Tras las dudas surgidas entre PSOE y Unidas Podemos hasta este mismo lunes, finalmente ha habido acuerdo entre los socios de Gobierno y este martes el Consejo de Ministros ha podido dar luz verde al Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Se trata de las terceras cuentas aprobadas por el Ejecutivo de coalición y las últimas de la presente legislatura.
El Ministerio de Sanidad contará con un total de 3.010 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% con respecto a este año (2.828 millones), dentro de la línea expresada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero de “blindar el estado de bienestar”. Si bien, el conjunto de las cuentas públicas, incluyendo las partidas que asumen otros ministerios, las cuantías destinadas a políticas y programas sanitarios ascienden hasta los 5.511, una cantidad muy similar a la de 2022, con un 1,4% de incremento.
A falta de determinaciones más precisas sobre cada una de las partidas, la ministra Montero ha destacado dentro del ámbito sanitario, los 172 millones destinados a Atención Primaria y la la aprobación de 500 millones de euros que se destinarán a “infraestructuras en Atención Primaria y Salud Mental”.
Según ha indicado, una vez que el Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología Sanitaria (INVEAT) se ha centrado en los primeros años en la renovación de equipos de centros hospitalarios, “ahora apostamos por el nivel que da mayor cohesión al sistema”, en referencia a Atención Primaria.
También ha señalado los 50 millones de euros que se destinarán a Universidades “al objeto de incrementar en 1.000 el número de plazas para estudiantes de Medicina de primer año”, cuya necesidad surgen, según manifiesta Montero, de “la necesidad derivada de seguir universalizando nuestro nivel asistencial y ayudar a que las comunidades autónomas y Universidades pongan el foco en incrementar el número de alumnos que estudian Medicina, y reducir los números clausus, que a muchos jóvenes impide cumplir con su vocación”.
En términos generales, los presupuestos para el próximo año, según María Jesús Montero están “pensados y dirigidos a los ciudadanos”, ya que “la defensa del Estado del bienestar es la condición necesaria para blindar el crecimiento económico” y ha calificado la aprobación de 266.719 millones de euros para gasto social, “la mayor partida de la historia”, de forma que “6 de cada 10 euros” de los PGE se dedican a esta cuestión.