La sanidad capea la huelga entre mínimos estrictos y disparidad de datos de seguimiento

La disparidad entre las cifras oficiales aportadas por las administraciones públicas y las estimaciones sindicales, se ha convertido en la tónica que ha marcado la huelga general que ha tenido lugar este pasado miércoles. Mientras las consejerías autonómicas situaron el seguimiento en porcentajes reducidos, en la mayoría de los casos por debajo del 10%, las centrales de trabajadores defendieron una adhesión notablemente superior y criticaron la amplitud de los decretos reguladores. En el ámbito de la farmacia comunitaria, la jornada transcurrió con práctica normalidad al igual que en la distribución mayorista y las áreas hospitalarias gracias a unos servicios mínimos que blindaron la dispensación y los tratamientos no aplazables.

En la red asistencial pública, los registros autonómicos reflejaron una incidencia contenida a lo largo de los distintos turnos. El Servicio Extremeño de Salud (SES) cuantificó el seguimiento de sus profesionales en el 2,24 %, una cifra que se situó en el 1,9 % en los organismos centrales de la Consejería de Salud y en el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad). Por su parte, la Junta de Castilla y León computó una participación del 3,84 % en sus instituciones sanitarias, mientras que la Consejería de Sanidad de Canarias la fijó en torno al 5,4 % en los centros del Servicio Canario de la Salud.

En la Comunidad de Madrid, el gobierno regional notificó un seguimiento del 9,54 % en el conjunto del sector público a media jornada. Estas cifras contrastaron de forma directa con la valoración emitida por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), que elevó la participación media en el conjunto de la sanidad pública y sociosanitaria estatal al 38 %. La organización sindical justificó esta discrepancia al denunciar que las coberturas esenciales fijadas por los distintos ejecutivos resultaron abusivas, con plantillas equivalentes a domingos, festivos o turnos de guardia que imposibilitaron a un mayor número de sanitarios secundar formalmente el paro convocado. En Cataluña, el seguimiento, según la Administración, quedó en el 6,4% del personal sanitario, y en Andalucía se fijó a primera hora de la mañana, en el 4%.

A pesar de las discrepancias numéricas entre administraciones y sindicatos, el impacto asistencial directo en los centros sanitarios se mantuvo acotado. La actividad en los hospitales se concentró en la atención urgente y en las áreas de hospitalización bajo la cobertura estricta de las plantillas fijadas por ley. En el primer nivel asistencial, los centros de salud registraron ausencias puntuales pero conservaron la atención de urgencia y la mayor parte de las consultas programadas prioritarias, sin que se reportasen incidencias operativas graves a lo largo del día, según se informa desde la mayoría de los sistemas autonómicos.

El comportamiento del sector farmacéutico se caracterizó por una estabilidad casi absoluta en todos sus eslabones. La red de oficinas de farmacia funcionó en régimen de apertura prácticamente plena en todo el territorio nacional. Los titulares y las plantillas priorizaron la condición de las boticas como servicio asistencial y esencial de salud pública para no interrumpir el acceso a los tratamientos de los pacientes crónicos ni desatender las demandas sobrevenidas. En aquellos establecimientos donde parte de los trabajadores ejerció su derecho a la huelga, la actividad continuó mediante personal de sustitución y la cobertura directa asumida por los propios farmacéuticos titulares.

Actividad en boticas y almacenes

Las instituciones colegiales respaldaron este funcionamiento regular y recordaron el marco normativo aplicable a la profesión. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) defendió la apertura ininterrumpida de los establecimientos sanitarios por su consideración legal de servicio público y asistencial de primer orden. Con el propósito de informar a los usuarios y evitar confusiones, el colegio madrileño distribuyó cartelería informativa específica en la que se comunicaba la continuidad de la atención farmacéutica. En la misma línea, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) remarcó la obligación de sostener la dispensación ordinaria y cumplir con las guardias reglamentarias sin alteraciones que afectasen a la seguridad del paciente.

La distribución farmacéutica mayorista operó bajo exigencias administrativas elevadas que evitaron cualquier riesgo de desabastecimiento en la red de farmacias y centros hospitalarios. Los distribuidores ejecutaron sus planes de contingencia para preservar la cadena del medicamento. En comunidades como la Región de Murcia, los decretos autonómicos obligaron a mantener hasta un 90 % de los efectivos en áreas neurálgicas como aprovisionamiento, almacén, transporte y atención al cliente, junto con un 70 % en los departamentos restantes, lo que permitió completar las rutas habituales de suministro.

En el ámbito hospitalario, los servicios de farmacia trabajaron bajo mínimos integrales para blindar los procesos críticos. Los profesionales aseguraron la validación y preparación de esquemas de quimioterapia, mezclas de nutrición parenteral, medicación para unidades de cuidados intensivos y la entrega a pacientes externos de fármacos de uso hospitalario. En la industria farmacéutica y las plantas de fabricación, la repercusión resultó dispar y vinculada a los turnos laborales; en instalaciones como las de León Farma, los sindicatos reportaron paros cercanos al 50 % en el inicio de los turnos nocturnos, mientras las líneas continuas se ajustaron a los protocolos de seguridad industrial.