Documentación

Programa sanitario de Podemos para las Elecciones de Madrid de 2015

Diariofarma

14 mayo 2015 - 17:35

Extracto referido a Sanidad del programa del partido Podemos a a las elecciones autonómicas de Madrid en 2015. Ver programa completo

Candidato a la presidencia: José Manuel López

También puedes acceder a ver todos los programas de todas las CCAA de los partidos más relevantes: La página web de las elecciones autonómicas en Diariofarma

SANIDAD

Revisar los procesos privatizadores de la sanidad pública autonómica con el objeto de revertirlos.

Promover el objetivo de obtener atención sanitaria universal para todas las personas que vivan en la CM, y eliminar los copagos (repagos) que introdujo el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A través de la iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, se promoverá la derogación del Real Decreto Ley 16/2012.

5.2. Recuperación del empleo público en Salud y Educación

España se sitúa ya por debajo de la media europea respecto al gasto público en Salud en función de la renta (un 1 % menos que la media de la UE-28 en 2012), pero la CM es en la actualidad la Comunidad Autónoma que menos gasto sanitario realiza según su PIB (4,1 % frente a la media nacional del 5,8 %), un gasto que además descendió cerca del 9 % entre 2011 y 2012.

Por otro lado, la CM es la segunda Comunidad Autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a conciertos y contratos privados (un 10,8 %) y la que ha experimentado el crecimiento más importante de esta partida en el último año (45 %). El presupuesto de atención primaria, mientras tanto, es menor a la media nacional (10 % aproximadamente, frente al 14,8 %). En los últimos años se consolida una disminución de las partidas destinadas a los grandes hospitales públicos y una subida del destinado a los privados (del 31,62 % entre 2014 y 2015). También ha incrementado la externalización de los servicios centrales de los hospitales (laboratorios, diagnósticos, lavanderías, etcétera). El resultado de todas estas políticas es que se ha consolidado la dinámica de exclusión en la sanidad madrileña, con 60.000 personas sin tarjeta sanitaria y con un 18 % de los pensionistas que no pueden pagar sus medicamentos. Así mismo, la plantilla del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se ha reducido en 7.117 profesionales: de 76.359 (2008) a 69.242 (2013).

SALUD

El objetivo de nuestra política sanitaria es ofrecer un sistema sanitario público de calidad, universal, equitativo, sostenible, innovador, guiado por criterios de evidencia científica, a través de una gestión transparente y con la participación activa de ciudadanos y profesionales sanitarios. Defendemos alternativas de gobierno contra las privatizaciones, los recortes y el desmantelamiento de nuestro sistema nacional de salud, la infrautilización de los recursos propios, la pérdida de recursos humanos, el cierre de camas y una preocupante falta de organización del sistema materializada en una dejación de funciones por parte del gobierno de la CM.

La CM sigue manteniendo una brecha histórica en el gasto sanitario con respecto al resto de las comunidades autónomas, pese a la reciente subida de su presupuesto, gasto que se ha visto incrementado porque parte de ese presupuesto futuro se ha hipotecado en el ladrillo en vez de en salud, investigación o asistencia sociosanitaria.

2.1. Las personas y los derechos humanos por delante de los números

Este déficit sanitario está poniendo en peligro la calidad de nuestro sistema de salud sin que se haya adoptado ni una sola medida encaminada a reforzar la eficiencia del sistema. Es preciso situar a las personas y los derechos humanos por delante de los números y garantizar que ningún ciudadano quede excluido del derecho a la salud. En la CM, la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ha dejado sin asistencia sanitaria a unas 60.000 personas.

Elaboración de una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid para solicitar la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y propuesta de una nueva ley que garantice la asistencia sanitaria universal, así como la obtención de la tarjeta sanitaria a todas la personas que vivan en la CM, sin ninguna restricción por razón de procedencia o situación administrativa. Asimismo, esta iniciativa legislativa propondrá la eliminación de los copagos, por ser un mecanismo recaudatorio que supone un repago y un impuesto a la enfermedad, y que perjudica valores como la accesibilidad y la igualdad de nuestro sistema sanitario.
Recuperación de los Consejos de Salud. Reforma del Título V de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), de manera que cambie los criterios de participación de los ciudadanos en los Consejos de Salud de la CM y de las Áreas de Salud.
Desarrollo efectivo de la participación ciudadana en los servicios sociosanitarios cuyo objetivo final será el desarrollo de propuestas compartidas entre profesionales, ciudadanos y gestores.
Formación de los pacientes. Fomentar la formación de la ciudadanía y desarrollar la Ley de Autonomía del paciente, que tendrá un nuevo papel como agente activo y generador de su propia salud.

2.2. Profesionales de la sanidad

Plan de Empleo para conseguir unas plantillas estables que aseguren la calidad asistencial. Se planteará la reordenación de los puestos de libre designación, para lo que se eliminarán progresivamente los nombramientos discrecionales realizados por la Administración.
Mejora de las condiciones laborales y salariales. Plan de Estabilidad Laboral. Conversión de los eventuales de más de dos años en interinos y convocatorias periódicas de ofertas públicas de empleo. Derogación de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica, por la que se extinguían las 26 categorías de personal no sanitario.
Reconocimiento y corresponsabilidad de los profesionales. Implicar activamente a todos los profesionales sanitarios en la sostenibilidad de la sanidad pública, en la elaboración de políticas de salud, en la gestión y en la toma de decisiones, potenciando o creando estructuras efectivas de participación y asesoramiento profesional.
La participación y el asesoramiento profesional se llevará a cabo a dos niveles: a nivel de Consejería de Sanidad y a nivel de los centros sanitarios donde la participación profesional tiene un impacto directo en los servicio, y contribuye a implicar y motivar a los profesionales con su organización.
2.3. Apuesta decidida por la mejora de la calidad asistencial
Calidad en la prestación del servicio sanitario, teniendo en cuenta el componente científico-técnico, la ética profesional y la satisfacción de la ciudadanía.
Indicadores públicos, aprobados por ciudadanos y profesionales integrados en la planificación de los mecanismos evaluadores y de mejora de la calidad asistencial.
Revisión del actual régimen de compatibilidades que asegure la dedicación plena a la jornada de trabajo de los profesionales sanitarios del sistema nacional de salud.
Garantizar la formación continuada de todo el personal sanitario a cargo del Servicio Madrileño de Salud para promover la calidad asistencial. Creación de una Agencia de Formación encargada de la promoción, coordinación, evaluación y acreditación de actividades de formación e investigación en Ciencias de la Salud.
2.4. Potenciación de la investigación pública
Creación de una fundación única de investigación, con transparencia, control y evaluación por parte de la administración pública, de forma transitoria hasta la creación de un organismo de investigación público.

2.5. Desarrollo de tecnologías de información y comunicación

Informatización a través de sistemas públicos de software libre. Programas informáticos compartidos. Control de los contratos de informatización de los hospitales.
Desarrollo eficaz de una historia clínica electrónica unificada como herramienta útil que responda a las demandas de los profesionales.

PLAN DE SALUD. NUEVO MODELO SANITARIO
Es preciso desarrollar una nueva Ley de Salud que contemple un modelo sanitario público de cobertura universal con una orientación a los cuidados integrales de la población, a la salud pública, a la promoción y a la prevención.

3.1. Propuestas de gobierno

Diagnóstico de la situación sociosanitaria en la CM con la elaboración de un Plan de Salud que establezca los objetivos de la sanidad madrileña y una planificación orientada a disminuir las desigualdades sociales en salud (DSS).
Aplicar la «salud en todas las políticas», teniendo en cuenta prioritariamente aquellas con gran impacto en nuestra salud, como las políticas de fiscalidad, de empleo, de vivienda, de educación, de urbanismo, etcétera.
Diseñar e implementar nuevos dispositivos y sistemas de coordinación entre el sistema sanitario y los dispositivos sociales, de manera que se instauren áreas de coordinación sociosanitaria en los distintos niveles de atención incluida en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud donde se señala la importancia de la búsqueda de mecanismos de integración en la atención social y sanitaria y establece la garantía de la continuidad del servicio mediante la coordinación de las administraciones públicas que correspondan.
Integración funcional de los servicios sociosanitarios de la CM con los municipales y estatales. Elaboración de una Guía de Práctica Clínica en coordinación sociosanitaria.
Se promoverá la inclusión del Trabajo Social Sanitario dentro del conjunto de profesiones sanitarias: la Ley 16/2003 se refiere expresamente al trabajo social como una prestación a desarrollar por el sistema nacional de salud

3.2. Coordinación e integración de atención primaria con atención hospitalaria

En la práctica, la coordinación, a día de hoy, es deficiente e incompleta, posiblemente por falta de interés en su desarrollo y por falta de voluntad política en su desempeño. Propuestas de gobierno
Potenciación de la Atención Primaria (AP) como eje central del sistema sanitario. Adecuación de los recursos humanos, materiales y económicos a esta nueva reestructuración con incremento de su presupuesto.
Desarrollar planes de mejora de la AP con propuestas para la coordinación de AP con Atención Especializada (AE) y Servicio de Urgencias.
Aumentar la capacidad resolutiva de la AP como centro del sistema.
Desarrollo de protocolos conjuntos con AE y desarrollo de líneas de actuación en la continuidad asistencial.
Accesos ágiles y eficaces a las pruebas diagnósticas e información compartida.
Derogación del Decreto 52/2010, de 29 de julio, y recuperación del coordinador del equipo de AP, que asuma la coordinación y relación del equipo con los gestores y otros niveles asistenciales, en sustitución del actual director del equipo de AP (elegido por la dirección).
3.3. Coordinación del servicio sanitario con servicios sociales y sanidad municipal. Prevención y promoción de la salud
En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta con unos importantes servicios de salud municipales, encuadrados en su mayoría en el organismo autónomo Madrid Salud: servicios de inspección alimentaria y de salud ambiental, Centros de Atención a la Drogadicción (CAD) y Centros Madrid Salud (CMS) de prevención y promoción de la salud.
Se impulsará la necesaria coordinación entre los servicios sanitarios autonómicos y los servicios de salud municipales.
Derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y de la Ley 1/2014, de 25 de julio, que plantean cambios en las competencias de la administración local.
3.4. Atención especializada (AE)
Coordinación de hospitales públicos entre sí para optimizar recursos y evitar duplicidades. Revisión de los planes estratégicos.
Plan de reordenación y mejora de la asistencia en Urgencias.
Potenciación del funcionamiento de centros de media y larga estancia.
Se garantizará la salud sexual y reproductiva así como la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red pública. Se defenderá el derecho de las mujeres solas o de las parejas de lesbianas a las técnicas de reproducción asistida.

3.5. Territorialización

Supresión del área única y estudio para implantar las Áreas de Salud: Se emprenderá un estudio para reimplantar las Áreas de Salud con tamaño adecuado. Esto permitirá identificar con claridad a la población de cuya salud se hace responsable cada estructura para una mayor coordinación e integración de la atención primaria, de la atención especializada, de la sociosanitaria y de la salud pública. Propuestas de gobierno
Supresión del área única de salud y elaboración de una nueva territorialización con un nuevo mapa para AP, AE y unidades de referencia.
Derogación del Decreto 52/2010, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de AP del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid.
Derogación del Decreto 51/2010, por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en AP, y de hospital y médico en AE en el sistema sanitario público de la CM.
Aumentar la autonomía y coordinación de los servicios en las Zonas Básicas de Salud. Se reorganizará la población de referencia de cada hospital para poblaciones de entre 150.000 y 400.000 habitantes, y en AP cada centro de salud tendrá una población que oscilará entre 5.000 y 25.000 habitantes.
Se dotará a cada hospital de referencia por área de un presupuesto y de medios humanos y materiales según su población, su complejidad y la singularidad de sus unidades de referencia.
Se revisará el concierto singular de vinculación de carácter marco entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la Fundación Jiménez Díaz.
3.6. Plan de pacientes crónicos, frágiles y vulnerables
Nos encontramos ante nuevos retos poblacionales basados en un aumento de la esperanza de vida, una mejora de las tecnologías sanitarias, una pirámide poblacional más envejecida y una situación social cada vez más empobrecida. Esto nos lleva a que muchos de nuestros pacientes sean crónicos, frágiles o en situación de vulnerabilidad: una proporción de estos necesitan una mayor cantidad de recursos. Por ello, es necesario afrontar la asistencia de estos pacientes con una buena estratificación de la población según sus necesidades y una buena planificación. Esta estrategia nos abre el debate sobre la sostenibilidad del sistema en la búsqueda de un triple objetivo: mejorar la salud de la población, hacer mejor medicina y ser más eficiente. Las necesidades de estos pacientes, que implican un nuevo reto para cualquier sistema sanitario, puede ser el motor de transformación del sistema. En Madrid la adopción del «Programa o Estrategia de atención al paciente crónico» no ha ido acompañada de una buena planificación, coordinación e integración ni de los recursos necesarios para ponerlo en práctica, lo que lo convierte en un nuevo papel mojado. Propuestas de gobierno
Revisar y renovar la viabilidad del Plan de pacientes crónicos de la CM.
Analizar y estratificar a la población según sus necesidades y sus requerimientos asistenciales.
Dotar de los recursos necesarios el abordaje de este plan con un enfoque multidisciplinar.
Realizar programas de formación y activación de los pacientes. Trabajar hacia la meta de empoderar a los pacientes en sus patologías.
Trabajar por la integración de los cuidados, por lo que hay que dotar al sistema de programas específicos en esta materia.
Potenciar la atención en el domicilio y la formación de cuidadores.

3.7. Plan de salud mental

El inicio de la crisis ha venido acompañado de un creciente aumento de los trastornos de salud mental de la población. Esto, unido a un deterioro progresivo de las prestaciones y servicios de salud mental, nos está llevado a una preocupante situación en esta área. Los decretos de área única y libre elección de 2010 y el plan de salud mental 2010-2014 eliminan la organización territorial e integran los dispositivos de salud mental en las llamadas «unidades asistenciales funcionales», dependientes de las gerencias hospitalarias con objetivos de gestión coste/beneficio que obedecen la ley de libre mercado. Todas estas medidas impiden la consolidación de los equipos asistenciales y desarticulan de hecho el modelo de atención comunitario. Propuestas de gobierno

Plan de salud mental que garantice la atención integrada en la red sociosanitaria de cada área sanitaria. Revitalizar los centros de salud mental como eje vertebrador y de orientación funcional de la asistencia.
Apuesta decidida por el modelo de atención comunitario en la asistencia de la salud mental, que incluya apoyo a familias tras el diagnóstico de los hijos de tener alguna discapacidad.

3.8. Plan de cuidados paliativos. Derecho a una muerte digna

Se establecerá un registro de últimas voluntades en los centros de salud de carácter vinculante, que sea respetado por los profesionales sanitarios y que conste en la historia clínica, en el que se elaborarán y registrarán los testamentos vitales de los pacientes que deseen realizarlos.
3.9. Reposicionamiento de la Dirección General de Salud Pública Los servicios de salud pública han perdido efectividad y funcionalidad a consecuencia del desmantelamiento de sus estructuras de soporte e interlocución en el servicio madrileño de salud. La coordinación ha quedado relegada al marco teórico, sin producirse la necesaria integración operativa con los servicios asistenciales autonómicos y municipales. Propuestas de gobierno
Rescate de la Dirección General de Salud Pública. Establecer la autoridad autonómica de salud pública, coordinada con los centros periféricos autonómicos y municipales, para restablecer las funciones, propias de la salud pública, de recabar y analizar la información del estado de salud de la población madrileña, proteger la salud y prevenir la enfermedad, vigilar y actuar en los principales problemas y riesgos para la salud pública y evaluar y proponer las medidas y actuaciones para el óptimo nivel de salud poblacional.
Distribución, acorde a la nueva territorialización en la región, de los centros periféricos de salud pública y en coordinación con otras redes de servicios públicos.
Dotar suficientemente los centros de salud pública para el cumplimiento de sus funciones.
Establecer con carácter vinculante la incorporación de los estudios del estado de salud de la población, responsabilidad de la salud pública, al proceso de toma de decisiones en gestión y administración sanitaria; para ello, habrá que definir la periodicidad para su realización y el procedimiento para la evaluación de las actuaciones y políticas adoptadas.
Poner en marcha una coordinación territorial de los organismos de salud pública con la asistencia sanitaria y los servicios sociales a nivel de área sanitaria y a nivel central, así como con otros agentes que intervienen en la salud pública.
Reforzar las capacidades para la detección y manejo de los riesgos y alertas en salud pública en la región, utilizando para ello instrumentos internacionalmente acordados como el Reglamento Sanitario Internacional.

3.10. Gestión y provisión públicas

Evaluación de la deuda sanitaria. Se analizará con precisión la deuda sanitaria a través de una auditoría con el fin de revelar el porcentaje del presupuesto sanitario destinado a la asistencia, al pago de compromisos contractuales y a aquellos ingresos que deberían proceder de la facturación intercentros y de las penalizaciones fijadas a las concesiones y conciertos adjudicados previamente por los anteriores gobiernos.

Además se afrontará un proceso de revisión profundo del marco jurídico existente. Sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario El gasto en sanidad no es insostenible. En los múltiples análisis llevados a cabo por organismos independientes (OCDE, Eurostat, etcétera), España se sitúa siempre por debajo de la media de gasto público en salud según el nivel de renta (casi un 1 % menos del PIB que los países de la UE-28 en 2012) y por debajo de los países de nuestro entorno en gasto sanitario público por habitante (OCDE 2014, Eurostat 2014).

La CM es de las que menos gasta en sanidad dentro del ámbito estatal. Sin embargo, ha aumentado la proporción de gasto público destinado a la privada. En los últimos años, la CM ha pasado de destinar a conciertos privados en 2010 un 7,5 % a destinar un 10,8 % de su presupuesto en 2012, lo que la sitúa como la segunda comunidad que dedica mayor parte de su presupuesto sanitario a llevar a cabo contratos de provisión de servicios sanitarios con empresas privadas. La gestión privada no es más eficiente que la pública.

No existe ningún estudio nacional ni internacional que lo demuestre. La estrategia de privatizaciones responde a una mala gestión por parte de nuestros gobernantes y a una política de clientelismo con las empresas privadas; pone nuestro servicio de salud al servicio de estas y crea una burbuja sanitaria que pretende paliar la brecha que algunas de estas empresas sufrieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El problema no es tanto reducir los gastos como aumentar los ingresos. En cuanto a los ingresos fiscales, España ingresa 8,2 puntos menos en relación con su PIB con respecto al resto de países de la UE-15 (Eurostat), lo que significa un total de 80.000 millones de euros menos, que correspondería a todo el gasto sanitario público anual. Esto se explica porque el sistema fiscal es regresivo en vez de progresivo, y despenaliza sobre todo a las rentas del capital y a los impuestos de sociedades. Si a esto se le añade el fraude fiscal, valorado también en unos 60.000 millones, nos encontramos con un déficit estructural de ingresos importante que no puede ser destinado a mantener nuestros derechos sociales.

No solo importa cuánto se gasta sino también cómo se gasta. Hay que hacer un gasto eficiente. El inicio de la crisis ha servido como excusa para aplicar políticas neoliberales basadas en recortes sin criterio ni planificación, lo que ha horadado las bases de la sostenibilidad del propio sistema y ha deteriorado los pilares básicos del mismo, como la igualdad, la universalidad, la calidad y la eficiencia. En este contexto de crisis era inexcusable apostar por reforzar los esfuerzos en identificar y reducir las bolsas de ineficiencia, y dotar al sistema de mayor solvencia, para avanzar en la reestructuración de las ineficacias y apuntalar los valores del sistema. Propuestas de gobierno

Financiación y dotación presupuestaria adecuada: impuestos, inversiones. Diagnóstico y evaluación de la situación sociosanitaria actual a la que nos enfrentamos para poder estimar una financiación de base cero (no basada en presupuestos históricos) y cuantificar el déficit sanitario real. Mejora de la eficiencia del sistema Se priorizarán reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema, que mantengan los valores esenciales que hacen reconocible al sistema sanitario público español.
Establecimiento de prioridades en el gasto sanitario basados en su valor en salud y apuesta decidida por el aprovechamiento y la eficiencia de los recursos propios actualmente infrautilizados.
Búsqueda de mejoras en la calidad considerando este punto como uno de los principales ejes en los que ha de esforzarse una administración sanitaria.
Evaluación rigurosa de las tecnologías y políticas sanitarias.
Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de la sanidad pública, en el marco de una nueva Ley de evaluación de políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas. Ámbito de las instituciones sanitarias
Promover activamente una cultura política democrática de ética pública, con normas y códigos de conducta que obliguen a un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas; establecer normas de transparencia con sistemas de información abiertos y accesibles, memorias anuales estandarizadas, indicadores comunes de rendimientos de productividad, de calidad, costes y resultados en salud que permitan el acceso público a la información. Transparencia en la rendición de cuentas en todos aquellos contratos de externalización que proporcionen información sobre el rendimiento de los mismos y el cumplimiento de los términos del contrato. Creación de una unidad especial en el control de las externalizaciones. Ámbito de los centros sanitarios
Creación de Consejos de Gobierno, con funciones de consejos de administración, como máxima autoridad de la organización con el mandato de organizar y velar por los intereses de los ciudadanos en relación con el servicio sanitario público.

Gestión de las listas de espera

El uso de las listas de espera con fines partidistas y electoralistas ha sido la tónica habitual de los gobiernos de la CM. Las listas de espera han pasado de 76 días de media a 98, con el evidente riesgo de merma de la calidad en la asistencia. El número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica ha pasado de 57.722 personas en el año 2012 a la cifra récord de 77.689 en el 2015. Con respecto al Sistema de citación, en el SERMAS las citaciones para consultas y pruebas diagnósticas las realiza el Centro de Atención Personalizada (CAP) que en 2010 (según el BOCM del 11 de mayo de 2010) fue privatizado y adjudicado a la empresa Indra, que estableció un servicio de call center para dichas citaciones. Por otra parte este dispositivo de citaciones sirve para seleccionar pacientes y derivarlos a centros privados, como procedimiento para el desvío de fondos públicos a entidades privadas. Además, se ha producido una infrautilización de recursos propios, como lo ocurrido con el cierre de camas: pese a la construcción de once hospitales nuevos desde 2008, la dotación de camas de la CM ha descendido de 3,23 camas por cada 1.000 habitantes en 2003 y 3,1 en 2008 a 2,86 en 2013, lo que la convierte en una de la comunidades con menor ratio de camas públicas (2,86 por cada 1.000 habitantes frente a las 2,97 de media de todo el sistema nacional de salud). Las derivaciones a centros privados han sufrido un incremento sustancial que ha llevado de un aumento del presupuesto que se destina a la privada de un 8,5 % a un 10,8 % en el 2014.

Propuestas de gobierno

Gestión transparente de las Listas de Espera. Nuevo diseño que reordene recursos y que anteponga la igualdad en el acceso al sistema.
Estudio de viabilidad para la cancelación del contrato del CAP, con el objetivo de que puedan ser asumidas sus funciones por las unidades de atención al usuario del SERMAS.
Estudio y plan de aprovechamiento y optimización de recursos propios («el dinero público para los centros públicos»). Dotación a los centros de instrumentos de flexibilidad y corresponsabilidad.
Plan para acabar con las derivaciones a los centros privados potenciando los centros públicos.
Supresión de peonadas y aumento de las plantillas para poder ampliar los horarios de funcionamiento de los hospitales con la intención de optimizar sus recursos y disminuir las listas de espera.
Estudio de viabilidad para la reversión al sistema público de los centros y servicios privatizados, con control exhaustivo del cumplimiento de los contratos, de las penalizaciones y de los beneficios de las concesionarias.
Retirada del Plan de medidas de garantías de la sostenibilidad del sistema sanitario, incluido en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la CM de noviembre de 2012, con la recuperación inmediata del Hospital Carlos III, de la lavandería central, del Instituto Cardiológico y del Centro de Transfusiones.
Denuncia de todos los casos de corrupción y puertas giratorias que se han producido con las privatizaciones. Profesionalización de la gestión
Es preciso introducir un cambio del modelo «gerencialista» por uno de gestión participativa: hay que revisar y disminuir los cargos de libre designación e iniciar los procesos para acceder a los puestos directivos y gestores según concurso público de méritos, idoneidad y capacitación para el cargo. Además, se establecerán protocolos de evaluación periódica de los nombramientos.
Establecimiento de consejos de gobierno como máximo órgano de gobierno de las instituciones sanitarias. Consejos de Área Sanitaria.

Apuesta decidida por implantar la cultura de evaluación en nuestro sistema

La evaluación de intervenciones sanitarias (EIS) se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en varios países de nuestro entorno que sirve para decidir si es conveniente la incorporación de una innovación sanitaria y sobre el buen uso de los recursos. En los países de nuestro entorno, este análisis previo y la planificación de la eficiencia en torno a unos recursos limitados se utiliza como herramienta para crear unas normas claras y conocidas en las que el análisis de la calidad y el concepto de valor en salud prevalece sobre los criterios meramente economicistas. Para ello, se establecen estrategias de financiación con políticas de inversióndesinversión eficientes.

La EIS busca conciliar un doble objetivo: conjugar el acceso de los ciudadanos a aquellos avances terapéuticos que ayuden a mejorar su salud, para lo que se debe respetar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos e imprimir un carácter de rigor en la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Esta herramienta puede ser empleada para evaluar el impacto de un programa o política concreta (evaluación del cambio en el sistema de copago farmacéutico, por ejemplo), en los procesos de financiación pública y en la negociación del precio de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, en las estrategias de prestaciones que se deben mantener o en las experiencias de integración de servicios sanitarios y sociales. La lista es amplia.

Aunque España se ha caracterizado por una clara falta de cultura evaluadora y de búsqueda de criterios de eficiencia en el ámbito del gasto público, parece que la normativa española sí ha estado en consonancia con la búsqueda de esta evaluación de políticas de gasto; por ejemplo, se ha hecho referencia en la Constitución (artículo 31.2) y en diversas leyes presupuestarias y de ámbito sanitario. Pese a esto y pese a la existencia de una agencia estatal y algunas agencias autonómicas de evaluación de las tecnologías, su implantación ha sido escasa e insuficiente.

Creación de una Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que integre el rigor científico y la evidencia existente en torno a las tecnologías sanitarias.
Se financiarán los fármacos y la biotecnología con fondos públicos cuando cuenten con los informes preceptivos de las agencias evaluadoras; también se controlará su independencia y los conflictos de intereses.Política farmacéutica
Compras centralizadas de productos farmacéuticos y tecnologías sanitarias. Se promoverán e instrumentalizarán los procedimientos contractuales de compras centralizadas de medicamentos que permitan reducciones sustanciales de los precios de los mismos, y se introducirán mecanismos y fórmulas que fomenten la competitividad entre los productores de medicamentos, especialmente los de mayor coste para el sistema sanitario de la CM.
Creación de una Comisión de Farmacia de la CM.
Plan para asegurar el acceso de los pacientes a los tratamientos de demostrada eficacia como en el caso de la hepatitis C, mediante el establecimiento de mecanismos de negociación con el ministerio de Sanidad, o la subvención de los mismos.
Creación de una empresa pública de fabricación de medicamentos en los laboratorios públicos existentes.
Regulación de la presencia de las industrias farmacéuticas o empresas proveedoras de insumos y servicios en los centros públicos dependientes del sistema nacional de salud.
Información veraz e independiente a cargo del propio sistema nacional de salud, en el que se potenciará la independencia de las agencias evaluadoras.
Se darán a conocer los precios de todas las compras de medicamentos y productos sanitarios.
Seguimiento presupuestario eficaz del gasto farmacéutico en los hospitales a través de mecanismos de control adecuados.
Coordinación entre las comisiones de farmacia de los hospitales. Las comisiones de farmacia de los hospitales deberían intensificar las medidas de coordinación e integración de sus estudios científicos, de investigación y experimentación de medicamentos aconsejables para el tratamiento de cada enfermedad, y facilitar y garantizar la utilización y consumo de los más eficaces y la reducción de precios de los mismos.
Estudio y evaluación de los nuevos medicamentos biosimilares así como la potenciación de los genéricos.

Integración de la salud laboral en el SERMAS y derogación de la Ley de Mutuas El traspaso de funciones desde el sistema nacional de salud a las mutuas patronales, como en el caso del Proyecto de Ley de Mutuas, de 18 de julio de 2014, es otra forma de privatización del sistema. Mediante esta ley se permite que sean los médicos de las mutuas los que den las altas supliendo la función de los médicos del sistema nacional de salud, que son los que verdaderamente conocen y tratan a los pacientes. Con esta medida se pretende dirigir y controlar el sistema nacional de salud desde fuera.