El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso que apuesta por priorizar políticas de cooperación internacional que sitúen la salud sexual y reproductiva como una medida de primer orden para la “vacunación, detección y prevención del virus del papiloma humano (VPH) y el tratamiento del cáncer de cuello uterino”, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La portavoz socialista de Cooperación, María Guijarro, ha resaltado que la Agenda 2030 demanda a la comunidad internacional a “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.
Además, los datos apuntan que el 80 % de las personas entrarán en contacto con el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida y, si bien, en la mayoría de los casos el virus desaparecerá por sí solo, de no hacerlo, podrá llegar a causar cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. En este sentido, y en el marco de las recomendaciones de la OMS, todos los estudios constatan la necesidad de "reforzar nuestros protocolos de concienciación, prevención y detección del VPH y del cáncer de cuello uterino, tal como refleja la iniciativa registrada, con perspectiva de género y priorizando a los colectivos de riesgo en todo el territorio nacional".
Por otro lado, el Grupo Socialista también ha registrado otra iniciativa para mejorar la atención temprana en España, para su debate en la en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. La Proposición no de ley hace hincapié en que la atención temprana se erige como “un derecho que promueve un desarrollo infantil saludable”, materia que ha tenido un importante desarrollo normativo y de política pública en nuestro país, tanto desde las comunidades autónomas como desde el ámbito estatal y europeo.
Además, en su exposición de motivos, se apunta que, debe ser entendida como un “derecho que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, para garantizar que las niñas y niños con discapacidad se desarrollen de forma óptima, a nivel cognitivo, motor y socioafectivo. “No se limita únicamente al niño o la niña, sino que debe incluir a la familia, al centro escolar y a su entorno”, ha explicado el portavoz en materia de Discapacidad, Emilio Sáez.
Por ello, la Proposición no de Ley apuesta por seguir trabajando para desarrollar la hoja de ruta que mejore de la atención temprana en España sobre un marco común de “universalidad, responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad, en coordinación con las comunidades autónomas y en el marco de sus competencias”.
Nicolas Gonzalez Casares: