El Consejo Interterritorial del SNS, “víctima del escenario político”, según los consejeros

El debate ‘¿Qué hacemos con el Consejo Interterritorial del SNS?’, celebrado en el marco del Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías, que ha organizado la Consejería de Sanidad de Cantabria en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, ha contado con la participación de Marciano Gómez, consejero de Sanidad de Comunidad Valenciana; María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja; Jesús Fernandez, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha; y Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.

El consejero de Salud cántabro, César Pascual, abría la sesión haciendo referencia a un “consenso” sobre una situación en la cual el Consejo Interterritorial (CISNS) no está cumpliendo su papel, y la necesidad de atreverse a emprender una reforma a menos que se quiera “seguir fingiendo que tenemos un órgano de coordinación”. 

Pascual atribuye las dificultades para la operatividad del CISNS en su débil marco jurídico, que aun teniendo justificación en el espíritu de respetar las competencias de las CCAA y primar el consenso, deja sus acuerdos en situación de “no vinculantes” y su funcionamiento en “un mero escenario de declaraciones”. El consejero cántabro ha advertido que el CISNS transmite una imagen pública muy opaca y poco relevante para el ciudadano, y considera que debería proyectar una imagen “más potente”.

Marciano Gómez insistía en la necesidad de que exista una agencia coordinadora para evitar que se sostenga la actual forma de operar, “en la que 17 tractores tiran de forma aislada del Sistema Nacional de Salud, sin la coordinación del Ministerio”. El consejero valenciano reflexionaba sobre “situaciones inauditas” producto de la polarización política y de la estabilización del problema, a la cual ha contribuido el hecho de haber tenido seis ministros en un periodo de cinco años. 

Desde el punto de vista práctico, Gómez considera que los acuerdos del CISNS tendrían que ser vinculantes, algo que se ha contemplado en el pasado pero “la política española” impide que suceda. También ha propuesto que las decisiones adoptadas vayan acompañadas de una memoria económica “real”. 

Para Fátima Matute, el Consejo Interterritorial es “una víctima más del escenario político que vivimos”, a pesar de que entre consejeros se han dado acuerdos en espacios de diálogo “al margen de la mesa”, y lamenta la falta de lealtad institucional dentro y fuera del CISNS. También ha criticado que se haya empleado el órgano para culpar a las CCAA de echar por tierra decisiones que se habían anunciado previamente en el gobierno cuando se sabía que no había fondos para hacerlas realidad: “Este tipo de estrategia afecta a todo lo que está haciendo el Ministerio, incluida la ley del medicamento”.

Asimismo, la consejera madrileña ha denunciado haber leído en notas de prensa y redes sociales “qué se iba a decidir en el CISNS antes de su celebración”.

María Martín ha indicado que “lo primero que hay que hacer” en este contexto es sacar la política de la salud y basarse en la medición de resultados “que se empleen para optimizar la utilización de recursos, no como arma arrojadiza”.

Por su parte, Jesús Fernández ha empleado en su planteamiento la urgencia de hacer que el CISNS funcione ante el imparable aumento de la factura farmacéutica: “Cada mes nos mostramos satisfechos no de que no haya crecido, sino de que ‘solamente’ haya crecido X”.

A las memorias económicas, Matute añadiría planes de implantación, sobre todo ante la “actual deriva de financiación”.