El Ministerio de Sanidad ha abierto el plazo de aportaciones al proyecto de orden que regulará la tarjeta de identidad profesional y el Número de Identificación Profesional (NIP) de la inspección farmacéutica periférica. El trámite de información pública comenzó el 25 de mayo de 2026 y finalizará el próximo 15 de junio. La iniciativa, promovida a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), busca unificar el sistema de acreditación del personal inspector farmacéutico de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
La justificación de la propuesta radica en la necesidad de salvaguardar la privacidad de estos empleados públicos. Las labores de control de drogas e inspección farmacéutica que desarrollan en las Áreas y Dependencias de Sanidad y Política Social conllevan potestades que los asimilan a las autoridades públicas, lo que genera riesgos potenciales derivados de la exposición de sus datos personales. Para evitarlo, el texto normativo crea el NIP como un código alfanumérico personal e intransferible con el formato de dos números, tres letras y dos números. Este código servirá de seudónimo en las actuaciones oficiales y en el certificado electrónico de empleado público que irá integrado en el chip de la tarjeta.
La Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, asumirá las competencias para la generación, asignación y custodia del registro nacional de estos códigos. El registro centralizado incluirá el nombre, los apellidos, el documento nacional de identidad y el área periférica de destino de cada inspector. Los órganos judiciales y administrativos competentes podrán requerir la identificación de los actuantes por medio del NIP cuando resulte necesario para sus funciones, bajo un estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
El documento de la memoria abreviada del análisis de impacto normativo cifró en 170 el número estimado de tarjetas que necesitará el sistema de identificación profesional. La fabricación externalizada supondrá una inversión pública total de 3.702,60 euros, calculada sobre un precio unitario de 18 euros por plástico más el 21 % de IVA. El soporte físico tendrá unas dimensiones de 85,6 por 54 milímetros, mostrará la fotografía del titular, los logotipos institucionales y recordará la facultad legal de los inspectores para solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si fuera necesario. En caso de traslado a otra demarcación, los funcionarios conservarán su acreditación original.
Lilisbeth Perestelo: 
