Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad de UGT, ha atendido a Diariofarma a la salida del segundo juicio (previsto para hoy, 1 de junio) que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional en relación con el XXV Convenio de Farmacia, tras petición de la Dirección General de Empleo por no cumplir éste con los requisitos de legitimación, y ha confirmado la decisión del juez de dejar paralizado el proceso hasta que el Tribunal Supremo dicte su sentencia. En este sentido, cabe recordar que los sindicatos no participantes en la mesa negociadora habían acudido ante el máximo tribunal tras la primera resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que había dado la razón a UGT, FEFE y Fenofar, dando por válida la mesa constituida en julio de 2016.
"El juez nos ha dicho que hasta que no resuelva el Supremo no van a entrar a valorar el nuevo recurso. Para nosotros la cuestión sigue siendo la misma. La patronal y UGT nos sentamos y CCOO y el resto de sindicatos (UFT y Fetrafa) decidieron no asistir. Ponen en duda nuestra representatividad, pero no lo acreditaron en su momento y en la forma adecuada", señala Álvarez, que se niega a valorar si el convenio firmado con FEFE y Fenofar, que no ha sido publicado en el BOE por Empleo por dudas sobre la legitimación del sindicato para rubricarlo en solitario, atiende a los criterios marcados por la ley. "No vamos a discutir sobre la cuestión de la legitimación. Ellos tendrían que haberse presentado y no lo hicieron".
A día de hoy, la responsable de UGT en la negociación del convenio no se atreve a aventurar fechas con respecto a la resolución del Supremo, aunque recuerda que los trabajadores estarán "protegidos" gracias a la coincidencia entre lo que marca el laudo arbitral (subida salarial del 2%) y la que han firmado ellos con FEFE y Fenofar en un convenio que sigue sin ser oficial. No obstante, cabe recordar que, al margen del salario, el nuevo convenio implicaba un aumento de horas, abría la puerta a estudiar nuevas figuras contractuales y eliminaba la necesidad de instruir un expediente sancionador para la imposición de sanciones graves o muy graves (que incluye el despido) en aquellos centros de trabajo donde no exista representación sindical, entre otras cuestiones.
La opinión de la patronal
Luis de Palacio, secretario general de FEFE, que también ha asistido a la Audiencia Nacional en representación de la patronal, estima que la decisión del juez de suspender el juicio es "lógica, si se tienen en cuenta precedentes como los ocurridos con el RD 5/2000 y con las subastas, cuando la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional provocó la paralización de los juicios en las instancias inferiores".
Con respecto a la cuestión de fondo, que junto a la validez de la mesa constituida incluye la legitimación de UGT para firmar en solitario un convenio de aplicación general, De Palacio se pregunta que "cómo es posible que se dé por válida una mesa sactorial con minorías y que luego se le niegue la potestad para firmar un convenio sectorial". "Tendrían que habernos dicho que no era una mesa sectorial y, de esa forma, tendrían que haber cancelado el inicio de registro de negociaciones en la Dirección General de Empleo", opina.
La patronal también pide que se aclare con este proceso "cuáles son las consecuencias de los comportamientos que han tenido lugar durante la constitución de la mesa", en referencia a la ausencia de CCOO, UTF y Fetrafa el día que se había convocado. Y añade: "¿Lo pueden hacer sólo los sindicatos?, ¿lo puede hacer también la patronal". Para De Palacio, es fundamental salir de la situación de estancamiento actual con las "reglas de juego bien claras, ya que todo esto genera mucha inseguridad jurídica".