El jefe del Área de Diseños Industriales en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Gerardo Penas, ha indicado que los requisitos añadidos por los cambios en la ley de patentes pueden provocar un descenso acusado de éstas en España.
Penas ha participado en el curso 'Buenas prácticas en Transferencia Tecnológica Academia-Industria', que se ha desarrollado dentro de las actividades académicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
El especialista ha analizado la situación de los derechos de autor, la propiedad industrial e intelectual, así como los cambios en la legalidad de la transferencia de tecnología entre las instituciones públicas y privadas. Además, ha determinado la importancia de las patentes en multitud de actos cotidianos y cómo este cambio legal afectará al futuro del país.
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“Actualmente hay 350 patentes provenientes de investigaciones en universidades españolas”, ha afirmado el especialista, quien ha utilizado este dato para señalar cómo, con la reforma en la fase de examen de las concesiones, “en el futuro la cifra se desplomará notoriamente”. Según el ponente, el número de patentes que las instituciones públicas de un país son capaces de generar es un indicador de su I+D y, este cambio, “perjudicará al caso español, que descenderá en todas las clasificaciones de innovación”, ha sentenciado.
Penas ha puesto el foco en la escasez de información sobre la situación legal de las patentes y su importancia en industrias tan influyentes como la farmacéutica, así como en actos cotidianos como la compra de medicamentos.
Según indicaba en una conversación con Diariofarma al término de la sesión en Santander, los médicos de atención primaria solo estaban capacitados en 2017 para recetar la versión genérica de pregabalina en ciertos usos terapéuticos cuya patente ya había caducado. Por el contrario, existían restricciones para su uso terapéutico en dolor neuropático periférico y central en adultos, que contaba con la protección de una patente española que otorgaba un periodo de exclusividad que finalizó el 16 de junio del año pasado. La Comunidad tuvo que enviar una carta al respecto para evitar confusiones.
Examen adicional, burocracia añadida
La solicitud de patentes en España requerirá con los cambios en la ley un examen obligatorio (antes opcional) que haría que las instituciones o compañías con aspiraciones a comercializar la terapia patentada en otros países tengan que someterse a otro examen adicional de la Agencia Europea de Patentes.
En opinión de Penas, los cambios también incrementarán la carga de trabajo sobre los investigadores. “Se espera de ellos que investiguen, que “comercialicen” o den a conocer su trabajo y el de la institución en la que trabajan… Ahora, además deben informar de potenciales patentes cuando sus investigaciones concluyan, y arriesgarse a ser penalizados si no lo hacen, perdiendo los derechos sobre la patente”.