El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al proyecto de ley de la nueva Ley de Industria, una norma que ‘renueva’ el texto normativo vigente desde 1992 y que según ha explicado el ministro de Industria Jordi Hereu, aporta muchos conceptos que hace 32 años, como la carbonización, la prevención del medio ambiente o el papel del Estado que en aquella época “eran impensables”. La ley se adentra en el concepto de ‘Estado emprendedor’; una forma de identificar el papel de la Administrador como un jugador económico más y no un mero cliente en la prestación de servicios.
El visto bueno de la futura norma se consigue tras el acuerdo entre los dos socios de Gobierno (Sumar y PSOE) para que el texto del nuevo proyecto incluya fórmulas para evitar las deslocalizaciones de empresas. Sumar ha conseguido incluir dentro del proyecto de ley la devolución de las ayudas públicas. Según explica Hereu la clave que ha permitido el acuerdo interno en el Gobierno pasa porque aquellas empresas que han recibido ayudas por más de 3 millones en subvenciones tendrán que establecer la actividad durante un periodo establecido.
Para Hereu la nueva norma es una “oportunidad para la política estratégica industrial de España” dentro del contexto europeo por la reindustrialización y la autonomía estratégica europea. Las principales novedades destaca esa penalización de la deslocalización por la que toda compañía que reciba ayudas deberá avisar al Gobierno con nueve meses de antelación antes de iniciar el deslocalizar sus instalaciones. Además, el Ejecutivo con los sindicatos y la comunidad autónoma estudiarán alternativas a esa marcha de la empresa.
Además, en el caso de haber recibido ayudas superiores a tres millones de euros, la empresa deberá devolverlas al menos en el 65% en un periodo pactado de 3 a 5 años.
Hereu asegura que esta ley es “un cambio de paradigma” que da al Estado un papel activo en la tarea de reindustrializar España , basado “en generar oportunidades de equidad social y equidad territorial y garantizar nuestra autonomía estratégica”. El proyecto de ley que no se limita a poner al día la normativa “sino que quiere ser una ley que suponga un antes y un después de la industria española”.
Otra novedad de la ley es la creación del Consejo Estatal de Política Industrial, un nuevo órgano consultivo y de coordinación de los ministerios. Este es el Consejo estatal que coordinará la política industrial del gobierno y se añade a órganos como la conferencia sectorial o el Foro de alto Nivel de la industria, que es la interrelación entre gobierno y los sectores industrial”.
También se creará la Reserva Estratégica de las capacidades nacionales de producción. “Se trata de un mecanismo mediante el cual definiremos un catálogo de productos y capacidades industriales e identificaremos aquellas empresas que puedan producirlos, de manera que ante una situación de crisis, puedan movilizarse todas esas capacidades de producción para satisfacer necesidades básicas”, ha indicado el ministro. En este catálogo, entre otros sectores, se incorporará el farmacéutico, dentro del contexto de la reserva estratégica de medicamentos críticos.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: