, resulta muy llamativo, es la intervención de precio de uno solo de los productos que compiten entre sí en libre mercado. Con esa actuación se distorsiona un mercado que estaba funcionando, como demuestra el hecho de que existen presentaciones que tienen un precio por comprimido de 0,33 euros y otras (sin contar las formas flas) que tienen de precio 0,62 euros, casi el doble. Entre estos dos límites, se encuentran un buen número de opciones a disposición de los pacientes y según su elección.

El mercado regula el precio

Por este motivo, desde la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), no ven “justificada” la postura de Sanidad. Su director general, Jaume Pey explica a Diariofarma que no ven el motivo ni las “razones de salud pública” esgrimidas puesto que hay múltiples alternativas terapéuticas disponibles. “Nos parece una decisión muy invasiva”, explica al tiempo que recuerda que “el mercado regula el precio ya que hay transparencia”.

Además, Pey recuerda que si lo que se quiere es hacer accesible el medicamento a pacientes con enfermedades graves que lo necesitan, hay formas jurídicas de hacerlo, tal y como se recoge en la Ley de Garantías y se ha aplicado en varios medicamentos, que conservan la financiación para determinados casos. Pey pone el ejemplo del dextrometorfano, pero también señala que algunos usos que se están alegando para la loperamida podrían estar fuera de ficha técnica.

El director general de Anefp está “preocupado” por el hecho de que esta situación se repita ya que “siempre se van a dar casos similares”, pero remarca su “confianza en el mercado, que es duro y justo” y obliga a los agentes a modular sus precios si se encuentran fuera de la elasticidad de los usuarios.

A pesar de todo, Pey, que se ha mostrado “abierto al diálogo con el Ministerio” ha asegurado que están dispuestos a buscar soluciones, “seguro que las hay”, confía. Además, espera dar con una solución ya que existe mucha preocupación por esta cuestión, incluso en Europa, a nivel de las compañías de medicamentos de autocuidado.

¿Es real en incremento de precio?

Pero más allá de la cuestión del ámbito de competencia y los efectos jurídicos que tendría, Diariofarma ha querido analizar si la subida de precio del medicamento ha sido tan desproporcionada como para haber justificado una intervención de Sanidad.

De este modo, la justificación de la decisión estaría relacionada con los incrementos de precio que los medicamentos desfinanciados en 2012 han ido teniendo en estos años. Esta cuestión ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el PSOE en el Congreso de los Diputados y el Senado durante la presente legislatura.

No obstante, para ser justos, sería necesario realizar un análisis a más largo plazo para determinar qué ha ocurrido históricamente con el precio del medicamento para determinar si es razonable la subida de los últimos tiempos o no.

Nos hemos remontado a 1994, cuando el precio de Fortasec 2 mg 10 comprimidos era de 573 pesetas (3,44 euros). A lo largo de los años, el precio de este medicamento sufrió un deterioro muy importante hasta llegar a un suelo de 1,89 euros en 2012, justo antes de la desfinanciación. Las razones de este deterioro se debieron, entre otras cuestiones, a la aplicación de los precios de referencia o los decretos de 2004 que redujeron los precios de los medicamentos.

Desde entonces, el precio del medicamento se ha situado en 5,95 euros, una subida del 214%, que siguió a la reducción de precios del 45% sufrida entre 1994 y 2012.

A este respecto, Diariofarma ha calculado el precio que tendría este producto si se hubiera incrementado únicamente el Índice de Precios al Consumo (IPC). El cálculo arroja que hoy día ese medicamento tendría un precio de 6,07 euros, cifra que es todavía superior al precio que tiene hoy en día el medicamento.