El Gobierno de Asturias no quiere precipitarse a la hora de tomar la decisión definitiva de implantar las subastas de medicamentos en la región. A pesar de que el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, considera que “la bondad de la subasta parece clara”, también quiere ser cauteloso a la hora de avanzar en este asunto y ha asegurado que deben “realizar un análisis muy, muy, muy sosegado y participativo, en el que se valoren los pros y los contras, que también los tiene”. De este modo ha contestado a la pregunta que le ha realizado el diputado del PP Carlos J. Suárez, durante el pleno de la Junta General del Principado de Asturias celebrado este jueves.
Del Busto ha explicado que, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre, que consideró que las subastas no invadían competencias del Ministerio de Sanidad, iniciaron el estudio de la conveniencia de la implantación de este sistema. “A día de hoy, la implantación del sistema de subasta está siendo objeto de valoración por la Consejería de Sanidad y del Sespa (Servicio de Salud del Principado de Asturias) y fundamentalmente por los servicios jurídicos atendiendo al hecho de la validación de la constitucionalidad de la norma en la que se sustenta”, ha señalado el máximo responsable sanitario de la región.
Los desabastecimientos que se producen en el único sitio donde se aplican las subastas son conocidos por Del Busto ya que ha señalado que algunos de los “contras” de la subasta son el desabastecimiento y los problemas con adherencia al tratamiento vinculado al cambio de tratamientos, como “sucedió en algunos casos en Andalucía”, ha explicado. En este sentido, el portavoz popular le ha recordado que “actualmente 158 productos, el 30% de la subasta, está en desabastecimiento”.
Los cambios de la Ley no serán por las subastas
Por todo ello, el consejero también ha querido tranquilizar a todo el sector al explicar que la introducción de la modificación de la Ley 1/2007 de Ordenación y Atención Farmacéutica en el Plan Normativo del Principado y que daba a entender un inicio inminente de la introducción de las subastas, no tiene nada que ver con ellas. La modificación que se iniciará sobre esta ley es consecuencia de sentencias judiciales que afectan al artículo 15.5 de dicha norma, que afecta a la participación de mayores de 65 años en los concursos de farmacia.
En su intervención, el portavoz popular ha expuesto al consejero algunos de los problemas que, desde su punto de vista pueden traer acarreados las subastas, aunque ha recalcado que, en principio “este sistema no nos parece ni bueno ni malo en sí mismo. No es una cuestión ideológica. Sencillamente nos preocupan los aspectos polémicos con el único ejemplo que tenemos en España, que es el de Andalucía”.
Suárez ha considerado, no obstante, que “la subasta debe orientarse desde un pacto por la Sanidad a nivel nacional con la participación de todos los sectores, desde la administración, la industria, farmacia y usuarios” y ha advertido de los peligros de plantear el precio como el único elemento de decisión. En este sentido, ha puesto como ejemplo el concurso de agujas de insulina o de empresas de seguridad en la región en el que “solo empresas de seguridad muy dudosas con precios de saldo se pueden hacer cargo”.
El diputado popular ha planteado también sus dudas acerca de la calidad de los medicamentos, que producen posteriormente “quejas de los pacientes”. A esta afirmación, el consejero le ha explicado que la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad es quien avala la calidad de los medicamentos.
Riesgo de deslocalización industrial
Otro de los aspectos mencionados por Suárez ha sido la vertiente empresarial. Según ha explicado, la subasta puede dar lugar la “deslocalización de la industria nacional” puesto que solo “empresas de países como India o Eslovenia son capaces de llegar a precios tan bajos con el perjuicio que supone a la industria nacional”.
A la vista de todo, su conclusión ha sido clara: “Lo ahorrado sale caro para todos” puesto que “mientras que el ahorro de la administración es muy relativo, el coste para la farmacia, la industria y al final por los pacientes, es muy concreto”. En este sentido, explicó que “los que pagan los efectos son los pacientes, en forma de una deficiente calidad”.
Pues ya me parece una cuestión verdaderamente preocupante que se modifique la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica para que los farmacéuticos mayores de 65 puedan optar a los concursos de oficinas. Como si no hubiera cosas más importantes para desarrollar, como los servicios de farmacia sociosanitarios, que son obligatorios según RDL de 2012. La modificación de concursos de farmacias sólo afecta a las posibilidades económicas de farmacéuticos, y la regularización de los servicios farmacéuticos a la racionalización de gastos de toda la comunidad y minimización de problemas sanitarios de una población muy, muy vulnerable