La Confederación Salud Mental España ha enviado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, del 23 de julio, sus reivindicaciones y propuestas en materia de salud mental, para los próximos cuatro años de legislatura. Lo hace a través de un decálogo que recoge las principales preocupaciones y necesidades en salud mental, en los ámbitos de la sanidad, educación, empleo, infancia, adolescencia y juventud, empleo, economía, derechos humanos, prevención del suicidio, colectivos vulnerables, familia y entorno, y accesibilidad.
La Confederación ha remitido, además, un documento más extenso en el que se detallan las principales necesidades y medidas que urge implantar en materia de salud mental en cada uno de los ámbitos mencionados.
“Con este documento- explica Nel González Zapico, presidente de la Confederación, – queremos hacer una llamada de atención a las formaciones políticas y sus líderes, para que, ya desde la misma campaña electoral, tengan presente la importancia de la salud mental para la sociedad del futuro y para el proyecto de país que quieran construir durante los próximos cuatro años”.
La evidencia científica demuestra que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un problema de salud mental, aseguran desde la entidad, “es la pobreza y la desigualdad económica, por lo que desde se reclama el acceso universal a los servicios de salud mental, independientemente de la situación económica de la persona, así como una necesaria mayor inversión para mejorar dichos servicios, todavía insuficientes.
Entre sus reivindicaciones, la Confederación plantea propuestas de mejora en la atención a la salud mental de colectivos vulnerables (personas en régimen penitenciario, sin hogar, LGTBIQ+, personas migrantes y racializadas), dedicando especial atención a la población infantil, adolescentes y jóvenes.
En este sentido, González Zapico recuerda que el progreso y el actual sistema de vida de las sociedades occidentales están pasando factura emocional y psicológica a toda la sociedad, pero especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El presidente de la Confederación critica que “hemos admitido un modelo de vida que provoca demasiada incertidumbre, ansiedad y desesperanza en las generaciones venideras, a las que tampoco estamos sabiendo enseñar a gestionar esos sentimientos” y reclama mayor inversión en recursos de prevención y ayuda en estas edades.
La prevención del suicidio y la urgencia de llevar a cabo un abordaje transversal para conseguirla es otro de los aspectos a los que presta especial importancia la Confederación, dado el incremento que se está produciendo año a año, especialmente entre las personas más jóvenes. Según el informe ‘La situación de la salud mental en España’, elaborado por esta Confederación y la Fundación Mutua Madrileña, la ideación o intento de suicidio (31,8%) y las autolesiones (30,7%) son más comunes en el grupo de 18 a 24 años.
El informe revela también que el 14,5% de la población ha tenido ideación suicida o ha intentado suicidarse, lo que ocurre en mayor medida entre las mujeres (17,0%) que entre los hombres (11,7%), “por lo que para la Confederación es crucial implementar la perspectiva de género en todas las medidas que propone en materia de salud mental”, señala González Zapico.
El documento recoge también propuestas dirigidas a mejorar la accesibilidad en materia de discapacidad psicosocial, a fomentar la participación y la vida independiente y autónoma de las personas con problemas de salud mental, y a ofrecer apoyos a sus familiares y amistades “como elemento esencial que son en la recuperación de las personas con trastorno mental, por lo que también necesitan asesoramiento, apoyo y formación”, defiende González Zapico.
Por último, la Confederación dedica también un epígrafe a la defensa de los derechos fundamentales, con medidas para acabar con las constantes vulneraciones de derechos que sufren las personas con problemas de salud mental, como los tratamientos involuntarios o las contenciones mecánicas, que, según la ONU, “pueden considerarse tortura, son contrarias a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahondan en un mayor sufrimiento psíquico para las personas que las sufren y para sus familias, además de carecer de perspectiva terapéutica”.
Nicolas Gonzalez Casares: