Política

La Aemps rechaza entregar al TSJB los contratos de las vacunas covid por motivos de confidencialidad

La Agencia se ampara en que dichos documentos forman parte de los Acuerdos de Adquisición Anticipa de la UE y son por tanto confidenciales
Fachada de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

La asociación Liberum ha denunciado este lunes que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), no ha entregado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) los contratos firmados y suscritos por el Gobierno de España con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Jansen, dentro de los acuerdos de compra que la Unión Europea firmó con estas compañías para la adquisición de vacunas frente al Covid.

Según explica esta entidad a través de una nota, estos contratos fueron requeridos por el TSJB el pasado 28 de julio, dando al regulador español un plazo de 10 días para que hiciera efectiva dicha petición.

La entidad denuncia que “lejos de obedecer el auto judicial, responde al oficio manifestando que, Los contratos a los que se hace mención están sujetos a confidencialidad” y que por tanto "se niegan a aportarlos al procedimiento judicial”.

Dichos acuerdos, que forman parte de los Acuerdos de Adquisición Anticipada que llevó a cabo la Comisión Europa y los países incluidos en los mismos, sólo han sido dados a conocer, tanto por el organismo europeo, como por los diversos ejecutivos, de forma parcial, ocultándose detalles como el coste de cada dosis y el coste de venta entre otros.

La Aemps, en su escrito de respeta indica, entre otras cuestiones que “la divulgación de estos contratos por parte del Estado español supondría una quiebra de dicha confidencialidad”.

Liberum ha solicitado dichos contratos para descartar la posibilidad de que en ellos se hubiera acordado el compromiso del Estado para aprobar un mecanismo que forzara a las vacunaciones.

La asociación, ante la respuesta de la Aemps ha registrado un nuevo escrito en el que reitera la petición y en el que recuerda que la petición es firme, ya que ni los servicios jurídicos de la Comunidad ni los del Ministerio han recurrido la misma.

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