El TS dirimirá el alcance de la transparencia en precios y financiación de medicamentos

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación que le permitirá dirimir uno de los debates más sensibles de la política farmacéutica española: el alcance de la transparencia en los precios y las condiciones de financiación pública de los medicamentos. El pronunciamiento que se espera del alto tribunal tendrá un impacto directo en la relación entre la Ley de Transparencia y la normativa específica del medicamento

El Auto, fechado el 17 de diciembre de 2025, abre la vía para que el Supremo fije doctrina tras apreciar interés casacional objetivo en la controversia. El origen del litigio se sitúa en una solicitud de acceso a la resolución administrativa que fijó el precio y las condiciones de financiación del medicamento Luxturna, desarrollado por Novartis, dentro del Sistema Nacional de Salud.

La controversia jurídica enfrenta, de un lado, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y a Civio y, de otro, al Ministerio de Sanidad y a la industria farmacéutica. En el centro del debate se encuentra el artículo 97 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que declara confidencial la información técnica, económica y financiera aportada por los laboratorios en los procedimientos de fijación de precios.

La Audiencia Nacional estimó en abril de 2025 el recurso de apelación interpuesto y consideró que ese precepto configura un régimen legal de confidencialidad que opera con carácter preferente frente a la Ley de Transparencia. A su juicio, la divulgación del precio financiado y de las condiciones asociadas permitiría inferir datos estratégicos sobre costes, márgenes y esquemas de negociación, lo que comprometería tanto los intereses comerciales de las compañías como la posición negociadora del propio Sistema Nacional de Salud.

Frente a esta interpretación, los recurrentes sostuvieron que el citado artículo no establece un régimen completo de acceso a la información, sino un límite que debe aplicarse conforme a los criterios de proporcionalidad previstos en la Ley de Transparencia. Además, defendieron que la confidencialidad pierde intensidad una vez que el procedimiento de fijación de precios concluye y se adopta la decisión administrativa definitiva.

Cuestiones de interés casacional

El Supremo considera ahora que estas cuestiones presentan un alcance general que trasciende el caso concreto y con ello justificó la admisión del recurso para aclarar tres aspectos clave. En primer lugar, si la normativa farmacéutica configura un régimen específico de acceso a la información que desplace la aplicación de la Ley de Transparencia. En segundo término, si la reserva de confidencialidad alcanza también al precio financiado y a las condiciones de financiación. Por último, si esa confidencialidad se limita al proceso decisorio o se extiende una vez adoptada la decisión.

Este debate se produce en un contexto especialmente sensible para la política de precios del medicamento. En los últimos años, la discusión sobre la confidencialidad de los precios financiados se intensificó tanto en España como en el ámbito internacional. El retorno de políticas comerciales más proteccionistas en Estados Unidos, asociadas al planteamiento de Nación Más Favorecida impulsado por la Administración Trump, reavivó la preocupación por los efectos que una mayor transparencia podría tener en la fijación de precios de referencia a escala global.

En este sentido, aunque desde el Ministerio de Sanidad se decidió no seguir planteando recursos judiciales en esta cuestión, también se defendió una aproximación pragmática a la confidencialidad de precios como herramienta para preservar la capacidad negociadora del sistema público. Esta visión, como la planteada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, considera que, aunque la transparencia sea deseable, el primer país en dar el paso sufriría consecuencias negativas y, en este sentido, subrayó que la publicación de precios efectivos podría tensionar los procesos de negociación y encarecer el acceso a medicamentos innovadores en mercados con menor poder de compra.

El conflicto entre transparencia y confidencialidad no es nuevo, pero la decisión que adopte el Supremo marcará un antes y un después. De un lado, se encuentra el principio de publicidad de la actuación administrativa y el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. De otro, la protección de información sensible en un mercado altamente competitivo y globalizado, donde los precios financiados en un país pueden influir directamente en decisiones comerciales en otros territorios.