El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a revalidar dicho cargo, Pedro Sánchez, ha rechazado nuevamente la entrada de miembros de Unidas Podemos en un Consejo de Ministros presidido por él. Sánchez ha dejado clara esta posición a lo largo de la presentación del documento 'Propuesta abierta para un programa común progresista' con el que pretende forzar a Pablo Iglesias a apoyar un Ejecutivo desde fuera.
“La desconfianza no es una buena base para construir”, ha dicho, y ha añadido que PSOE y Podemos no comparten “tanto como para gobernar juntos, pero si lo suficiente para no darnos la espalda”. Por ese motivo, ha considerado que “cabe ser aliados leales”, como han sido “en el pasado”, y ha ofrecido a la formación morada un “acuerdo de gobernanza” que se concretaría, además de con el “apoyo externo” de los de Iglesias, en la asunción, por parte de personas de UP, de “responsabilidades capitales al frente de instituciones muy relevantes”, que, eso sí, quedarían fuera del Consejo de Ministros.
De este modo, se aleja la posibilidad, planteada incluso por Sánchez a lo largo de su discurso de investidura, de que el próximo ministro de Sanidad pudiera ser un miembro de Unidas Podemos.
Garantías de cumplimiento del programa
Durante su discurso, el presidente en funciones se ha afanado en trasladar a UP que está dispuesto a garantizar el cumplimiento de las medidas que se acuerden entre ambos grupos. “Si el problema es de desconfianza, construyamos la confianza. Si el problema es de garantías sobre el grado de cumplimiento, fijemos la fórmula para evaluar y verificar la acción de Gobierno”.
Por ello, ha comprometido la “creación de un sistema de garantías, con evaluación y verificación del cumplimiento del acuerdo”. En concreto, ha propuesto la creación de una Oficina de cumplimiento del acuerdo, dependiente del Ministerio de Hacienda, además de la creación de comisiones de seguimiento y actualización del acuerdo, en Congreso y Senado, “para verificar y actualizar el contenido” y un “mecanismo de verificación reforzado en el que participe la sociedad civil”.
Así, la oferta a Unidas Podemos estaría compuesta de tres pilares fundamentales: un programa acordado, garantías de cumplimiento y acceso a puestos de poder.
Propuesta de 370 medidas
En lo que se refiere a dicho programa, éste ha sido presentado por Sánchez y contiene un total de 370 medidas. El presidente en funciones lo ha calificado como una propuesta “abierta al diálogo con otras fuerzas progresistas” con el objetivo de dar respuestas a los seis grandes retos que ya expuso en su discurso de investidura del pasado mes de julio: empleo digno y sostenibilidad del sistema de pensiones; revolución tecnológica y el impacto que va a tener en el sistema educativo y en el mercado de trabajo y las relaciones interpersonales; emergencia climática; igualdad entre hombres y mujeres; justicia social; y una España autonómica fuerte en una Europa sólida.
El ámbito de la justicia social engloba una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario, bajo el epígrafe de “derecho a la salud y asistencia sanitaria”. En total son 24 las propuestas, que en su mayor parte ya estaban, lógicamente, recogidas tanto en el programa electoral del PSOE como en la ‘Propuesta Abierta de Cooperación para un Gobierno Social, Feminista, Ecologista, Europeísta y Progresista’ que el PSOE planteó a la formación morada a mediados de julio para tratar de alcanzar un acuerdo que llevara a Sánchez a La Moncloa.
En su intervención, el secretario general del PSOE solo ha mencionado tres de ellas: “Eliminar los copagos progresivamente, incorporar salud bucodental a la cartera de servicios y no olvidar al colectivo con VIH”.
En relación con los copagos, la propuesta socialista establece que la eliminación de los copagos se empezará por “pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, y con el compromiso de que, al final de la Legislatura, se hayan eliminado los copagos establecidos en 2012 y establecido garantías para que no puedan introducirse otros nuevos”.
También se compromete al desarrollo de la Ley General de Salud Pública 33/2011 “para impulsar definitivamente la salud pública y comunitaria con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud”, así como a incrementar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, “alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6% del PIB en sanidad al 7% del PIB en 2023”, explica el documento.
Medicamentos
En relación con el ámbito farmacéutico, las propuestas del PSOE incluyen la incorporación de la “profilaxis preexposición (PrEP por sus siglas en inglés) en la cartera común del SNS de acuerdo con las indicaciones científicas y médicas pertinentes”; la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan”, y la incorporación de “las posibilidades terapéuticas y organizativas en relación con la atención al cáncer infantil y adolescente para incrementar la supervivencia”, para lo que se comprometen a elaborar un Plan de atención integral conjunto del SNS.
Las terapias avanzadas también ocupan un hueco en la propuesta socialista. Afirman que reforzarán el Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el SNS “para garantizar la equidad en el acceso a la innovación y la cohesión del SNS, impulsar la investigación pública y la fabricación propia de los nuevos medicamentos CART contra el cáncer en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad".
Otra de las medidas relevantes incluidas en el documento es el compromiso para orientar “las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios”.
El documento también alude a medidas que ya se han puesto en marcha, como es el caso del decreto de prescripción enfermera, la universalización del SNS o la erradicación de las pseudoterapias y el combate a los grupos antivacunas.
Por otro lado, en las 370 propuestas también se incluye la introducción progresiva de la atención bucodental, avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado durante la última legislatura.
En materia de financiación del SNS se comprometen a aumentarán “los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria, suspendido por el gobierno anterior, que facilite la movilidad de la ciudadanía para la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, así como el desarrollo del FOGA para garantizar el acceso de toda la población a los mejores diagnósticos y tratamientos del SNS, independientemente del lugar de residencia”. A este respecto, cabe recordar que el proyecto de presupuestos elaborado por Sánchez y cuya falta de aprobación propició la convocatoria de elecciones no cambió nada del fondo de cohesión anterior y mantuvo su naturaleza extrapresupuestaria.
Por último, el PSOE también explica que avanzarán en el “blindaje" del sistema público de salud, "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello se “revisará” la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, e “impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley”.
Financiación y competencias autonómicas
Sánchez también ha querido comprometerse a dos importantes aspectos relacionados con las comunidades autónomas. Por un lado, la actualización del nuevo sistema de financiación y, lo que es más importante, el establecimiento de un “estado autonómico renovado” que se “asentará en el reconocimiento expreso de los instrumentos y procedimientos de colaboración y coordinación que favorezcan las relaciones del Estado con las comunidades autónomas, y de éstas entre sí, como son: la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales, los convenios de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y de éstas entre sí, además de la trasformación del Senado”.
A este respecto, el documento del PSOE señala que impulsarán una “clarificación del reparto competencial” y que promoverán “la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas, cuando afecte al interés general, así como el intercambio de información para favorecer una auténtica integración”.
Además, plantean el desarrollo y “previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas”.
I+D+i
En materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la propuesta socialista concreta que aumentarán la inversión pública en I+D+i y estimularán la inversión privada, “de manera que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura”
Para ello, se incrementarán las partidas de inversión, se eliminarán trabas burocráticas para reducir la carga administrativa, se aumentará la facilidad de contratación, así como “mecanismos e incentivos para que la investigación académica, la transferencia de conocimiento y la innovación puedan convertirse en un medio más activo en la cadena de valor industrial y empresarial y en auténticos motores del progreso de nuestra sociedad”.
Nicolas Gonzalez Casares: