El Grupo Socialista en el Congreso de los Disputados ha registrado dos proposiciones no de ley idénticas, para su debate en las comisiones de Interior y Sandad, relacionadas con el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las comunidades autónomas a las personas reclusas. Concretamente, los socialistas piden una "negociación inmediata" entre el Ministerio del Interior, que es quien tiene actualmente las competencias en Prisiones, y las autonomías, "con el objeto de acordar las condiciones de financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de salud a la población reclusa".
Esta petición se corresponde, según se puede leer en el texto, con el hecho de que las comunidades autónomas se hayan visto "afectadas en materia sanitaria por importantes recortes del Gobierno central". Por eso, prosiguen, "hacer recaer en ellas este tipo de atención médica significa más dificultades y más déficit", y les parece "razonable que en seis meses se abra una negociación por parte del Gobierno con las CCAA para resolver la financiación de la atención sanitaria a las personas en prisión".
Esta propuesta no quita, en todo caso, para que la aspiración última del Grupo Socialista sea la del "traspaso de estas competencias a las autonomías, junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral a las CCAA, tal como estableció la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS".
Citan también, en este sentido, al requerimiento que hizo el Congreso de los Diputados al Gobierno, el pasado 15 de diciembre de 2016, cuando se le pedía "satisfacer los pagos debidos por la Administración Penitenciaria a las comunidades autónomas en materia de sanidad penitenciaria, poniendo fin de inmediato a la litigiosidad existente en este campo, y asegurar de manera inmediata, y según lo dispuesto en el Plan Estratégico para el Abordaje del virus C en España, la financiación necesaria para la erradicación del virus en la población reclusa".
Cinco años sin pagar
Y es que, según indica el Grupo Socialista en esta PNL, "el Ministerio del Interior lleva cinco años sin pagar la atención médica de los presos", siendo habitual que, desde 2012, año en el que comenzaron a no renovarse los convenios establecidos con los servicios de salud, "las cárceles devuelvan las facturas de las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos y consultas que emiten las CCAA". Y eso pese que, explican, la competencia corresponde al Ministerio del Interior según el Reglamento Penitenciario, aunque éste solo está asumiendo la Atención Primaria prestada dentro de las prisiones.
Según los socialistas, varias comunidades autónomas mantienen litigios abiertos con el Estado por este motivo, y citan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, condenando a la Administración Penitenciaria a hacerse cargo de las facturas giradas por el Servicio Balear de Salud, reconociendo que, según el citado Reglamento, es la Administración estatal la que tiene que asumir el coste de la atención que no presta por medios propios.
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: 
Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.: