Financiación, coordinación, sobrecarga laboral y un mayor peso de la ‘acción política’ han sido los ejes fundamentales por los que ha transcurrido este miércoles el arranque de la subcomisión de Salud Mental del Congreso de los Diputados, creada dentro de la comisión de Salud del Congreso para dar una amplificación al problema de la salud mental en el España y plantear alternativas políticas para su mejora.
Esta primera jornada ha estado dedicada por entero a conocer la opinión de los profesionales. Han acudido, Tomas Cobo, presidente del Colegio Oficial de Médicos, María Fuster, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Fernando Chacón, adjunto a la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.
Los profesionales han planteado una serie de demandas, que parten desde la necesidad de profesionales, especialmente en Atención Primaria, según ha explicado Cobo. El presidente de los médicos ha demandado también la creación de planes que permitan la coordinación entre administraciones, con actuaciones que lleven a la inclusión social y a la accesibilidad al sistema.
Desde el Colegio de Psicólogos, Fernando Chacón ha apostado por la ‘acción política’, que viene a ser la mejora de la actual normativa paliar factores estresantes. “No hay nada que modifique más el comportamiento que el Boletín Oficial del Estado”, ha señalado. Chacón también ha apostado por la figura del psicólogo escolar, que no existe en España.
En síntesis, el presidente de los psicólogos ha demandado la modificación del modelo de atención psicológica en España, “especialmente en los casos de menor complejidad”, y para ello es preciso incremental el número de especialistas en psicología clínica e incorporar a la Cartera de Servicios del SNS la atención psicológica.
Por su parte Manuel Martín, de la Sociedad Española de Psiquiatría ha centrado su intervención en el gasto sanitario. Según ha explicado la carga global de enfermedad en los trastornos mentales es aproximadamente el 125 de toda la carga de enfermedades, mientras que el gasto es salud mental 2es mucho menor”.
Finamente María Fuster ha demandado también cambios normativos en lo que se refiere a la coerción. Un término que sirve para señalar como en ocasiones “los internamientos involuntarios o los tratamientos involuntarios se llevan a cabo no porque los profesionales los quieran, sino porque no existen medios para trabajar de otra manera”.
