El ‘Asunto Muface’ ha vuelto a dar este jueves un nuevo giro de guión político. Si el pasado martes el ministro de Función Pública, Óscar López en la rueda de prensa del Consejo de Ministros aseguraba que la segunda licitación para el concierto sanitario de Muface estará en marcha “antes de final de año”, este jueves el socio minoritario del Gobierno, Sumar, esta vez por vía parlamentaria, ha presentado una iniciativa para reclamar al Gobierno que se ponga a trabajar ya en el traspaso de los mutualistas a la sanidad pública.
En concreto el grupo Plurinacional Sumar ha presentado una iniciativa para que el Ejecutivo cree una comisión interministerial, liderada por el Ministerio de Sanidad, para iniciar la ‘absorción’ de los mutualistas, en la línea del informe que ya presentó el departamento que dirige Mónica García, en noviembre y que basaba el criterio de dicha absorción en que el modelo mutualista de Muface, hoy por hoy no es sostenible.
Eso sí, proponen además, como también se indicaba en el informe que el presupuesto destinado a las mutualidades se traslade de forma íntegra a las comunidades autónomas para que sirva para paliar la carga de usuarios. La iniciativa establece esa cuantía en 2,436 millones de euros y se basa en la última estadística del Gato Sanitario Público de 2022. Como referencia, la oferta que presentó el Estado y que quedó desierta el pasado día 5 contemplaba 1.337 millones para 2025; 1.344 en 2026. Esta licitación suponía un incremento de 303 millones de euros, con respecto a 2024 y un aumento del 17% de las primas en conjunto (un 16,5% en 2025 y un 0,625 en 2026).
Tras la consulta planteada a las aseguradoras el pasado ´día 4, el informe final realizado por Muface se abría a un posible incremento de la prima.
La presentación de esta iniciativa vuelve a poner de relieve las diferencias que en esta cuestión mantienen los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar. De hecho Sumar lleva en su programa electoral la desaparición de todas las mutuas del Estado.
La transición deberá ser “acelerada” y en ella deberá concurrir la prórroga de nueve meses de la Ley de Contratos del Sector Público prevé para los licitadores con la administración y que en este caso afectaría a las actuales aseguradoras, Adeslas, DKV y Asisa. El concierto actualmente en vigor espira el día 31 de enero. Conviene recordar que según esa misma norma, el Gobierno podría aplicar la prórroga, siempre que se mantengan una serie de condiciones, como es la elaboración de la licitación al menos 15 días antes de que se aplique dicha prórroga.
La iniciativa también abarcaría a Isfas y Mujeju (las mutuas de Fuerzas Armadas y Judicial), aunque estas irían en un proceso paralelo. Y asegura que la transición se debería hacer de forma adecuada, aplicando las prórrogas extraordinarias que fueran necesarias para la continuidad asistencial de los pacientes.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad:
MUFACE ha dado ejemplo de eficacia con sus pacientes. Es necesario que permanezca para el bien de sus funcionarios.
Esa medida no mejorará nada la sanidad pública.