La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a entidades empresariales (también de farmacias), representando a cerca de un millón de empresas, ha asegurado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará en breve una sentencia que “podría obligar a las administraciones públicas a liquidar a los proveedores los intereses de demora devengados (unos 3.000 millones de euros), cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del RDL 4/2012 como condición si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas”.
Entre ellos, se incluyen las farmacias, que para acogerse al Plan de Pago a Proveedores, mecanismo de financiación puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para permitir el cobro de las facturas, tuvieron que renunciar a la reclamación de intereses (8%).
Tal como informó la Plataforma en rueda de prensa, está previsto que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie en breve sobre una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, para aclarar si la obligación a renunciar a los intereses impuesta por el RDL 4/2012 es acorde la Directiva 7/2011/CEE de lucha contra la morosidad. Una vez el TJUE se pronuncie, la decisión será vinculante y creará jurisprudencia, según apuntó el presidente de la Plataforma, Antonio Cañete.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: