“A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas”. Así reza el documento ‘Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19, indicadores de seguimiento’ que el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas ha aprobado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial.
De este modo, el Ejecutivo cambia la postura que había mantenido hasta el momento y prevé la realización de test PCR a los casos sospechosos con el objetivo de paralizar la expansión del virus. Según este documento, “e considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
El documento forma parte del plan consensuado para para ampliar la capacidad de detección precoz de cualquier caso de infección activa que pueda transmitir la enfermedad del covid-19. Para conseguirlo, “será imprescindible reforzar la capacidad de detección a través de la Atención Primaria, mediante pruebas PCR u otras técnicas equivalentes de diagnóstico y que los centros de salud realicen una labor de vigilancia e identificación de todos los contactos estrechos”.
Además, se establece que la la monitorización en la fase de transición exige sistemas de información epidemiológica que proporcionen información diaria para la toma de decisiones y que se haga “con un nivel de desagregación y detalle adecuado, para garantizar una capacidad de reacción rápida que lleve a la adopción de las medidas de control”. Se supone, aunque no lo indique expresamente, que será como mínimo a nivel provincial y, al menos al nivel geográfico que las comunidades autónomas propongan como alternativa a este para dirigir la estrategia de desescalada.
El documento acordado señala que “los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener diariamente la información sobre los casos sospechosos y confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención” y, en el caso de los confirmados, “serán de declaración obligatoria urgente”.
El documento también establece el protocolo de manejo de casos de covid-19 en función de si requieren o no hospitalización o si se encuentran en centros sociosanitarios, penitenciarios u otras instituciones cerradas.
Estudio de los contactos
Con respecto al estudio y manejo de los contactos, se establece el estudio y seguimiento de los contactos estrechos, con el objetivo de “realizar un diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático”.
A este respecto, se clasifica como contacto estrecho a cualquier persona que haya proporcionado cuidados si no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de dos metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos; en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos que hubieran tenido lugar dos días antes del inicio de los síntomas hasta el momento de su aislamiento. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde dos días antes de la fecha de diagnóstico. Además, cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada CCAA.
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: 
Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.: