El Consejo de Ministros aprueba el RDL que restituye la universalidad

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la aprobación, en Consejo de Ministros, del Real Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que se garantiza, dicen, el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el estado español, "permitiendo la asistencia normalizada a los colectivos que quedaron excluidos con el RDL 16/2012 aprobado y ejecutado por el gobierno del PP".

De esta forma, indican, la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. Concretamente, el RDL reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

Además, las personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo son los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos. En cuanto a los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España, tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

No obstante, indican, "para no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que no exista "obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables, no se exporte el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia, y no exista un tercero obligado al pago". "En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos", aclaran desde Sanidad.

Certificación de las CCAA

Sanidad también aclara que serán las comunidades autónomas las que fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial. Cuando no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las CCAA.

“Lo esencial de esta norma”, ha afirmado la ministra, “y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás”. Desde el Ministerio también consideran importante su aportación a la coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las CCAA. "El nuevo RDL acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron", precisan.

En cuanto a los costes, y como ya habían dicho en ocasiones anteriores, la aplicación de la norma no tendrá un impacto negativo para las arcas públicas, ya que, aseguran, "la atención normalizada en Atención Primaria permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública, y evita descompensaciones en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones. Por ello, además de la ganancia en salud individual y colectiva, es menos gravoso para el sistema sanitario".