El caso de la presunta trama de corrupción sobre venta de mascarillas que ha pasado a conocerse como ‘Caso Koldo’ se ha convertido en el protagonista del duro debate que han mantenido este martes en el Senado, la ministra de Sanidad, Mónica García y el portavoz de Sanidad del PP en dicha Cámara, Enrique Ruiz Escudero.
La cuestión ha nacido de la pregunta lanzada por el PP para pedir explicaciones la ministra sobre la gestión llevada a cabo en la adquisición de material sanitario durante la pandemia los supuestos casos de corrupción en el 'caso Koldo'.
“Es evidente que usted no era la ministra de sanidad en aquel momento, pero sí que tiene la obligación de dar explicaciones sobre la adquisición del material sanitario durante la pandemia, por parte del Ministerio de Sanidad”, ha manifestado el senador popular, quien considera que “el Gobierno de España llegó tarde y lo hizo mal, trayendo un material que no sólo estaba defectuoso sino que vino con cuantiosas mordidas”.
Aunque la ministra ha iniciado su intervención señalando que “la gente está cansada del y tú más”, no ha dudado en utilizar ese mismo argumento en sentido contrario recordándole a Ruiz Escudero que el PP impidió una comisión en la Comunidad de Madrid, cuando saltó el presunto caso del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, un asunto archivado por falta de pruebas.
"Este ministerio va a velar siempre por la salud por encima de los negocios y vamos a ser un muro de contención contra la corrupción sanitaria", ha asegurado la ministra.
Congreso
La entrada del 'Caso Koldo' en el terreno de la sanidad, no ha sido la única novedad en relación a esta presunta trama de corrupción. También la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha tenido que salir este martes a defender su gestión al frente del Gobierno de Islas Baleares. “No dejaré que mancillen mi nombre, ni mezclen mi gestión con nada que se parezca a la corrupción”, ha señalado.
Armengol, que no ha negado ni afirmado si habló o no, con la trama investigada a pesar de que la prensa se lo ha preguntado hasta en cinco ocasiones, ha rechazado toda implicación en la compra de los cubrebocas y ha trasladado la responsabilidad de la gestión del expediente al Gobierno de Marga Prohems (PP). La expresidenta balear ha asegurado en que desde su Gobierno “se trabajó para hacer una reclamación”, por un producto recibido en 2020, si bien dicha reclamación no se formalizó hasta 2023, justo antes de la convocatoria de elecciones autonómicas. “La administración no siempre va todo lo rápido que nos gustaría”, ha asegurado Armengol.
Por ello, según sus palabras a partir del cambio de Gobierno en las Islas, “se hace el traspaso de poderes” y desde entonces “la responsabilidad del expediente es del nuevo gobierno, que tiene que explicar que ha pasado con ese expediente".
"La ciudadanía no se merece según qué espectáculos, y dado que el principal partido de esta Cámara se ha saltado todas las líneas rojas posibles, tengo que salir a explicar algo que siento intensamente", ha indicado la presidenta del Parlamento.
Fiscalía europea
Mientras Armengol realizaba estas afirmaciones, en el entorno de la investigación de esta trama ocurrían dos cosas. La primera de ellas, según explicada El País, era que el ministro el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cesado al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por su responsabilidad en la adquisición de 20 millones de mascarillas a la empresa implicada en la trama. La segunda, que la Fiscalía Europea oficializaba su decisión de investigar los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares.
La Fiscalía Anticorrupción española remitió ya la remitió ya documentación a la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio ya que afecta a fondos de la Unión Europea.
Los datos que analiza Europa hacen referencia a cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por un importe global de 16 millones de euros.
En concreto, los contratos canarios afectan a la compra de 800.000 mascarillas KN95 y 555.000 FFP2, por un importe de dos millones de euros. Otro contrato hace referencia a transportes por 440.000 euros y finalmente, el tercero a la compra de nuevo de mascarillas FFP2 por 4,7 millones y finalmente un cuarto por otros 5 millones para la compra de cubreboccas KN95.
En el caso de Baleares, el contrato en fiscalización hace referencia a la compra en mayo de 2020 de mascarillas FFP2 por 3,7 millones.
Nicolas Gonzalez Casares: