La Efpia ha anunciado este martes su intención de impugnar la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD) ante el Tribunal General de la UE para pedir mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo dos sectores como responsables del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas de Europa se alinea con el principio de que el que contamina paga de la propia UE. Creemos que la Directiva es contraria a los principios clave de los Tratados de la UE: el que contamina paga, la proporcionalidad y la no discriminación.
La EFPIA apoya el principio de que el que contamina paga, según el cual todos los productores responsables de la contaminación deben rendir cuentas y asumir los costes de la contaminación que han causado.
"La decisión arbitraria de responsabilizar solo a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua", indica la asociación en un comunicado. A pesar de las solicitudes, la Efpia "no ha podido ver los datos y la metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a la decisión", aclaran.
La industria farmacéutica basada en la investigación tiene un compromiso inquebrantable con la minimización del impacto de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. La Efpia y sus miembros se han comprometido a pagar su parte justa de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas en función del volumen de microcontaminantes encontrados en las aguas residuales y a la implantación de la Directiva de una manera justa, predecible, proporcionada y no discriminatoria.
La directora general de la EFPIA, Nathalie Moll, ha asegurado que “Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores a reducir de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes del tratamiento para los productores se ajusten al volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas.
“Los propios principios de la UE de no discriminación, proporcionalidad y de que el que contamina paga no se reflejan en la Directiva y deben aplicarse rigurosamente para crear un sistema más justo. Creemos que la decisión de emprender acciones legales está estrechamente alineada con estos principios y refleja el esfuerzo de esta Comisión por garantizar que toda la legislación sea coherente y respalde la competitividad europea”, ha indicado.
Finalmente ha indicado que “nuestra industria apoya la ambición de la legislación y está 100% comprometida a pagar su parte justa”.