La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) apoya la decisión anunciada por la Comunidad de Madrid de recurrir al Tribunal Constitucional el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), si este se llegara a aprobar en el Congreso, donde actualmente debe iniciar su tramitación.
La Comunidad de Madrid, a través de sus consejeros de Presidencia, Justicia e Interior, y de Sanidad ha asegurado que recurrirá la citada norma, al considerarla una intromisión del Gobierno central en sus competencias. En concreto, tal y como han señalado los consejeros, el Estatuto de Autonomía de Madrid establece como competencias la gestión del sistema de salud. En este sentido, la ACHPM, “comparte la posición del Ejecutivo autonómico, que como ocurre en todas las CCAA, hasta ahora ha combinado gestión pública y privada para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos”.
A juicio de esta entidad, el cambio legislativo propuesto “puede llevar al colapso del SNS”. En ese sentido, asegura, “los afectados serán principalmente los pacientes, quienes deben conocer la situación que se puede originar si se llega a implementar este proyecto como ley”.
Según sus cálculos, sólo en Madrid, “más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos”. En la Comunidad de Madrid, con casi siete millones de habitantes, la sanidad pública y privada suman 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas y 680 quirófanos. Si se extraen los recursos de la sanidad privada, se restarían 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos. Unos recursos que asumen, en la actualidad, el 31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas.
Por otro lado, recuerdan que la colaboración pública privada “ha sido indispensable en todas las CC AA desde que éstas asumieron las competencias sanitarias, y se ha mejorado a lo largo de los años”.
Igualmente, critican que las posibles excepciones al Proyecto de Ley tengan que ser validadas por el Consejo Interterritorial del SNS, “que se trata de un órgano consultivo, sin capacidad ejecutiva. Por tanto, cuando una Comunidad plantee una excepción, sólo se generará bronca política”.
Por último hacen un llamamiento a “despolitizar la sanidad” y aseguran que “la única meta de cuantos trabajamos en ella, tanto en el sector público como en el privado, es la mejor atención a los pacientes”.
Nicolas Gonzalez Casares: