AFI calcula que los medicamentos aportan al Estado más de lo que cuesta financiarlos

La inversión pública en medicamentos genera ahorros en otras partidas presupuestarias e ingresos fiscales que, en conjunto, superarían los recursos destinados a su financiación. Esta es la principal conclusión del informe ‘Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Farmaindustria, que estima en más de 27.300 millones de euros anuales la aportación económica y fiscal asociada a los medicamentos y a la actividad del sector. Una cifra superior a los 24.800 millones que las administraciones destinaron a financiar tratamientos en 2024.

La comparación proporciona a Farmaindustria un nuevo argumento para plantear que es financieramente posible reclamar un aumento de la inversión farmacéutica en nuestro país. Frente a una visión centrada exclusivamente en la evolución de la factura de medicamentos, la patronal plantea que las decisiones presupuestarias deberían incorporar también los efectos de los tratamientos sobre el gasto sanitario, las prestaciones sociales y la actividad económica.

“Los medicamentos le salen a cuenta al Estado”, afirmó Juan Yermo, director general de Farmaindustria, durante la presentación del informe. El responsable de la patronal consideró especialmente relevante que los ahorros y las aportaciones fiscales estimadas superen el gasto anual, una conclusión que, a su juicio, debería modificar la manera de analizar la sostenibilidad de la financiación farmacéutica.

Desde AFI, su socio director del Área de Economía Aplicada, Diego Vizcaíno, defendió que “los medicamentos no son sólo una partida de gasto público”, sino una inversión con efectos sobre la salud, la economía y otras necesidades presupuestarias. Esta perspectiva constituye el hilo conductor del estudio, que trata de ampliar el análisis económico de los tratamientos más allá de su coste directo.

El informe aporta otro argumento para sostener este planteamiento ya que, pese al crecimiento del consumo y a la incorporación de nuevas terapias, el peso relativodel gasto farmacéutico sobre la economía española apenas se modificó durante las últimas dos décadas. En términos de gasto público total, incluso perdió importancia relativa.

Dos décadas de estabilidad

La inversión pública en medicamentos se mantuvo alrededor del 1,5% del PIB durante los últimos veinte años. Aunque el desembolso creció en términos absolutos, lo hizo a un ritmo compatible con la evolución de la riqueza nacional. Su participación en el conjunto del gasto público pasó del 4% al 3,4% entre 2003 y 2024, mientras que su peso dentro del presupuesto sanitario se situó cinco puntos porcentuales por debajo del registrado al comienzo de ese periodo.

Para Farmaindustria, estas cifras adquieren especial importancia porque las necesidades asistenciales no dejaron de aumentar. La población española envejeció y la prevalencia de enfermedades crónicas creció, mientras que los avances médicos permitieron tratar patologías para las que antes existían menos alternativas terapéuticas. Según los datos recogidos por AFI, el número de personas con enfermedades crónicas se duplicó en la última década y más del 80% de los mayores de 65 años tienen prescrito algún tratamiento continuado.

Javier Serrano, responsable de Economía Aplicada en AFI, explicó que “es poco realista pensar que una administración europea del siglo XXI se va a gastar poco dinero en medicamentos”. La estructura demográfica y el aumento de las necesidades de tratamiento ejercen una presión constante sobre la demanda, una circunstancia que obliga a valorar el gasto en relación con la capacidad económica del país.

A este respecto, desde AFI plantearon que el incremento del consumo explica buena parte del crecimiento de la factura farmacéutica, al menos en farmacia comunitaria. Entre 2014 y 2024, el 75% del aumento del gasto público ambulatorio se debió a un mayor volumen de recetas. El coste medio por receta, en cambio, creció solo un 8%, frente al incremento acumulado del 23% del índice de precios de consumo.

Yermo destacó la aparente paradoja que reflejan estos datos. España afronta una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades terapéuticas, pero consigue mantener prácticamente estable el esfuerzo farmacéutico en relación con su capacidad económica. En su opinión, esta evolución demuestra la eficacia de los mecanismos de regulación y control del gasto.

