El Gobierno está dispuesto a ceder a las comunidades autónomas poder de decisión en los procesos de desescalada del confinamiento a consecuencia del covid-19. Esta decisión se produce tras las exigencias de muchos de los presidentes regionales que en los últimos tiempos habían criticado al Ejecutivo por no participar en las decisiones.
En una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este domingo, el Ejecutivo admite que el proceso “de desescalada gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas” anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada y que iba a ser llevado a cabo de forma provincial, pueda tener como elementos de decisión áreas territoriales diferentes a la provincia.
De este modo, según la orden publicada, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla “podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de desescalada en sus territorios de acuerdo al esquema orientativo previsto en el citado Plan, así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases. Asimismo, aunque la unidad territorial de referencia que se fija es la provincia, la isla o la ciudad autónoma, podrán proponerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto”. Estas propuestas serán remitidas al Ministerio de Sanidad antes del 6 de mayo a las 14 horas.
Las propuestas de las comunidades autónomas deberán tener, al menos, un análisis introductorio sobre la fase en la que en ese momento se encuentra el territorio respecto del que se realiza la propuesta y la fase de desescalada a la que se propone transitar mediante la adopción de las medidas incluidas en la propuesta; la descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor y un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población.
Recursos de vigilancia y asistencia
En lo que se refiere a las capacidades estratégicas que deben estar preparadas para el proceso de desescalada, de las que deben informar las CCAA destacan los sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, así los mecanismos para garantizar las medidas de protección para reducir el riesgo de transmisión.
Además, la orden cifra las condiciones en términos de camas para enfermos agudos y de cuidados intensivos a instalar en un plazo máximo de cinco días para su despliegue en caso necesario. El texto indica que para la toma en consideración de la propuesta disponer o tener acceso o capacidad de instalar, en un plazo máximo de cinco días, entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y entre 37 y 40 camas (sin que se especifiquen las razones para estos rangos) para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Se supone que eso se refiere a camas nuevas destinadas a enfermos de covid-19. Eso supondría para Madrid un mínimo de 24.654 camas nuevas, 18 veces el hospital de Ifema. Si, por el contrario, se refiere al total de camas disponibles, Madrid tendría que incrementar su número de camas, de acuerdo a la última estadística oficial del Ministerio de Sanidad, con datos de 2017, en 11.800. Para toda España habría que instalar 63.398 camas nuevas.
Además, el Gobierno establece como “requisito indispensable” que la comunidad autónoma “siga dando cumplimiento efectivo, puntual y con la debida calidad a las obligaciones de remisión de información” y, en particular, la información prevista en el anexo I de la Orden SND/234/2020.
El Ministerio de Sanidad estudiará las propuestas realizadas junto a las comunidades autónomas y el resto de ministerios competentes. En caso de que alguna comunidad o ciudad autónoma no remitiese al Ministerio de Sanidad ninguna propuesta sobre las medidas a aplicar en cada fase de desescalada, este podrá presentar a la comunidad o ciudad autónoma una iniciativa a partir de la cual se llevarían a cabo las actuaciones.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: