Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
Pedro Sánchez ha sorprendido a media España, o más, con la elección de los miembros de su Gobierno. Aunque algunos hablan de Ejecutivo para una campaña electoral, la mayoría considera que ha trasladado una imagen de solidez en el Gobierno, suficiente como para acabar la legislatura, si bien es cierto que él mismo dijo que el compromiso era por unos meses.
De la constitución del Gabinete hay dos cuestiones que me han llamado la atención. Primero el no dar entrada a nadie de otros partidos, especialmente de Podemos que lo ha pedido intensamente. Y, segundo, por poner en ministerios clave a personas que causaban sarpullido en algunos de los grupos que le apoyaron en la Moción de Censura. Es el caso de los ministros de Exteriores, Josep Borrell, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.
Sánchez con la lista de ministerios y ministros ha dado un doble golpe de efecto. Con las personas elegidas, especialmente Borrell, Grande-Marlaska y la titular de Economía, Nadia Calviño, ha lanzado un mensaje a toda la sociedad española y fuera de nuestras fronteras de que su gobierno es un Ejecutivo centrado, español y europeísta. De este modo, entra a competir electoralmente con Ciudadanos, y el PP por ese espacio.
Por otro lado, ha lanzado mensajes que van también dirigidos a ensanchar la captación de votos por la izquierda, disputando ese terreno a Podemos. En este caso, se han basado en la feminización del Gobierno, con un 65% de ministras, así como por las temáticas y denominaciones dadas a algunos de los ministerios, como es el caso del de Transición Ecológica o el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y parece que el resultado está siendo observado ya en las encuestas y el PSOE podría haber despegado electoralmente de forma importante.
Impacto en la Sanidad
Pero entrando en la arena sanitaria, quiero destacar que con el nombramiento de Carmen Montón, Sánchez ha querido lanzar otro mensaje claro. Se ha traído a la consejera socialista que ha tenido mayor trascendencia mediática y que se ha caracterizado por tener una línea clara de ejecución de todos los mensajes políticos de los socialistas, especialmente en copago y universalidad. Incluso yendo mucho más allá de lo que el PSOE había ido nunca en materia de desprivatizaciones con la reversión iniciada del modelo Alzira. Una línea de política sanitaria clara, por lo que no cabe llevarse sorpresas de las líneas generales que marcarán sus acciones.
Otro de los cambios que se han ejecutado con el cambio de Gobierno ha sido la disgregación de las carteras de Ciencia y de Industria del antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De este modo, especialmente de cara a la industria, se multiplican los posibles interlocutores, cuestión que tendrá especial relevancia en la configuración futura de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). A este respecto, el peso y la visión autonómica de Montón y la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría suponer una nueva revisión de la composición de la CIPM y el peso autonómico en la misma.
No obstante, la peor noticia para el sector ha sido, precisamente, la llegada al Ministerio de Hacienda de Montero. La andaluza, desde esa posición, tendrá mucha influencia sobre el departamento de Sanidad. Esperemos que no venga con ideas de las que ha desarrollado en Andalucía, como las subastas. Un modelo que lo único que conseguiría es arruinar a la industria farmacéutica que opera en nuestro país sin ofrecer a los ciudadanos un mejor servicio, sino todo lo contrario. En cualquier caso, a modo de paréntesis en este artículo, me gustaría poner de manifiesto que el gasto en medicamentos (receta más hospital) fue en 2017 solo un 7,3% mayor que el que se registró en 2011, pese a haberse asumido los tratamientos para la hepatitis C. Por tanto, no parece necesario ni urgente actuar sobre el gasto en medicamentos.
¿Y qué podemos esperar de aquí en adelante?
Haciendo un ejercicio de política-adivinación, creo que se acercan semanas muy intensas. El PSOE tiene que dejar claro, de forma rápida, que las palabras se transforman en hechos, que todo por lo que han estado clamando desde 2012 tenía una justificación y una urgencia de ser corregido. Por ello, no me extrañaría que antes de verano, puesto que es posible que se habilite julio como periodo extraordinario de sesiones, se aprueben las primeras medidas de peso.
En este sentido, me parece bastante claro que una de las primeras decisiones que tomará Montón, a través de un real decreto-ley, será la modificación del copago y la universalidad, derogando, al menos en parte el Real Decreto-ley 16/2012 y modificando el Real Decreto legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, así como la Ley 16/2003, de Cohesión.
Ese mismo real decreto-ley se podría aprovechar para volver a financiar los principios activos desfinanciados en 2012, aunque esta cuestión puede ser que no sea prioritaria, y habría que articular una transitoriedad para que quien quiera registre sus presentaciones financiadas y, quien no, se quede fuera.
Para estas tres cuestiones (copago, universalidad y desfinanciación), el PSOE no tendrá problemas para sumar los 176 diputados exigidos para convalidar el real decreto-ley. Eso sí, en caso de que toda esta política-ficción no lo sea tanto, también son de esperar medidas dirigidas a financiar el incremento de gasto derivado del fin del copago, la desfinanciación y la universalidad, y que considero que superan los 400 millones anuales de los que habla FEFE.
Otras medidas adicionales
El grupo socialista, que sostiene al Gobierno de Sánchez, cuenta solo con 84 diputados, lo que supone el 24% del Hemiciclo. Dado el cambio en las relaciones que, tras el nombramiento de los ministros, se ha producido con Podemos y los grupos separatistas catalanes, no es muy probable que el Ejecutivo quiera acudir una y otra vez al Parlamento para aprobar leyes para las que, cada vez, sería más complicado sumar los 176 votos necesarios. Por ese motivo, creo que es factible pensar en un real decreto-ley 'omnibus' que regule todo lo que quieran de una vez y utilizar el caramelo del fin del copago y la universalidad para hacer que 92 diputados ajenos al grupo socialista se sumen a la convalidación del real decreto-ley.
Entre estas cuestiones podrían estar la derogación de la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, que a priori no cuenta con el visto bueno de PNV y PDeCat, o diversos cambios en materia de financiación, precios, etc. De este modo, en una votación a todo o nada se introducirían cambios legales que de otro modo, serían difíciles de acometer o que se tardaría mucho tiempo en hacerlo posible.
¿Cuáles serán? No lo sé. Pero estoy convencido de que queda poco tiempo para conocerlos.
José María López Alemany es director de Diariofarma.