El retorno de los medicamentos

El elemento central del nuevo trabajo de AFI es la cuantificación conjunta de los beneficios económicos y presupuestarios asociados a la financiación farmacéutica. La consultora reúne en un mismo balance los ahorros que generan los tratamientos en otras partidas públicas, los ingresos fiscales vinculados a la industria y distintas medidas regulatorias que reducen la factura de medicamentos.

La mayor aportación corresponde al denominado efecto compensación. Según una estimación realizada por AFI en un estudio anterior, cada euro adicional de inversión pública en medicamentos permite ahorrar 64 céntimos en otros conceptos presupuestarios. La reducción de hospitalizaciones, de bajas por enfermedad y de determinadas prestaciones asociadas a la jubilación explica este efecto, que aplicado al gasto farmacéutico de 2024 equivaldría a unos 15.900 millones de euros.

Durante su exposición, Serrano explicó que el resultado de los análisis anteriores apuntaba a que “cada euro adicional de gasto público en medicamentos implicaba un ahorro de 64 céntimos en otras partidas presupuestarias”. Con esta estimación como punto de partida, el nuevo informe traslada el cálculo al conjunto de la inversión farmacéutica pública.

No se trata de que la Administración recupere directamente ese dinero a través de los medicamentos. Lo que plantea AFI es que una población con mejor salud necesita menos recursos públicos en otros ámbitos y puede mantener durante más tiempo su actividad laboral. El impacto económico de los tratamientos se extiende así más allá de la partida presupuestaria desde la que se financian.

A esos ahorros estimados se suma la contribución fiscal de la industria farmacéutica. AFI calcula que las empresas del sector generaron en 2025 unos ingresos directos de 4.140 millones de euros para las administraciones, a través de impuestos y cotizaciones sociales. La cifra se eleva hasta aproximadamente 10.100 millones si se incorporan los efectos indirectos sobre otras empresas y los inducidos por el consumo de las rentas que genera esta actividad.

El balance se completa con los mecanismos de contención de la inversión farmacéutica. Las aportaciones y deducciones reguladas en la Ley de Garantías y el Real Decreto-ley 8/2010 representaron cerca de 2.000 millones de euros acumulados entre 2024 y 2025, mientras que las revisiones de precios de referencia supusieron un ahorro estimado de 288 millones en 2025. En el cálculo agregado, AFI incorpora 1.000 millones como promedio anual de las primeras medidas.

La suma de estos componentes supera los 27.300 millones de euros anuales. El resultado combina magnitudes de distinta naturaleza, con estimaciones económicas y datos correspondientes a diferentes ejercicios. Por ello, no constituye una liquidación contable del saldo fiscal neto de la prestación farmacéutica, sino una aproximación al conjunto de beneficios y retornos que AFI considera relevantes para valorar su sostenibilidad.

Serrano defendió que “no sólo los medicamentos no son un riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario, sino que realmente contribuyen de manera positiva a dicha sostenibilidad”. Esa es la conclusión económica que la consultora pretende fundamentar con el análisis de la evolución del gasto, los mecanismos de regulación y los efectos de la actividad farmacéutica.

Más allá de cada presupuesto

La consideración conjunta de los beneficios económicos del medicamento plantea, sin embargo, dificultades en la organización de las administraciones públicas. Buena parte de los ahorros atribuidos a los tratamientos se produce en partidas distintas de aquellas que soportan su financiación. Esta separación complica su reconocimiento en las decisiones presupuestarias.

La cuestión apareció durante el turno de preguntas, cuando se planteó hasta qué punto el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, junto con la existencia de compartimentos presupuestarios, dificulta avanzar hacia una valoración global de la inversión farmacéutica.

Diego, de AFI, consideró que el problema responde más a la falta de una perspectiva conjunta que a la propia distribución administrativa. “No podemos estar analizando solo con las gafas del control de gasto un aspecto ligado a la inversión en medicamentos”, advirtió. A su juicio, las decisiones públicas deben tener en consideración un conjunto más amplio de factores económicos, sanitarios e industriales.

Pedro Luis Sánchez, de Farmaindustria, insistió en las consecuencias de analizar cada partida de forma aislada. Según explicó, “lo que genera es una ineficiencia tremenda”, porque cada responsable presupuestario atiende a los gastos que afectan a su departamento, mientras los beneficios que se producen en otros presupuestos quedan fuera de su evaluación.

