¿Por qué es bueno el fin de las subastas andaluzas?

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

Si todo sucede como se ha anunciado, en unos pocos meses las subastas de Andalucía serán historia. Es cierto que para acabar con ellas del todo se deberá pasar por el largo trámite parlamentario de cambiar la Ley de Farmacia de Andalucía, pero a corto y medio plazo se irá actuando para no convocar nuevas ediciones y se analizará la posible denuncia de los convenios firmados.

La manera de afrontarlo y el momento será algo que los nuevos responsables de la Consejería de Salud de Andalucía tendrán que analizar con los servicios jurídicos. Por ello, ahora me gustaría analizar los motivos por los que es una buena idea acabar con las subastas.

Las subastas nacieron en diciembre de 2011 tras unos meses de tira y afloja con el sector e incluso con el Ministerio de Sanidad, entonces del PSOE. La primera intención de la Junta de Andalucía era modificar el precio, algo que chocaba frontalmente con las competencias del Gobierno central en materia farmacéutica. Finalmente se decantaron por un sistema de aportaciones posteriores a la venta que, no obstante, ha sido uno de los peores pecados de la subasta por su opacidad.

Una cuestión clave en esos primeros meses de vida de las subastas es que enseguida se convirtió en un punto de conflicto político entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad. En los primeros meses se sucedieron diversos recursos judiciales en varias vías, con imposición de suspensiones cautelares en diferentes ocasiones e incluso denuncias de presiones por parte del Ministerio de Sanidad a las compañías que se presentaban a las subastas.

La vía judicial vio frenadas muchas de las expectativas de los que luchaban contra las subastas en diciembre de 2016, cuando el Tribunal Constitucional sentenció que no había invasión de competencias.

La falta de suministro

Pese a este varapalo, la lucha ha tenido otros frentes como son los perjuicios a los pacientes, motivados por los frecuentes desabastecimientos que se han producido, los perjuicios a los farmacéuticos por la menor flexibilidad en la gestión de los stocks y por tener que hacer frente a la falta de suministro. Por último, la mayor parte de la industria de genéricos también se ha visto expulsada del mercado andaluz, aunque ha estado siempre pendiente para cubrir las faltas en el suministro de los adjudicatarios.

Esta cuestión de la falta de suministro ha sido central en todo el debate de las subastas, especialmente en los últimos 3-4 años. Creo que la Junta de Andalucía ha ninguneado el problema y nunca lo ha aceptado en público. Se ha acogido al argumento de que los medicamentos de las subastas no aparecían en los listados de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), cuando esos listados se confeccionan con la información de las comunidades autónomas y de los laboratorios. Por ello, nunca dieron por buenos los informes del Cismed del Consejo General de COF acerca de la falta de suministro.

Pero, ¿por qué la Consejería de Salud de Andalucía no se preocupaba (al menos de cara a la galería) de los desabastecimientos? Pues primero porque sería tanto como reconocer que su sistema no funcionaba y, por otro, porque había establecido un sistema, según el cual, seguía cobrando del laboratorio adjudicatario aunque se dispensara otra especialidad en caso de desabastecimiento.

Límite del 85%

No obstante, llegó un momento en que la situación era tan alarmante que se vieron obligados a poner sanciones a quien no suministrara adecuadamente más del 85%. El resultado fue llamativo, ya que hasta un 53% de las adjudicaciones en la décima subasta tenían situación de abastecimiento deficiente.

Las sanciones por no cumplir con el suministro no se conocían y no eran públicos los baremos para su cálculo, hasta que en el pasado verano y a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria se vio, por primera vez, la existencia de sanciones.

Otro aspecto que ha sido muy polémico en los últimos años ha sido el ahorro real obtenido a través de las subastas y su destino. Las últimas cifras rondaban ya los 600 millones de euros y algo más de 100 millones anuales. El problema es que esas cuantías, nada despreciables, no se encontraban en ningún sitio. Ni en los presupuestos ni en los informes de la Cámara de Cuentas. Llama la atención que una partida de 100 millones de euros no merezca ni una línea en un informe de 684 páginas de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas de la Junta de Andalucía.

Una cuestión más por la que no creo aceptable el sistema de las subastas andaluzas es porque no eran eficientes a la hora de obtener descuentos. En varias de las ediciones no se superó el 1% de mejora en un tercio de las adjudicaciones y en otras no se alcanzó ni el 5% en la mitad de ellas. De este modo, con muy poco esfuerzo, algunas compañías se hacían con el control de una molécula para toda Andalucía.

Por todo ello, creo que es momento de hacer mucho más transparente la gestión de la prestación farmacéutica, buscar alternativas que no perjudiquen a los agentes del sector y, especialmente a los pacientes. Sé que no es fácil ya que las compras centralizadas, anunciadas en el acuerdo PP-Vox, no serán aplicables a los medicamentos afectados hoy en día por las subastas. Habrá que ver cuál es la propuesta que plantean los nuevos responsables sanitarios. Esperemos que no sea salir de la tierra del presidente, Juan Manuel Moreno, Málaga para ir a Malagón.

José María López Alemany es director de Diariofarma.