Extracto del Acuerdo para un Gobierno reformista y de Progreso firmado entre Ciudadanos y PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
Pacto sanitario
- Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización.
Serán titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en el territorio nacional:
o Los españoles.
o Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, y los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España, en las mismas condiciones que los españoles.
o Los demás extranjeros que se encuentren en España, que tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.
o En todo caso, las mujeres extranjeras embarazadas que se encuentren en España, tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.
o Los nacionales de Estados Miembros de la UE tendrán los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y los tratados y convenios que se suscriba por España y les sean de aplicación.
o Los nacionales de los Estados no pertenecientes a la UE tendrán también los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y los convenios internacionales.
En el caso de los nacionales de los Estados miembros de la UE, de acuerdo con la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, la atención se prestará de acuerdo con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y aplicando el sistema de tarifas vigente para su satisfacción por los respectivos países, en consonancia con la atención prestada por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
Se incorporarán sistemas eficaces de gestión para el cobro a los países respectivos de los servicios sanitarios prestados a los nacionales de países miembros de la OCDE conforme a lo que dispongan los Tratados internacionales.
- Recuperar la Tarjeta Sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.
- Reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario, sometido a criterios de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad y control, así como una evaluación pública periódica dando prioridad a entidades privadas sin ánimo de lucro.
- Reforzar el papel del Consejo Interterritorial, para lograr una eficaz codecisión y una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas.
- Gestión activa del gasto mejorando los procesos y la calidad del sector, con una visión estratégica del desarrollo futuro del Sistema Nacional de Salud, orientada al bienestar, la cohesión territorial y el impulso a la I+D+i.
- Converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía, en coordinación con las CCAA en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, que garantice el acceso en condiciones de igualdad efectiva a toda la ciudadanía y la preservación de la salud pública guiada por criterios científicos epidemiológicos.
- Plan de modernización de la atención a la salud mental, con atención especial a los servicios de salud mental infanto-juvenil.
- Desarrollar la Ley General de Salud Pública, como herramienta de cohesión territorial, de promoción y vigilancia de la salud, de prevención de enfermedades emergentes y de ordenación de la información en salud.
- Impulsar un proceso de evaluación independiente para el seguimiento de la calidad del sistema de acuerdo con las Comunidades Autónomas. En un Portal de Transparencia se recogerán datos e indicadores de calidad asistencial, terapéutica y eficiencia de los servicios en toda la red de centros de utilización pública para permitir la toma de decisiones de gestión y planificación.
- Aumentar la eficiencia del gasto impulsando un Plan Estratégico de Tecnología Sanitarias mediante un acuerdo con las Comunidades Autónomas y la implantación de un Plan Nacional de Big Data en Salud que proporcione indicadores y datos estadísticos comparados que permitan detectar disfunciones y diseñar una correcta asignación de recursos, una renovación tecnológica con criterios de evidencia científica y criterios de calidad y eficacia así como la identificación y eventual selección de los procesos que resulten más eficientes.
- Impulsar una Estrategia de Coordinación de los servicios sociales y sanitarios para obtener sinergias entre los dos sistemas.
- Planificación de las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud y de homologación profesional según la normativa europea. Desarrollar y potenciar nuevos roles para los profesionales de enfermería en el sistema público de salud para la asunción de mayores competencias clínicas.
- Incrementar la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios en todos aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren que pueden mantener un ahorro significativo por agregar sus necesidades de compra con otras Administraciones.
- Asegurar la Interoperabilidad de las diferentes herramientas de la e-salud en todo el sistema sanitario: tarjeta sanitaria común, receta electrónica e historia clínica común.
Desarrollar una política de eficiencia y ahorro en el gasto farmacéutico
- Desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico incorporando diferentes procedimientos en el seno del Consejo Interterritorial del SNS que garanticen la equidad en el acceso a medicamentos huérfanos y de uso compasivo y mejorar los tiempos de acceso a medicamentos. En aquellos casos con evidencia científica de su eficacia terapéutica pero que supongan un alto impacto económico sobre los PGE de los EEMM, promover la negociación con la industria farmacéutica por parte de los EEMM en el marco del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea.
- Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad.
- Identificar mejoras en las rutas asistenciales para los pacientes así como mecanismos de gestión participativa por los profesionales de la salud.
- Desde el apoyo al actual modelo de farmacia que permite el acceso de la población a los medicamentos, trabajaremos para ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas preventivos y de salud pública potenciando la actual colaboración del sector con el SNS.