El representante de la patronal resumió el problema al señalar que “es posible que esos retornos no los genere usted en su presupuesto”, pese a que deben valorarse desde la perspectiva del conjunto del Estado. Esta reflexión sitúa el debate más allá del volumen de recursos que recibe cada administración y apunta a la necesidad de incorporar una visión más amplia en las decisiones de financiación.

Yermo coincidió con ese diagnóstico y recordó que la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 supuso un avance al reunir a diferentes ministerios en torno a objetivos comunes. No obstante, reconoció que esa visión integral todavía no está plenamente incorporada al funcionamiento de las administraciones y defendió la participación de las comunidades autónomas, tanto desde las consejerías de Sanidad como desde las responsables de Economía.

Más inversión hasta 2030

De ese diagnóstico se deriva la principal reivindicación de Farmaindustria. Si el gasto farmacéutico mantiene un peso relativamente estable sobre el PIB y los tratamientos generan ahorros en otros ámbitos, la patronal considera que existe margen para ampliar los recursos destinados a la innovación.

Yermo defendió durante la presentación que España debería aumentar su esfuerzo sanitario, actualmente situado alrededor del 6,5% del PIB, por debajo de la media de sus socios europeos. El objetivo sería aproximarse progresivamente a esos niveles, aunque la organización no establece un calendario cerrado ni propone concentrar todo el incremento en los medicamentos. Pero lo que sí está convencido es que “no solo podemos, sino que debemos incrementar la inversión en medicamentos”.

Pese a esta afirmación, no plantea una cifra determinada. “No estamos marcando un objetivo concreto”, aclaró el director general de Farmaindustria al ser preguntado por la cuantificación de ese esfuerzo adicional. La evolución económica, el envejecimiento y las futuras necesidades asistenciales determinarán el ritmo al que podría producirse ese incremento, que la patronal considera asumible para las cuentas públicas.

El informe sí cuantifica un posible escenario para la financiación de tratamientos innovadores. AFI analiza las consecuencias de aumentar su peso del 0,8% al 0,9% del PIB hasta 2030. Según sus cálculos, ese esfuerzo permitiría disponer en dicho año de unos 1.400 millones de euros adicionales respecto a un escenario tendencial.

Serrano explicó durante la presentación que el objetivo equivaldría a incrementar la inversión aproximadamente 350 millones de euros anuales respecto a lo que se gastaría sin esa medida. Al aclarar posteriormente las cifras del escenario, precisó que “esos 1.400 millones de euros de gasto en medicamentos innovadores adicionales a lo que teníamos pensado gastar en 2030 generarían en ese año unos 800 millones de euros de ahorro”.

La repercusión económica también alcanzaría a la actividad productiva. La consultora estima que esa inversión generaría unos 1.345 millones de euros de valor añadido para la economía española y contribuiría a crear alrededor de 2.800 empleos industriales, además de mantener otros 13.600 puestos en las empresas vinculadas a la cadena de valor farmacéutica. El impacto agregado sobre el empleo alcanzaría los 16.468 puestos generados o sostenidos.

Estas magnitudes corresponden a una simulación económica y no a compromisos presupuestarios aprobados. Farmaindustria utiliza el escenario para ilustrar que una mayor financiación de los medicamentos innovadores podría producir retornos económicos y ahorros en otras partidas públicas.

La patronal tampoco plantea recuperar un acuerdo general que vincule el crecimiento del gasto farmacéutico a la evolución del PIB. Ante una pregunta sobre esa posibilidad, Yermo respondió que “no lo estamos considerando en absoluto” y defendió un sistema capaz de reconocer el distinto valor terapéutico de cada medicamento.

La posición de Farmaindustria apunta así a una doble transformación. Por un lado, ampliar los recursos disponibles para financiar la innovación. Por otro, sustituir una visión centrada exclusivamente en el control de la factura farmacéutica por otra que incorpore el valor de los tratamientos y los beneficios que generan para el conjunto de la sociedad y de las cuentas públicas.