La Agencia Española de Medicamentos (Aemps) investigó a lo largo de los últimos cuatro años un total de 1.100 páginas web de venta ilegal de medicamentos e instó al cierre de 340 de estas páginas. Así lo ha explicado el Ministerio de Sanidad en un comunicado en el que explica que la Aemps ha publicado una nueva edición de su Estrategia frente a medicamentos falsificados, que se hace cuatrienalmente desde 2008 y que se extenderá de 2016 a 2019.
En ese mismo periodo se realizaron en los laboratorios de la Aemps más de 3.000 ensayos en medicamentos ilegales, así como más de 10.000 controles a la importación de principios activos por parte de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno; unas 400 inspecciones por las comunidades autónomas para verificar el cumplimiento de buenas prácticas en la distribución; y un total de 72 alertas de medicamentos ilegales.
La nueva estrategia incluye las actuaciones para la puesta en marcha en 2019 de un sistema de seguridad para verificar la autenticidad e integridad de cada envase de medicamento antes de su dispensación a los pacientes. Con este objetivo se han puesto en marcha los preparativos necesarios para su implantación.
También cabe destacar, además de la continuidad de las actuaciones que se vienen realizando, el refuerzo que se da en esta nueva edición a las actuaciones de comunicación dirigidas a la concienciación ciudadana, en especial en relación con la venta ilegal de medicamentos a través de Internet, dado que ésta es la principal vía de acceso a medicamentos falsificados.
Sanidad también ha querido destacar la importancia de numerosas operaciones conjuntas desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las comunidades autónomas y la Aemps, como la Operación Pangea, en sus ediciones V, VI, VII y VIII, coordinadas por Interpol, con el objetivo de combatir la publicidad, venta y suministro ilegal de medicamentos, en particular los ilegales y falsificados a través de Internet.
Por otro lado, explican que los trabajos desarrollados con el Ministerio de Justicia han culminado con la reforma del Código Penal, aprobada en marzo de 2015, en lo que afecta a los artículos relacionados con delitos contra la salud pública, en especial con la falsificación de medicamentos. Como consecuencia de la misma se han incrementado las penas aplicables a estos delitos.
