El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, sobre el que recae la competencia de la gestión de las mutualidades de funcionarios, ha dado un nuevo paso en la gestión del ‘atolladero’ en el que se ha convertido la continuidad de Muface como entidad gestora de la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios. Si el lunes, el Ministerio de Sanidad (Mónica García, Sumar) sacaba un escueto informe en el que valoraba la posibilidad de integrar a todas esas personas en el sistema público del resto de españoles, este miércoles, el Ministerio dirigido por Óscar López (PSOE), ignorando el documento de Sanidad, parece mostrar un atisbo para reconducir la situación y ofrece una consulta a las aseguradoras para realizar una nueva oferta. La primera pregunta que les plantea es que trasladen el precio por el que prestarían la asistencia sanitaria a los mutualistas.
La consulta está abierta a todas las aseguradoras y ha comenzado a las 12:00 horas de este miércoles y tiene un plazo de respuesta de diez días y las empresas podrán presentar las primas por tramos de edad y justificar los precios.
El objetivo es lograr realizar un nuevo concierto antes de que venza el actual (el 31 de enero) y se tenga que aplicar la Ley de Contratos del Sector Público y obligar a las aseguradoras actuales. Adeslas, Sanitas y DKV a continuar prestando el servicio por un plazo máximo de nueve meses más.
La situación ha cogido de sorpresa a las aseguradoras, sobre todo tras dejar desierta la licitación el pasado día 5, ante la a su juicio, escasa subida que planteaba el Gobierno para el acuerdo de los dos próximos años. El Gobierno ofrecía un 17%, mientras que las compañías planteaban aumentos entre el 23% y el 40% para hacer el concierto viable.
A partir del día 5 se han ido sucediendo los acontecimientos, a veces contradictorios, como es el hecho de que Función Pública anunciara un proceso de renegociación para sacar adelante una nueva licitación, mientras que el Ministerio de Sanidad anunciaba y presentaba un informe en el que aseguraba que podría hacerse con la demanda que absorbería la sanidad pública en caso de que el concierto se desmantelara.
En medio, los funcionarios, los sindicatos, las entidades de aseguramiento privadas y las comunidades autónomas, reaccionaban primero con perplejidad y posteriormente con franca oposición ante los que denominan el “desmantelamiento” de un servicio que ha sido ejemplar durante casi un cuarto de siglo y que ha estado siempre en el punto de mira de uno de los socios del Gobierno central: Sumar.
El nuevo paso dado por Función Pública abre un nuevo resquicio a la continuidad de Muface, pero eso sí la valoración que puedan hacer las aseguradoras, está, al menos en la línea de salida, muy lejos de la oferta que planteó el Ministerio. Quedan diez días para ver si las partes llegan a un acuerdo.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: