“Blindaremos la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros”. Con esta frase, que encabeza las propuestas de ámbito sanitario, el acuerdo de Gobierno firmado este martes PSOE y Sumar da luz verde, al menos en el papel, al desarrollo y la aprobación de la Ley de Equidad, una norma que inició su tramitación en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura pero no llegó a aprobarse dado que fue uno de los puntos de fricción entre las formaciones que sustentaron el Gobierno.
En el acuerdo que Pedro Sánchez por el PSOE y Yolanda Díaz por Sumar, ambos presidente y vicepresidenta en funciones del actual Gobierno, parecen haber dejado atrás las diferencias que PSOE y Unidas Podemos han mantenido en torno a una norma que, en su momento, llegó a ser calificada como una ley que iba en contra del acuerdo de coalición alcanzado en 2019 y que posibilitó el Ejecutivo de la actual legislatura.
A ojos, entonces de Podemos, el texto de la norma no establecía "límites reales a la privatización”, mientras que el PSOE defendía que el modelo “da prioridad a la gestión directa de los servicios sanitarios”, aunque abre la posibilidad a que en causas concretas, las comunidades puedan establecer conciertos en situaciones determinadas, que además deberán ser comunicadas la Consejo Interterritorial del SNS.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 y enviado al Congreso donde en septiembre afrontó su primer debate en septiembre. En esa ocasión el PSOE contó con el apoyo de Junts y PDeCAT, ERC, Más País, ERC y parte del Grupo Mixto, además de Podemos que finalmente retiró su enmienda a la totalidad, condicionada a llegar a un futuro acuerdo con el PSOE para poner límites a los conciertos sanitarios, dentro de la negociación parlamentaria.
Por tanto, la que también fue conocida por ‘Ley Darias’ salvó por los pelos su primer embate parlamentario; si bien quedó postergada a la negociación entre dos partidos, de la cual no se conoce ningún resultado. Durante un año entero, con la salvedad de dos procesos electorales, uno de ellos nacional, ni PSOE, ni primero Podemos y luego Sumar, han hecho la más mínima referencia al estado de estas negociaciones.
Cabe entender que con el acuerdo firmado este martes, o bien PSOE, o bien Sumar han cedido en sus planteamientos originales, si bien en ningún caso ni Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz han aportado ningún detalle al respecto.
Por lo demás, Sánchez y Díaz han mantenido un tono distendido y cordial, esperable en dos personas que han compartido Consejo de Ministros desde hace cuatro años y cuyo acuerdo se daba prácticamente por descontado desde el momento mismo que se conocieron los resultados electorales del pasado mes de julio.
A la hora de ponerle voz al pacto, al menos en el ámbito sanitario ambos líderes se han mostrado monocordes en sus afirmaciones. "La sanidad es una de las mayores preocupaciones de los españoles", un ámbito que es "un derecho para todos los ciudadanos, no una mercancía", ha asegurado Díaz en su intervención tras la firma asegurando además que el acuerdo es “un compromiso con el país”. La líder de Sumar afirma que este pacto ofrece “frente a la deriva de privatización sanitaria la defensa de la sanidad pública y revitalizar la Atención Primaria”.
Por su parte, Pedro Sánchez ha calificado el acuerdo en su conjunto de “progresista” y ha indicado que, en el plano sanitario, todas las medidas obedecen a tres rasgos: “están sustentadas en el aval de la ciencia, persiguen aspiraciones recogidas en la Constitución y son compartidas por la mayoría social del país".
Fortalecer el sistema
El acuerdo firmado este martes resulta prácticamente un calco, en el plano sanitario, del firmado hace ya cuatro años, en aquel momento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Quizá una de las ausencias más notorias sea la omisión de incrementar los presupuestos sanitarios en un tanto por ciento sobre el PIB, como se reclamó en la anterior ocasión, hasta el 7%, si bien esta desaparición se explica perfectamente con la previsión del congelamiento del crecimiento presupuestario que el Gobierno ya ha anunciado para 2024 y que previsiblemente marcará la norma en las cuentas públicas de los próximos años. Tampoco hay referencias a "reorientar las políticas de la industria farmacéutica" como se decía en 2019, ni una referencia, por mínima que sea, a los planes legislativos que tiene el Gobierno en relación a la Ley de Garantías o el papel que finalmente jugará la Agencia Estatal de Salud Pública, entre otros.
En cuanto a las medidas, resultan ser acuerdos genéricos que deberán ser plasmados después en la realidad política y normativa, como ya ocurre en algunos de los compromisos de 2019 que se vuelven a repetir en el pacto de 2023 como si no hubieran pasado cuatro años.
Plan de choque contra la atención primaria, mejora de los recursos humanos, mejora de listas de espera, la propia universalidad del sistema son objetivos prácticamente calcados a los que ahora además se unen el añadir nuevas prestaciones a la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública (salud bucodental, salud visual, salud mental). En concreto se garantizará el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos.
También hay un compromiso, acorde con los Fondos Europeos, por mantener los planes de renovación de la tecnología sanitaria, aunque sin especificar demasiado y una “integración” de las necesidades de las enfermedades raras “en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento”, exactamente la misma frase que se fijó en el acuerdo de 2019.
Además se comprometen a desarrollar los instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia, garantizando la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables.
Finamente, el documento asegura que se aprobará, en coordinación con las CCAA, una norma estatal para la mejora de la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. La normativa, además, regulará la oferta en las máquinas vending y puntos de venta en centros educativos para que sea saludable.
Tras este primer paso, los nuevos socios de Gobierno se encaminan a conseguir el resto de los apoyos parlamentarios con los socios independentistas antes de que el mes de noviembre expire el plazo de investidura que tiene Pedro Sánchez y el país se vea abocado a unas nuevas elecciones.
Nicolas Gonzalez Casares: