El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Tras este paso, el texto se envía de inmediato a las Cortes Generales para iniciar la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, prevista entre finales de julio y septiembre de 2026. El periodo vacacional de agosto pausará los plazos ordinarios, por lo que el grueso del debate comenzará en septiembre.
El calendario previsto sitúa en el otoño de 2026 la apertura del plazo para la presentación de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado, así como el debate en comisión y la posterior votación en el Pleno del Congreso. A finales de 2026, el texto pasará al Senado para su revisión y votación definitiva. Las aspiraciones del Ministerio de Sanidad apuntan a que la norma reciba el visto bueno definitivo antes de que termine el año 2026 o a comienzos de 2027, en función de la intensidad del debate de las fuerzas políticas.
El panorama político en términos generales hace sugerir que el Gobierno de España tendrá que hacer gala de toda su capacidad negociadora para sacar adelante una norma, que a lo largo de las fases previas, ha mostrado no contar con un respaldo garantizado. Por el ala de la oposición, los planteamientos del Partido Popular retomarán previsiblemente las alegaciones que en su conjunto tomaron las CC.AA. gobernadas por su color polítco, en mayo de 2025 y que fundamentalmente se centran en la falta de garantías de sosteniblidad financiera por los costes de las innovaciones y en la posible recentralización del control de medicamentos estratégicos.
Líneas rojas de las fuerzas políticas
No serán estos los únicos escollos. Entre los socios de investidura, Junts per Catalunya ya ha exigido respetar el modelo catalán de oficinas de farmacia y la dispensación a domicilio hospitalaria. A su vez, el PNV vigilará que el articulado respete la autonomía de Osakidetza en la gestión del gasto y en genéricos. Por su parte, Vox mantendrá su rechazo a los tramos de copago por renta. Del lado contrario, los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, defenderán el modelo impulsado por la ministra Mónica García.
Además, a las críticas ya expresadas por las formaciones políticas, cabe espera que los partidos recojan los 'ajustes' que se han pedido desde el sector farmacéutico. Aunque no tienen capacidad directa de enmienda en la trámitación del Legislativo, las organizaciones profesionales y las patronales buscan influir en los grupos parlamentarios para que asuman sus demandas. La Organización Médica Colegial y el Foro de la Profesión Médica reiteraron sus quejas respecto a las competencias de prescripción para enfermeros y fisioterapeutas, al considerar que fragmenta la responsabilidad clínica, mientras el Ejecutivo sostiene que la ley ampara una práctica asistencial consolidada. En el ámbito farmacéutico e industrial, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos reclama que la norma otorgue mayor estabilidad a la farmacia comunitaria rural, el reconocimiento de los servicios profesionales y, como mínimo, un resideño de las denominadas reservas singulares, entre otros aspectos. Asimismo, la federación de tecnología sanitaria, Fenin, pide indexar los contratos públicos al IPC, y desde la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, AELMHU, solicitan la exclusión de los tratamientos para enfermedades raras del régimen general de control de precios.
También Farmaindustria ha reclamado coregir cuestiones como la extensión de la devolución del 2% de las ventas en oficinas de farmacia al ámbito hospitalario, recogida en la disposición adicional sexta, algo que supone "un incremento estructural de la carga fiscal y parafiscal sobre el sector sin medidas de compensación equivalentes", así como la regulación de precios que se propone y que a su juicio "implica importantes bajadas de los precios de los medicamentos, sin tener en cuenta el impacto sobre el tejido industrial y la garantía de suministro de medicamentos".
Desde el ámbito de los genéricos, la entidad representante, Aeseg, considera que la norma tiene una"falta de alineamiento de la norma con la nueva política farmacéutica europea" es pecialmente en el refuerzo de la denominada cláusula Bolar, orientada a facilitar la entrada rápida de genéricos y biosimilares tras finalizar los periodos de protección.
Lilisbeth Perestelo: 
