El Consejo de Gobierno del País Vasco ha acordado la autorización de la cesión, por parte del Ayuntamiento de Galdácano, de un espacio para ubicar una Unidad de Farmacia Sociosanitaria. Esta unidad se encargará de la preparación y suministro de la medicación en dosis personalizadas a 120 residencias de Euskadi, todas las públicas y las privadas de 100 o más camas, con un total de 12.464 plazas.
La implantación de dicha Unidad de Farmacia Sociosanitaria contará con un edificio de 1.038 metros cuadrados y un terreno adyacente con una superficie de 1.848 metros cuadrados y estará ubicada en el entorno del Hospital de Galdakao. Según explica el propio gobierno vasco, “será un proyecto innovador cuyo objetivo es el desarrollo de una Atención Farmacéutica de calidad en todas las residencias vascas”. En esta unidad se crearán 7 puestos de trabajo para gestionar la preparación y suministro de medicamentos a las residencias. Euskadi cuenta con cerca de 300 residencias para personas mayores y la Unidad de Farmacia Sociosanitaria preparará y suministrará la medicación en dosis personalizadas a 120, aquellas públicas o privadas de 100 o más camas.
La creación de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria está estrechamente ligada a la aprobación en febrero del decreto que regula los requisitos para la instalación y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las en las residencias de titularidad pública y privada.
El sistema previsto en el decreto supone que cada centro tendrá su servicio de farmacia o depósito de medicamentos.
Tanto con el decreto como con la creación de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria se pretende aumentar la seguridad y la eficiencia de la prestación farmacéutica en el ámbito de las personas en residencias así como la mejora de la calidad en la atención farmacéutica.
También mejorará la eficiencia porque con la implementación de los nuevos procesos de suministros y preparación de la medicación en un sistema de compra centralizada de acuerdo a una Guía Farmacoterapéutica común va a permitir un ahorro anual de 2,5 millones de euros al Gobierno Vasco.