Las profesiones sanitarias forman un bloque común frente al aumento de las agresiones

La sede de la Organización Médica Colegial (OMC) acogió este martes una jornada especial destinada a abordar el fenómeno de las agresiones en el entorno sanitario. El encuentro sirvió para constatar la existencia de un bloque común entre las distintas profesiones y las fuerzas políticas ante un problema que calificaron de estructural y cronificado. La sesión técnica se celebró en el marco del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que tiene lugar cada 12 de marzo.

El evento congregó a representantes de la Comisión de Sanidad del Congreso de los diputados, el Ministerio de Sanidad, interlocutores policiales y representantes de los consejos generales sanitarios. Los ponentes coincidieron en que la violencia hacia los sanitarios exige una respuesta integral que combine cambios legislativos con una mejora en la gestión de los recursos asistenciales.

Estrategias legislativas y consenso político

La mesa dedicada a las estrategias legislativas contó con la participación de los portavoces de los principales grupos parlamentarios. Raquel Murillo, directora general de A.M.A., moderó un debate donde se puso de relieve que la mayoría de los procedimientos judiciales concluyen en condena siempre que el profesional opte por la denuncia formal. Murillo valoró los instrumentos jurídicos actuales pero remarcó que la formación y la prevención resultan claves para reducir la vulnerabilidad en atención primaria y urgencias.

Desde el grupo parlamentario socialista, María Sainz defendió la importancia de contar con datos precisos para diseñar políticas eficaces. Sainz denunció que existe una escasa visibilidad de los recursos disponibles y un déficit informativo que impide a la ciudadanía comprender la gravedad del fenómeno. Según la portavoz del PSOE, esta falta de información afecta también a los propios trabajadores, quienes a menudo desconocen los circuitos de notificación.

Por su parte, Elvira Velasco, en representación del PP, reclamó el avance hacia un marco legislativo propio. Velasco recordó que su formación ya presentó una iniciativa en el Congreso para contar con una ley específica sobre violencia en el ámbito sanitario. La portavoz popular insistió en que proteger a los profesionales es una condición esencial para garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Alda Recas, portavoz de SUMAR, vinculó la reducción de las agresiones a una mejora directa de la gestión sanitaria. Recas afirmó que actuar sobre los tiempos de espera y la coordinación entre niveles asistenciales permite disminuir la conflictividad. La diputada apeló a la necesidad de recuperar la confianza social y reconstruir el vínculo entre el paciente y el profesional sanitario.

Finalmente, David García, desde VOX, alertó sobre la pérdida de respeto a la autoridad sanitaria. García señaló que las agresiones repetidas provocan que muchos profesionales abandonen sus puestos y reivindicó el papel de figuras como los celadores y vigilantes de seguridad, a los que definió como víctimas invisibles del sistema.

Vulnerabilidad en la farmacia comunitaria

La perspectiva interprofesional permitió analizar la incidencia de la violencia en ámbitos más allá del hospitalario. Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, explicó la exposición permanente que sufre la farmacia comunitaria. De la Plaza detalló que cada día acuden a las farmacias españolas 2,3 millones de personas, lo que sitúa a estos establecimientos en una posición de gran accesibilidad y, por tanto, riesgo.

El Observatorio de Agresiones del consejo farmacéutico contabilizó 140 incidentes durante el año 2025. Sin embargo, solo 20 de estos casos llegaron a denunciarse ante las autoridades competentes. La representante de los farmacéuticos identificó la negativa a dispensar medicamentos sin receta como uno de los principales motivos de conflicto. Del total de incidentes registrados por este colectivo, el 59 por ciento correspondió a delitos contra el patrimonio, mientras que se produjeron 60 agresiones verbales y 16 físicas.

Datos por categorías profesionales

La situación en otras ramas sanitarias también arrojó cifras preocupantes. Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, informó de que en 2024 se registraron 2.525 agresiones a enfermeras. Ayuso subrayó que el 77 por ciento de estos ataques fueron verbales. Los servicios de urgencias y las áreas de salud mental destacaron como los entornos de mayor riesgo para este colectivo.

Ayuso también puso el foco en la brecha existente entre los incidentes reales y las denuncias judiciales. El representante de enfermería estimó que, aunque el conjunto de profesiones superó las 8.000 o 9.000 agresiones anuales, apenas 400 fueron denunciadas oficialmente. Esta cifra evidencia la necesidad de fomentar el registro de cada incidente para conocer la dimensión real del problema.

Desde el sector de la fisioterapia, Montserrat Ruiz-Olivares presentó los resultados de una encuesta realizada en 2024 entre casi mil profesionales. Los datos indicaron que más del 60 por ciento de los participantes presenció o sufrió algún episodio violento en su lugar de trabajo. Ruiz-Olivares lamentó que solo el diez por ciento de estas situaciones se tramiten de forma oficial.

Elena Carrascosa Romero, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, defendió que la protección jurídica debe vincularse al acto sanitario con independencia de la titularidad del centro donde se realice. Carrascosa advirtió de la especial vulnerabilidad de los podólogos que trabajan de forma individual en consultas pequeñas.

Perspectiva institucional y salud mental

El Ministerio de Sanidad aportó la visión global a través de Juan Julián García, subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud. García reveló que el registro ministerial contabilizó 18.563 agresiones en 2025. Aunque consideró que la cifra se estabilizó, el subdirector reclamó herramientas más potentes para incentivar la denuncia, ya que los casos que llegan a los juzgados siguen siendo minoritarios.

El impacto psicológico de esta violencia fue analizado por Tomás Zapata, jefe de unidad de la oficina europea de la OMS. Zapata presentó el estudio 'MeND Survey', que vincula directamente la exposición a la violencia con el deterioro de la salud mental de los trabajadores. Según esta investigación, uno de cada tres médicos y enfermeras en Europa presenta síntomas de depresión. Los datos europeos reflejaron que el 15 por ciento de los profesionales sufrió violencia física y el 35 por ciento amenazas violentas.

En esta misma línea, José Santos, presidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas, advirtió de que las agresiones comprometen la calidad de la atención y aumentan el absentismo. Santos señaló que la mitad de los médicos europeos afirma haber presenciado situaciones de violencia durante su actividad profesional habitual.

Respuesta operativa y policial

La jornada concluyó con el análisis de los protocolos de actuación policial. Ángel Barca, interlocutor de la Guardia Civil, anunció que trabajan en sistemas para facilitar la interposición de denuncias de forma rápida desde los propios centros sanitarios. El objetivo es evitar que el profesional agredido deba desplazarse a las dependencias policiales, simplificando así el proceso burocrático.

Manuel Yanguas, interlocutor de la Policía Nacional, destacó que su labor se centra en la formación de los profesionales y estudiantes de salud. Yanguas insistió en que las 513 denuncias registradas por la policía en 2025 distan mucho de las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad, lo que refuerza la tesis de la infradenuncia estructural.

Para finalizar, el presidente de la OMC, Tomás Cobo, agradeció la disposición de los grupos parlamentarios para trabajar de forma coordinada. Cobo ofreció el conocimiento de la corporación y de Unión Profesional para construir soluciones compartidas que mejoren el marco jurídico y la protección de los trabajadores del sector. Por su parte, Alejandro Andreu, de la Fundación Mutual Médica, recordó la importancia de la prevención a través de la formación continua de los colegiados.