“Toda persona residente en la Unión Europea debe tener derecho a una atención integral y multidisciplinar de la salud, centrada en la atención primaria y en la prevención y promoción de la salud dentro de un modelo integrado, eficiente y con financiación, provisión y gestión totalmente públicas”, de esta manera se encabezan las propuestas que en el ámbito de la salud presenta la coalición de Partidos Sumar, de cara a las próximas elecciones del 9 de junio.
En coherencia con el sentido que han dado a todas sus campañas electorales, Sumar, partido al que pertenece la actual ministra de Sanidad, Mónica García, apuesta por que Europa avance en los modelos de gestión pública directa, y en la implementación de políticas de salud para grupos de población vulnerables.
En el plano farmacéutico, la formación encabeza por Estrella Galán y a las encuestas adjudican unos 4 o 5 escaños (en torno al 7% de los votos), apuesta por un sistema de I+D “justo y sostenible que explore modelos de ciencia abierta e impulse premios y fondos de investigación que estimulen la innovación, evitando el problema de los monopolios y los altos precios de las tecnologías sanitarias, pero que también atienda a una gestión del conocimiento biomédico responsable”.
En ese sentido abogan por que la UE “reforme el sistema de los derechos de propiedad intelectual para asegurar un balance saludable entre los intereses privados y el interés público”. En ese sentido además plantean que Europa la “exportación” de estándares de derechos de propiedad intelectual “injustos”.
Igualmente también plantea “avanzar en modelos de producción pública de fármacos alejados de conflictos de intereses económicos y que entiendan la salud como un bien común y no como un producto de mercado”.
No a recortes
Igualmente exponen que los los Estados en el marco de la gobernanza económica “no puedan promover recortes en el sector público ni la promoción del sector privado” y para ello impulsarán una directiva-marco “para la armonización de las coberturas sanitarias, la universalización de los sistemas sanitarios estatales y la facilitación de la sanidad transfronteriza”.
Igualmente plantean un refuerzo de las estructuras de salud pública “para trabajar con una orientación de vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, acción comunitaria, protección y prevención bajo los principios de Salud en Todas las Políticas.
También plantean el aumento de las restricciones y de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas, además de controles en la publicidad y en los sistemas de etiquetado sencillo en los productos alimentarios con base en su calidad nutricional, con especial énfasis en los productos dirigidos a la población infantil y juvenil.
También plantean impulsar una estrategia europea para la vacunación universal de la infancia, que partirá de las recomendaciones adoptadas por el consejo en diciembre de 2018 y la joint action de la Comisión Europea con el fin de incrementar las tasas de cobertura vacunal, superar los escepticismos y fortalecer la coordinación entre calendarios vacunales y sistemas vacunales de los Estados miembros.
Por otro lado, anuncia que implentarán “medidas para eliminar progresivamente todos los sistemas de copago o repago, ya que paga más el que más enferma, no el que más tiene, y es sabido que, precisamente, enferman más los que menos tienen”.
9% del PIB
Otro de los ejes de la acción de Sumar será el refuerzo de la salud mental, la atención a las adicciones, la atención sociosanitaria y la atención a sectores vulnerables, garantizando una atención multidisciplinar.
Por otro lado también proponen medidas ‘blindar’ los servicios públicos de salud, “impidiendo su desmantelamiento y estableciendo una cuantía mínima de gasto sanitario público no inferior al 9 % del PIB. De este presupuesto, entre un 25 y un 30 % se destinaría íntegramente a atención primaria y comunitaria, y un 4 % a salud pública”.
Finalmente también plantean la derogación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza y “su sustitución por una legislación que, garantizando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, prohíba que se puedan pagar prestaciones en centros privados con fondos públicos, evitando que se pueda establecer un mercado sanitario en el ámbito de la Unión Europea”.
